El juez del 'caso Gómez' imputa a una alto cargo de Moncloa y descarta cerrar la causa
Peinado pide las agendas de Begoña Gómez y de su asesora para que las analice la UCO
Begoña Gómez. | Eduardo Parra (Europa Press)
El juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha acordado citar como investigada a la secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, a la vez que ha rechazado la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa. Ha reclamado, además, los pasaportes de Gómez y su asesora para comprobar en qué destinos coincidieron, cuál era el objetivo de esos viajes -público o privado- y se se incurrió en algún gasto a cargo del erario público.
Así se extrae de un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en el que acuerda sobre la alto cargo convocarla para «informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan, comparecencia a la que deberán comparecer las acusaciones y defensas personadas con el fin de concretar la acusación respecto de la misma; y ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos» el próximo 12 de noviembre.
«En cumplimiento del mandato de la Audiencia Nacional, el juez acuerda la continuación del procedimiento por el tribunal del jurado respecto de los investigados por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos», señala el auto.
También reclama a Moncloa que entregue de forma inmediata las agendas de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, para que las analice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unas agendas, al menos en el caso de la asesora, que como se ha demostrado ya anteriormente incluyen actos y tareas relacionadas con la actividad privada docente de la esposa de Pedro Sánchez, lo que no encajaría con sus labores como asesora contratada por Moncloa.
El juez descarta archivar la causa, ya que considera que existen indicios suficientes que justifican seguir indagando si se produjo una desviación de recursos públicos de la Presidencia del Gobierno para fines privados vinculados a la actividad profesional de Gómez. Peinado ordena a la UCO analizar detalladamente las agendas y correos electrónicos que entregue próximamente Moncloa.
Además de Presidencia, el juez también solicita más documentación a la Seguridad Social e Indra, Telefónica, Deloitte, FADEMUR y Minsait, además de requerir los pasaportes de ambas para comprobar viajes coincidentes.
En este último sentido, también reclaman a la Secretaría General de la Presidencia que remita «de forma íntegra y debidamente documentada» toda la información referente a los viajes de Álvarez que hayan sido sufragados con fondos públicos. Desde autorizaciones de desplazamiento, liquidaciones de gastos, misiones de esos viajes o el uso de medios oficiales -coche oficial, chófer…- de los que dispuso en esos viajes.
El auto recoge que el Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento, al entender que no hay delito ni perjuicio al patrimonio público y que Gómez no tiene la condición de funcionaria, pero el juez no comparte esa conclusión y opta por seguir con la instrucción. Se investiga la posible malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, especialmente por la supuesta utilización de medios públicos y de personal de Moncloa para actividades vinculadas a proyectos universitarios y empresariales en los que participó Juan Carlos Barrabés.
La ausencia de Gómez
El juez Peinado, además, recuerda en este nuevo auto los últimos plantones que la esposa del presidente del Gobierno ha dado al instructor. Al último de ellos hace referencia Pinado señalando que «en la citada comparecencia, ante la ausencia de los tres investigados en dicha causa, los cuales habían sido previamente citados en forma, personalmente, haciéndoles saber, el objeto de la citación, ausencia exclusivamente imputable a su propia voluntad, sin dar explicación alguna de tal incomparecencia, y por tanto, sin que éste instructor, pudiera cumplir con el trámite de concretar en su persona la imputación».