El Supremo propone juzgar a Ábalos por malversación, cohecho y organización criminal

José Luis Ábalos enfila el banquillo de los acusados. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido este lunes enviar a juicio al exministro, su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la pieza principal que inició la investigación del caso Koldo y que está relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia. El magistrado cree que existen delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Otra pieza separada, aún en fase inicial, investiga el papel que ejercieron en la adjudicación de obra pública a cambio de mordidas.

En su auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Puente da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Puente considera que tras la toma de posesión de Ábalos, los tres «se concertaron» para aprovechar esa circunstancia «y la natural influencia que este proyectaba, para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos (…) así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia». El magistrado sostiene que la entrada de Aldama en Transportes se produjo a través de su hermano Rubén, que era escolta de Ábalos. Este entabló una «frecuente relación» con Koldo García que llevó al comisionista hasta el entonces ministro.

El papel de Ábalos

El auto dictado por Puente sostiene que Aldama estaba encargado de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí». De Koldo García señala que, aprovechando su condición de asesor y la confianza de Ábalos, «se encargaba de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables».

La empresa aragonesa, con la mediación de Aldama, consiguió la adjudicación de una docena de contratos durante la pandemia por 53 millones de euros, todos ellos de Administraciones gobernadas por los socialistas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Koldo García habría informado al comisionista de la necesidad de comprar material sanitario y este habría compartido la información con Juan Carlos Cueto para dotar de músculo a la sociedad. De hecho, suscribieron un acuerdo seis días antes de saber que obtendrían la adjudicación. Transportes llegó a declinar una oferta más barata para la compra de mascarillas.

El magistrado propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama tras abrir una pieza separada a finales de septiembre para investigar el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública. Esa parte de la instrucción fue la que llevó al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a prisión provisional el pasado 30 de junio. En este caso, las pesquisas se encuentra aún en una fase inicial.

Puente sostiene que «existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados Ábalos y Koldo García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos». El magistrado insiste en que existen indicios de que el exministro y su antiguo asesor «recibieron dichas retribuciones económicas en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía y como contraprestación a dichas conductas desleales».

Aldama y las comisiones

Aldama aseguró hace ahora un año en la Audiencia Nacional que entregó un total de 650.000 euros a Ábalos. De esa cantidad, 250.000 euros habrían sido por comisiones de las mascarillas adjudicadas a Soluciones de Gestión al inicio de la pandemia. El empresario también afirmó que había dado otros 300.000 euros a Koldo García, 100.000 por los cubrebocas. El instructor relata que el comisionista suscribió un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, para garantizar el pago de comisiones al exministro. No obstante, la operación nunca llegó a fructificar. También incluye el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), que compró una empresa vinculada al comisionista.

El magistrado también constata que Aldama efectuó pagos de 10.000 euros mensuales a Koldo García que se prolongaron desde octubre de 2019 hasta 2021, año en que Ábalos fue cesado. En al menos dos ocasiones, las entregas de dinero se produjeron en República Dominicana, país hasta donde se desplazó el hermano de su asesor para recogerlo. Joseba García aseguró en marzo en el Supremo que sus viajes a la isla caribeña eran de carácter privado. Sin embargo, el empresario Javier Serrano y la empleada de Pronalab Aránzazu Granell reconocieron semanas después en sede judicial que realizaron esos pagos.

Puente también considera probado que Aldama sufragó el alquiler del piso de Jésica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos. La mayor parte del arrendamiento, que alcanzó los 88.000 euros durante los tres años que residió la joven en la lujosa vivienda en la madrileña Plaza de España, los abonó Luis Alberto Escolano, socio del comisionista. El magistrado también concluye que la entonces estudiante de Odontología cobró de dos entes públicos sin ir a trabajar, como ella misma declaró el pasado febrero en el Supremo. El instructor apunta a que el exministro y su asesor promovieron su «arbitraria contratación» y la de Claudia Montes.