Una querella de Cayetano Martínez de Irujo pone en aprietos a la Federación de Hípica

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal presentada por Cayetano Martínez de Irujo e Ignacio Ridruejo contra varios responsables del proceso electoral de la Real Federación Hípica Española (RFHE) y del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), entre los que se encuentran sus presidentes, Javier Revuelta del Peral y Francisco de Miguel Pajuelo, en calidad de querellados.

El auto, dictado el 1 de octubre por el magistrado Juan Carlos Peinado, ordena la apertura de diligencias previas y fija el 2 de enero de 2026 para la declaración de los querellantes, con la que se iniciará formalmente la instrucción del caso.

La querella, avanzada por Onda Cero y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, atribuye a los implicados delitos de prevaricación administrativa, fraude electoral y falsedad documental, mientras el magistrado en su auto refiere de momento la admisión a «la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa».

El escrito acusatorio, presentado en julio, describe un entramado de irregularidades jurídicas y administrativas que habrían desnaturalizado el proceso electoral de la RFHE de 2024 y vulnerarían los derechos de representación de numerosos clubes y candidatos.

Según el escrito de la acusación, la Junta Electoral y el TAD dictaron resoluciones que serían contrarias a derecho, como la exclusión de 181 clubes del censo electoral (el 38,6% de la representación), la validación de votos por correo supuestamente fuera de plazo y la inadmisión de recursos legítimos, en contradicción con precedentes tanto del propio TAD como del Tribunal Supremo, como el caso del que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante casi 30 años, Angel María Villar. Por su parte, Revuelta ya avanza hacia los 24 años de mandato inmerso en una crisis sin precedentes, deportiva y judicial.

Principales hechos denunciados en la querella

• Exclusión que consideran ilegal de clubes electores, contraviniendo el reglamento aprobado por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Además, apuntan a informes externos que advertían de la imposibilidad de alterar el censo por vía de impugnación y una resolución del propio TAD que «confirmó la ilegalidad de la exclusión, permitiendo votar a 9 clubes y manteniendo la exclusión arbitraria del resto».
• Manipulación de voto por correo, con la validación de votos presuntamente fuera de plazo y dudas sobre la autenticidad de determinadas actas.

• Falta de transparencia en el escrutinio. Acusan a la Junta Electoral de dictar resoluciones contrarias al reglamento, validando o anulando votos en función del desarrollo del recuento. 
• Inadmisión arbitraria de recursos por parte del TAD, presidido por el letrado de la Seguridad Social y acusado en esta causa, Francisco de Miguel Pajuelo. La parte querellante solicita también en su escrito acusatorio que se incluya como querellados a los miembros del Tribunal que apoyaron las resoluciones bajo investigación judicial.

El resto de querellados

Entre los querellados figuran tanto los miembros de la Junta Electoral, designada por la Comisión Delegada de la RFHE, como los responsables de adoptar las decisiones que se consideran irregulares.

Miembros de la Junta Electoral de la RFHE:

• Íñigo Sánchez-Castresana, presidente
• Karolina Piekvtowska, secretaria
• Alba Rivero Quesada, vocal

Además, figuran Juan de Heredia Díaz del Riguero, presidente de la Mesa Electoral de la RFHE y el interventor Javier de Wit Tortajada, contratado nada más terminar el proceso electoral como director de comunicación de la federación ecuestre.

A todos los acusados se les atribuye responsabilidad por su intervención y decisiones durante el proceso electoral federativo, y la acusación principal por la que el juez admite la querella es la prevaricación administrativa, sin perjuicio de que la investigación pueda abordar otros posibles delitos que aparecen en la querella como fraude electoral y falsedad documental según el desarrollo de la instrucción.

El alcance del caso y el papel del CSD

Como otras elecciones federativas, el proceso de la RFHE se encuentra judicializado, con siete procedimientos contencioso-administrativos en los que ya se ha invocado la prejudicialidad penal tras notificarse la apertura de diligencias previas. THE OBJECTIVE ha accedido al auto y a los escritos de parte, lo que permite conocer en detalle las actuaciones penales en curso.

El alcance institucional del caso es relevante, ya que se abren diligencias previas contra el presidente del órgano encargado de velar por la legalidad electoral de las federaciones deportivas españolas, el Tribunal Administrativo del Deporte adscrito al CSD, organismo que, tal y como informamos en su momento, fue puntualmente advertido de todo lo que estaba ocurriendo, incluso en la persona de su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, quien de momento tampoco intercedido con éxito en la crisis con nuestros deportistas de élite, siendo acusado de ponerse de perfil.

Las diligencias ordenadas por el magistrado Juan Carlos Peinado comenzarán el próximo mes de enero, en un procedimiento que podría marcar un antes y un después en la responsabilidad institucional dentro del sistema deportivo estatal. 

Si el presidente y otros miembros del TAD tienen que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados, con su reputación y futuro profesional en juego, la imagen pasaría a la historia de una justicia deportiva cada día más cuestionada y volvería a poner muy en entredicho el papel de un CSD incapaz, casi tres años después, de cumplir con su obligación de desarrollar el reglamento sancionador de la nueva Ley del Deporte.