La Fiscalía 'salva' a un alto cargo del Gobierno investigado por retirar una licencia de fuel
El Ministerio Público pide archivar la causa contra Cabo al no apreciar indicios de prevaricación administrativa
José Luis Cabo durante su declaración el 24 de octubre del año pasado.
Biomar ha topado con la Fiscalía. El Ministerio Público ha pedido archivar la causa contra el subdirector general de Hidrocarburos, José Luis Cabo, al no apreciar indicios de prevaricación administrativa. La operadora se querelló contra el alto cargo del Gobierno en junio del año pasado, tras perder la licencia por no registrar en tiempo y forma los certificados que acreditan que el 10,5% del carburante que vendía era de origen verde. El dirigente declaró hace un año ante la juez que los datos habían desaparecido de la plataforma Sicbios por «un problema informático» y que se había limitado a firmar el oficio de inhabilitación. La empresa acumuló una deuda de 200 millones de euros y entró en concurso de acreedores.
En un escrito del pasado 25 de marzo al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Fiscalía defiende el sobreseimiento provisional y archivo de la causa «al no desprenderse de lo actuado indicios de un delito de prevaricación administrativa». El Ministerio Público sostiene que a pesar de que Cabo fue denunciado, no fue el funcionario que dictó la resolución administrativa que impuso el pago compensatorio que condenó a Biomar, «por lo que no puede ser sujeto activo de dicho delito».
«El pago compensatorio impuesto a Biomar no obedeció a una decisión subjetiva o caprichosa de una autoridad o funcionario público, sino que nació del hecho objetivo de que Biomar no presentó los certificados de ventas de hidrocarburos que la Administración le exigía para acreditar que había alcanzado los objetivos de ventas impuestos, cuyo incumplimiento conllevaba por imperativo legal (…) el pago compensatorio, cuya cuantía tampoco obedece a una decisión subjetiva de una persona, sino que viene reglada legalmente», insiste la Fiscalía.
Prevaricación administrativa
En contra de la versión del Ministerio Público, y como ya indicaba la querella que llevó a la imputación de Cabo, fuentes de Biomar sostienen que la compañía cumplió escrupulosa y estrictamente con la subida de los certificados a Sicbios. El subdirector de Hidrocarburos ya reconoció en su declaración ante la juez que la plataforma del Ministerio había sufrido problemas informáticos y que los certificados de Biomar habían desparecido, por lo que la empresa recibió apenas 48 horas para subir todos los certificados del año anterior. Algo que fue técnicamente imposible por la escasez del plazo otorgado, según las mismas fuentes de la compañía.
La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, investiga desde agosto del año pasado si el Ministerio de Transición Ecológica retiró a Biomar la licencia como operadora de hidrocarburos de forma negligente. La empresa se querelló contra el departamento que entonces dirigía Teresa Ribera tras solicitar en varias ocasiones los certificados de biocarburantes que permiten seguir operando. Los datos desaparecieron de la plataforma Sicbios hasta en dos ocasiones.
La querella se registró contra Cabo, que continúa en el mismo puesto en el departamento que ahora lidera Sara Aagesen. Biomar le acusa de un delito de prevaricación administrativa. La empresa fue inhabilitada en junio y perdió la licencia de hidrocarburos en octubre. Lo hizo tras no registrar en tiempo y forma los certificados de biocarburantes, que acreditan que el 10,5% del carburante que se vende es de origen verde (aceites de cocina usados, cultivos agrícolas, grasa de cerdo…).
La ley contempla una excepción para aquellas empresas que no han podido cumplir o acreditar ese porcentaje. En su lugar, pueden realizar un pago compensatorio de 1.623 euros por cada certificado no aportado. Biomar acumuló una deuda superior a los 200 millones de euros que le condenó al concurso de acreedores. El Gobierno endureció la normativa a finales de 2023 para poner coto al fraude, que se había disparado en el sector. La Guardia Civil ha investigado una decena de casos en los últimos años.
La licencia de Villafuel
La empresa afectada requirió el pasado 10 de abril a Jerez que adoptara medidas cautelares para dejar sin efecto el proceso de suspensión de pagos al que se enfrenta. «Biomar solicita al amparo del artículo 520 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) que el juez de instrucción solicite al juez que conoce del concurso de acreedores que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid que retenga el pago del crédito que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene reconocido en dicho concurso», reclamaron los querellantes.
La Fiscalía se opone a la petición porque, en su opinión, los hechos denunciados no revisten indicios de un delito de prevaricación administrativa. «En el presente caso, Biomar es el deudor en el procedimiento concursal y el crédito cuya retención solicita deriva de un incumplimiento para con la Administración», sostiene el Ministerio Público. E insiste: «De acreditarse indicios de un delito de prevaricación, tampoco concurrirían los presupuestos del artículo 520 del TRLC porque este precepto precisa para su adopción que el procedimiento penal se dirija contra un acreedor del concurso o el procedimiento penal pueda influir en el concursal».
El escrito alega que el crédito que el Ministerio tiene reconocido en el concurso de acreedores no fue recurrido por la operadora de hidrocarburos en vía administrativa ni en vía contenciosa. «Lo que Biomar tiene recurrido en vía contencioso-administrativa es la resolución de 31 de mayo del 2024 de la Secretaría de Estado de Energía que impuso el pago compensatorio por no haber presentado los certificados, pero no el crédito», explica la Fiscalía.
La hipótesis de Biomar es que Sicbios eliminó los datos, pero el Ministerio argumenta que se trató de un error informático, por lo que prorrogó el plazo 48 horas. Sin embargo, la información volvió a desaparecer. La compañía acusa directamente a Cabo, que fue el encargado de firmar el oficio que la inhabilitó. Durante su declaración judicial, el 24 de octubre del año pasado, se desvinculó de lo ocurrido y aseguró que rubricó otros 73 oficios que dejó sin autorización al mismo número de operadoras de hidrocarburos.
Ese día también declaró Juan Antonio Molina en representación de Biomar. El querellante se quejó de que la compañía se encuentra en concurso de acreedores tras «una decisión injusta» de Cabo. Como subdirector de Hidrocarburos, fue la persona que firmó la comunicación que concedió la licencia a Villafuel, la empresa con la que Víctor Aldama y Claudio Rivas habrían realizado un presunto fraude de 231 millones de euros.