El juez pide a EEUU datos de X por la causa contra Alvise por difundir una PCR falsa de Illa

El magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández ha acordado enviar una solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos para recabar datos de la red social ‘X’, antes conocida como Twitter, en el marco de la causa contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación con la difusión de una prueba de Covid falsa del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021.

El instructor ha actuado a petición de la Fiscalía, que reclamó que se solicitara el auxilio a Estados Unidos de cara a conseguir los datos alojados de la mencionada red social, toda vez que es en ese país donde estarían almacenados. Según consta en el auto, recogido por Europa Press, el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona –donde nació este procedimiento– pidió ayuda judicial con anterioridad a Irlanda para hacerse con los datos que alberga ‘X’.

Hernández considera que la medida es «oportuna, pertinente y proporcional», porque permite recabar «información relevante sobre las condiciones personales y temporales en las que se activaron los canales de divulgación de contenidos y documentos que se reputan falsos e injuriosos».

En el marco de la resolución, y «a la vista del estado de la causa y del tiempo que se estima necesario para la tramitación y ejecución de la solicitud» enviada a Estados Unidos, el magistrado ha acordado también prorrogar el plazo de investigación seis meses más «a contar desde el 17 de noviembre».

En esta causa, aún está pendiente que el Parlamento Europeo dé su autorización al Supremo para la imputación formal de ‘Alvise’, quien goza de inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputado. No obstante, el dirigente ya prestó declaración voluntaria ante el tribunal por este procedimiento.

‘Alvise’ se desmarcó de la creación de la PCR falsa que difundió en 2021 al asegurar que era «un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales». En declaraciones a la prensa a la salida de su comparecencia ante el magistrado, el eurodiputado aseguró que había dado «las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o injuria hacia el señor Illa».

Un tuit de febrero de 2021

Fue el pasado abril cuando el Supremo abrió causa a ‘Alvise’ al apreciar «múltiples» indicios fundados de presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias por la difusión de una PCR falsa de Illa.

El asunto llegó al alto tribunal después de que en 2021 el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona recibiera una querella de la Fiscalía. El septiembre de 2024, se envió el caso al Supremo, toda vez que ‘Alvise’ goza de la condición de aforado por ser eurodiputado. Pero por defectos formales el tribunal reenvió el procedimiento a Barcelona, lo que ralentizó la decisión que finalmente ha trascendido este viernes.

Los hechos que se investigan se remontan al 11 de febrero de 2021, cuando ‘Alvise’ publicó un tuit durante la campaña electoral a las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado entre los candidatos, entre los que se encontraba Illa.

El eurodiputado publicó en su cuenta un texto que decía: «Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente… la segunda». El mensaje iba acompañado de la fotografía de un documento que simulaba un informe clínico fechado unos días antes, en el que se hacía constar el resultado «positivo» de una PCR a nombre de Illa.

La Fiscalía defiende que dicho documento es totalmente falso y que lo habría confeccionado ‘Alvise’ con ánimo de perjudicar a Illa y al PSC. Y pese a que señala que aún hay «diligencias pendientes de comprobación», considera que aunque «se trata de un retuit sin relación con el autor del original» seguiría siendo posible investigarle cuando menos por un delito de utilización de un documento falso e injurias.

Cabe recordar que el Supremo tiene cuatro causas abiertas contra ‘Alvise’. Además de esta, cuenta con otra por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias ‘CryptoSpain’, para las elecciones europeas de 2024; otra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.