El Supremo tumba la instrucción del Ejército de Tierra que regulaba los alojamientos militares

El Tribunal Supremo ha anulado la instrucción del Ejército de Tierra que regulaba el período máximo de estancia en los alojamientos logísticos militares. La decisión, cuyo adelanto publica el Boletín Oficial de Estado (BOE) de este miércoles, enmienda una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que había desestimado una petición a instancias de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

El fallo del Supremo se produjo el pasado 20 de octubre y basa la anulación de la instrucción en base a varios criterios. En
primer lugar, porque ha considerado que dicha instrucción no es una norma de organización interna, dirigida exclusivamente a los mandos del Ejército de Tierra, sino que es una disposición de carácter general. Es decir, que afecta a todos los miembros del Ejército de Tierra.

Además, la sentencia establece que este tipo de normas, como se dirigen a todos los miembros del Ejército de Tierra y como además afectan a aspectos económicos profesionales y sociales de los militares, debe tener una tramitación adecuada a esa naturaleza. Eso supone que debe ser objeto de informe preceptivo por las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas como AUME, así como del Consejo de personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas).

«El Ejército de Tierra al aprobar dicha instrucción técnica obvió ambas acciones. No remitió para informe a las asociaciones profesionales y tampoco fue objeto de análisis por el Consejo de personal de las Fuerzas Armadas», subraya la asociación AUME en un comunicación. El Tribunal Supremo, por tanto «refuerza la importancia del derecho de asociación» para los miembros de las Fuerzas Armadas con dicha decisión.

Por otra parte, esta sentencia tiene «un interés mayúsculo» por cuanto el Tribunal Supremo, siguiendo los argumentos de AUME reconoce la existencia de un derecho al alojamiento, lo que es «especialmente sensible» en relación con la situación de los miembros de la Escala de Tropa que son los que con habitualidad han de utilizar los alojamientos logísticos.

Para el Tribunal Supremo este derecho de alojamiento es consustancial a la exigencia de movilidad geográfica y de disponibilidad permanente para el servicio. «AUME, una vez más utilizando los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico, consigue situar a los miembros de las Fuerzas Armadas en un estatus de plena ciudadanía y, con esta sentencia, consigue que el problema de la vivienda, de los alojamientos, de las residencias logísticas, sea un asunto de máxima prioridad para cuya solución ya no hay excusas por parte del Ministerio de Defensa», prosigue la asociación.

Tras el fallo del Supremo, AUME insta al Ministerio de Defensa a «priorizar» las políticas de construcción de alojamientos y residencias y a la promulgación de una ley integral de movilidad geográfica, que ha sido «en reiteradas ocasiones» exigida por el Observatorio de la vida militar y por las Comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado.

«Se abre ahora el análisis de las posibilidades de resarcimiento para aquellos militares del Ejército de Tierra que fueron desalojados de sus alojamientos mediante el uso de la instrucción técnica que ha sido anulada por el Tribunal Supremo. AUME se pone a disposición de todos los miembros del Ejército de Tierra que se hayan visto afectados por la aplicación de la instrucción técnica anulada. Por otra parte, y al existir instrucciones semejantes en la Armada y en el Ejército del Aire y del Espacio, ambos deben modificar sus respectivas instrucciones y dejar de aplicarlas para no incurrir en figuras de responsabilidad y resarcimiento», concluye la citada asociación.