El Gobierno acelera la ley que deja en manos de la Fiscalía las investigaciones pese a las críticas

El Gobierno prevé una revolución en la Justicia. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto para reformar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que ahora remitirá a las Cortes. El texto supone el mayor cambio del proceso penal hasta la fecha, ya que la instrucción de las causas penales pasará de jueces a fiscales. A pesar de que se trata de una reivindicación histórica de las asociaciones profesionales, la reforma se produce sin su visto bueno. En su opinión, antes es necesario realizar una reforma estructural del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que no incluye, por ejemplo, la opción de destituir a su máximo responsable cuando este sea imputado, como ocurre ahora con Álvaro García Ortiz.

El texto que el Gobierno remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria implica que las investigaciones penales dependan de la Fiscalía. Estima que entre en vigor en enero de 2028. Este modelo está funcionando en la mayoría de los países de la UE y en España ya lo hace para las cuestiones que atañen a la Fiscalía Europea y para los delitos cometidos por menores de edad. Se trata de una reclamación histórica de las asociaciones, aunque la mayoría descarta que se realice en este momento. En su opinión, antes de reformar la LECrim serían necesarios otros cambios en el EOMF.

La mayoría de las organizaciones profesionales ya reclamaron en mayo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que retirara el proyecto ahora aprobado. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han mostrado especialmente críticos con la decisión de reformar la LECrim para que sean los fiscales quienes asuman las investigaciones penales.

El mandato del fiscal general

Todas ellas exigen que se prioricen los cambios en el EOMF para construir una normativa que «dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal». APIF, que ejerce la acusación popular contra García Ortiz en el juicio por revelación de secretos al que se enfrentará en noviembre, destaca la necesidad de articular un mecanismo para que en casos como este se pueda relevar al fiscal general.

Bolaños ha calificado como «histórica» la aprobación del proyecto de la ley que deja la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales: «Ha tenido que pasar 12 Papas, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia». El dirigente socialista ya aseguró el pasado jueves que la nueva LECrim persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que «los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía». En su opinión, se trata de «una reforma también necesaria y más garantista».

El proyecto aprobado incluye una reforma del EOMF que desvincula el mandato del fiscal general de la legislatura. Su mandato pasa, por tanto, de cuatro a cinco años, aunque para la mayoría de asociaciones es un cambio «insuficiente». También propone limitar la figura de la acusación popular, que ya no podrá ser ejercida por partidos políticos ni sindicatos; se restringe a entidades que tengan un «vínculo legítimo» con la causa. De haber estado ya en vigor, esa fórmula habría imposibilitado investigaciones como las de la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, pero también el caso Koldo y sus derivadas.

Bolaños pretende que la reforma se realice mediante ley orgánica, por lo que sus nuevas siglas serán LOECrim. De salir adelante, supondrá un vuelvo en los procedimientos penales tal y como se conocen hasta ahora, ya que la actual LECrim data de 1882, aunque se ha reformado de forma parcial decenas de ocasiones para acondicionarla a los tiempos. El nuevo texto comenzó a fraguarse hace dos décadas, pero hasta ahora ningún Gobierno había enviado el proyecto al Congreso.

Sin aportaciones de las asociaciones

La mayoría de asociaciones de fiscales critica que el Gobierno no les haya escuchado. Cristina Dexeus, presidenta de la AF, señala que «no se ha atendido a las indicaciones técnico-jurídicas de los órganos consultivos» y que el texto «no nace del pacto de Estado, que habría sido lo aconsejable ante una reforma tan relevante». La APIF se queja de que la reforma del EOMF no blinda al fiscal investigador, ya que no se da nueva regulación a los supuestos de avocación (cuando un fiscal jefe se atribuye para sí un caso que está llevando un fiscal subordinado) ni la sustitución de un fiscal por otro en plena marcha de un procedimiento.

Estas dos decisiones de los fiscales jefes «deben estar sujetas a un control por parte del Consejo Fiscal que evite situaciones arbitrarias o no justificadas», señala la APIF en un comunicado. La asociación que cerca a García Ortiz considera «esencial» que el estatuto garantice el blindaje del fiscal que se esté encargando de la investigación para evitar injerencias de sus superiores.

«Plantear ahora una reforma tan profunda de la Justicia es un error», señala Sergio Oliva, portavoz de la AJFV. En su opinión, entregar la investigación penal a los fiscales sin garantizar su autonomía real supone «un riesgo enorme de politización». Las asociaciones progresistas defienden el paso dado por el Gobierno. El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, subraya que el cambio supone acabar con «los resabidos inquisitivos del actual sistema» y evita que los magistrados «tomen partido». Además, descarta que ninguna de las instrucciones en marcha se vean afectadas.

Félix Martín, de la UPF, sostiene que la reforma legal contribuye a construir una Justicia «moderna, eficaz y cercana». El portavoz de los fiscales progresistas ha insistido en que sus compañeros están preparados «técnica y profesionalmente» para asumir este reto que ya realizan «con enorme solvencia» los fiscales de menores y los miembros de la Fiscalía Europea. «El Ministerio Público no actúa a la sombra de intereses ajenos, sino para las personas», ha insistido a este diario.

La independencia de los fiscales

APIF denuncia que el proyecto que se remitirá a las Cortes desapodera de funciones importantes al Consejo Fiscal, hurtándole, por ejemplo, la facultad que hasta ahora tenía de decidir en los supuestos de incompatibilidades o prohibiciones de los fiscales, cuya competencia pasa al fiscal general del Estado. «El Consejo Fiscal no recupera una función esencial, la de ser determinante para el ascenso a primera categoría o exigir un determinado apoyo del Consejo para el nombramiento de cargos discrecionales», insiste en un comunicado.

Las asociaciones reconocen que la reforma del proceso penal en España es «inevitable», pero que esos cambios deben llevar aparejada «que la estructura y el funcionamiento del Ministerio Fiscal cambie. El fiscal tiene que tener garantizada la independencia, no solo de fuentes de poder externas, sino de su propia estructura jerárquica, permitiendo la investigación con la garantía de independencia, sin ningún tipo de injerencia. No parece que la situación que estamos viviendo en España (con García Ortiz a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo) traslade una imagen de tranquilidad y confianza de la ciudadanía.