Leire Díez, a Stampa: «Me pone el PSOE para saber qué hay detrás de los informes policiales»
La denuncia del fiscal apunta a Sánchez: «Cuando imputaron a Begoña dio orden de limpiar sin límite»

Extracto de la denuncia del fiscal Ignacio Stampa.
Leire Díez se presentó ante Ignacio Stampa como la persona elegida por el PSOE para fiscalizar las malas praxis judiciales. El fiscal denunció que la denominada fontanera socialista y el empresario Javier Pérez Dolset le pidieron información sobre supuestas «irregularidades» en los informes policiales incluidos en los procesos judiciales que afectan al partido. El miembro del Ministerio Público también apuntó directamente al presidente del Gobierno tras verse con ambos interlocutores. Sostiene que las maniobras atienden a una instrucción de Pedro Sánchez, que tras la imputación de su esposa en abril del año pasado dio «orden de limpiar, sin límite».
Stampa remitió por correo electrónico el pasado 4 de junio una denuncia a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. En su escrito relataba con todo lujo de detalles la reunión de más de tres horas que mantuvo el 7 de mayo con Díaz y Pérez Dolset. Según le informaron estos, iba a asistir el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, algo que no se produjo.
Como avanzó este diario, el dirigente navarro pidió ayuda a la denominada fontanera tras escuchar unos audios contra Sánchez los días de reflexión que se tomó en abril del año pasado, tras la imputación de Begoña Gómez. La primera reunión se produjo el 25 de abril de 2024. El PSOE se encontraba todavía en shock por la «carta a la ciudadanía» que había publicado Sánchez en su perfil de X el día antes. Leire Díez y sus acompañantes insistieron a Santos Cerdán en que Sánchez estaba siendo extorsionado.
La fontanera del PSOE
«A pesar de mi perplejidad por las funciones o cargos que desempeñan las concretas personas citadas, y con el fin de conocer sus verdaderas intenciones, se concertó una reunión para el 7 de mayo en una oficina de la persona que me trasladó el citado interés», reconoce Stampa en la comunicación que envió a su superiora. Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público pidió que se investigaran los hechos en los juzgados madrileños por un presunto intento de soborno a dos fiscales, Stampa y José Grinda, que también denunció.
Stampa relata que sus sospechas «me llevaron a garantizar (…) la constancia documentada del contenido íntegro de dicha reunión, sospechas que se fueron confirmando y ampliando cuando no acudió Cerdán». Díez excusó su ausencia afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera. «A mi pregunta inmediata sobre quién era ella, contestó que se trataba de un encuentro en la más estricta confidencialidad y que ella era la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto», subraya la denuncia de Stampa a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El fiscal requirió entonces a su interlocutora que «detrás de qué». Según la versión de Stampa, Leire Díez contestó: «De las irregularidades en informes policiales y de los fiscales Anticorrupción». La denuncia del miembro del Ministerio Público está incorporada a la investigación que ha abierto el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, contra la denominada fontanera del PSOE, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras la querella de Hazte Oír.
«La reunión duró más de tres horas y, durante todo ese tiempo, pretendieron demostrar tener un conocimiento profundo de diversos sumarios de interés para el Gobierno y que vienen siendo noticia en prensa desde los últimos meses e incluso años», señaló Stampa en su escrito a Lastra. El fiscal asegura en él que alguno de esos asuntos, como el caso Hidrocarburos o el caso Begoña Gómez, le eran «absolutamente ajenos».
Sánchez ordena «limpiar»
Stampa subraya que sus interlocutores también intentaron sacarle información sobre su compañero Grinda «o algún comentario que le desprestigiara mientras me hablaban de algunas intervenciones suyas y, con especial saña y mal gusto, de otras supuestas y sórdidas actuaciones personales». En su opinión, Díez y sus acompañantes pretendían usarle de «cebo».
Cuando Stampa preguntó los motivo que les llevaron a reunirse con él, asegura que Pérez Dolset le expresó que «cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), Leire le llamó porque el presidente (Sánchez) había dado orden de limpiar sin límite» y que «la situación hay que revertirla caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente».
Los socialistas se han desmarcado de las operaciones de Díez y han anunciado demandas contra quienes traten de «deslegitimar gobiernos legítimos progresistas». La denominada fontanera del PSOE entregó el pasado junio en Ferraz un pendrive con 224 gigabytes con 51 carpetas que incluían datos sensibles de jueces, fiscales y periodistas. El partido lo entregó dos días más tarde a la Fiscalía. La exmilitante socialista señaló en RNE que la memoria solo contiene «información» y que buena parte de ella «probablemente» se encuentre en sumarios judiciales en los que estaría personado el partido.
Las prácticas de Díez y Pérez Dolset salieron a la luz después que El Confidencial desvelara que se habían reunido en febrero con Alejandro Hamlym. En un audio publicado por THE OBJECTIVE, la fontanera del PSOE promete favores al empresario investigado en la Audiencia Nacional por un fraude millonario a cambio de información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, al frente de las pesquisas contra la esposa y el hermano de Sánchez.
Díez también se reunió en al menos dos ocasiones con el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, para ofrecerle un ascenso. «Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para atacar a la UCO», le reconoció la fontanera del PSOE. Como avanzó El Mundo, los encuentros habrían servido para pedirle información comprometedora de los «elementos subversivos» del cuerpo armado a cambio de dispensarle protección judicial y gestionar su rehabilitación. Con las pruebas obtenidas se habría intentado «invalidar» las causas judiciales que cercan al Gobierno.