La periodista que comió con Mazón recibe el alta y podrá declarar ante la jueza de la dana

La periodista Maribel Vilaplana, quien pasó varias horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana de Valencia, se recupera en su casa tras sufrir un cuadro de ansiedad por el que este sábado fue trasladada a un hospital, según han informado este domingo a EFE fuentes de su entorno.

Las mismas fuentes han indicado que Vilaplana regresó a última hora del día a su domicilio tras ser atendida por los médicos en un centro hospitalario.

La periodista que comió con el president de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos en la provincia de Valencia, está citada en los juzgados de Catarroja para declarar este lunes como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

Según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, Vilaplana puede «ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación» y concretamente sobre «el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso».

Una comparecencia clave

La juez que investiga la gestión de la dana en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, tomará declaración como testigo este próximo lunes a la Vilaplana. La periodista está obligada a decir la verdad de lo que presenció y escuchó durante las casi cuatro horas que estuvo con el jefe del Ejecutivo autonómico.

Su comparecencia se considera clave por las acusaciones para averiguar qué hizo y dónde estuvo Mazón entre las 15 y las 18.45 horas del día de la catástrofe, y también será decisivo para comprobar si la versión dada por el presidente se ajusta a la realidad y conocer el contenido de sus contactos telefónicos.

Es el primer testimonio que tendrá como epicentro la actuación del Mazón. Hasta ahora, la magistrada ha sido extremadamente prudente en este aspecto, puesto que el presidente de la Generalitat es aforado y sólo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano.

Fue la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia la que estimó el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y ordenó a la jueza que tomara declaración como testigo a la periodista. La decisión tomada por seis magistrados tuvo en cuenta la carta difundida por Vilaplana en medios de comunicación relatando lo que pasó esa tarde. La publicación se produjo después de que la instructora denegara por segunda vez su testifical.

La Audiencia indicó que «no se puede descartar que, interrogada en las condiciones y con las garantías del proceso penal, pueda ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación. Su testimonio, por lo demás, podría ofrecer información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer». Así las cosas, la Audiencia considera que la juez debe «avanzar en la investigación» y sólo en el caso de que detectara «indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el presidente» se plantee la elevación de exposición razonada al TSJ para proceder a investigar a Mazón.

Conversaciones

Por tanto, la declaración de Vilaplana se limitará a «lo que la testigo pudiera conocer de lo que el president de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera de Interior y Justicia», así como a los «comentarios» que el jefe del Consell «pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones» o de «todo aquello que hubiera conocido a lo largo del tiempo que compartió con el president la tarde del 29 de octubre de 2024 sobre la reunión del Cecopi».

Desde entonces, la magistrada ha pedido a Les Corts el listado de llamadas que el propio Mazón le remitió y que se limita a una lista no oficial en la que se compilaron las llamadas sin aportar certificado alguno de la compañía telefónica. Al tratarse de una declaración en calidad de testigo, Vilaplana no tiene por qué estar asistida por un abogado, pero fuentes cercanas a la periodista aseguran que se ha asesorado de cara a la comparecencia.

El día de la dana, Mazón se reunió por la mañana con la patronal y con los sindicatos para abordar los presupuestos autonómicos. Después, cerrada su agenda oficial, se dirigió a una comida que un primer momento dijo que era «privada». El almuerzo se celebró cuando ya había dos alertas hidrológicas en el río Magro y en el barranco del Poyo y algunos ayuntamientos y la Universitat de València habían suspendido actividades.

La presión informativa durante los días siguientes a la dana hicieron que el presidente de la Generalitat admitiera entonces que se trató de «un almuerzo de trabajo». Después se develó que la comida tuvo lugar en el restaurante El Ventorro y que fue con la periodista Maribel Vilaplana. Por aquel entonces, el gabinete del presidente decía que Mazón había estado trabajando en su despacho del Palau de la Generalitat y en contacto con el Cecopi, y que la comida se prolongó hasta pasadas las 17 horas.

La oposición comenzó entonces a pedir la factura del almuerzo para comprobar si las horas coincidían. Mazón se negó a entregarla con el argumento de que acudió al almuerzo en calidad de presidente del PP valenciano y no como presidente autonómico. También hubo baile de horarios en relación con la hora en la que ambos comensales salieron del restaurante y al recorrido que hizo el presidente hasta que se incorporó al Cecopi a las 20.28 horas, según las grabaciones de las cámaras del centro que certifican también su cambio de atuendo.

Vilaplana deberá responder a preguntas sobre las llamadas que hizo y recibió Mazón, su actitud durante el tiempo que compartieron en El Ventorro y los horarios en los que se fueron sucediendo los acontecimientos. Los datos conocidos hasta ahora dejan aún un espacio de cerca de 40 minutos en los que Mazón estuvo desconectado, sin hacer ni recibir llamadas y en paradero desconocido.

Por añadidura, la acusación popular ejercida por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) pidió el pasado jueves a la juez que tome declaración como testigos al círculo de colaboradores más cercanos del presidente de la Generalitat. En concreto, la acusación quiere que testifique el jefe de gabinete del presidente, José Manuel Cuenca; el secretario de Presidencia, Cayetano García; y el director general de Relaciones Institucionales, Paco González, que habló con Pradas durante el receso de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).