El dueño de Madeira Invest entregó 100.000 euros a Alvise cuando se caía su estafa

El dueño de Madeira Invest Club (MIC) Álvaro Romillo, más conocido por Cryptospain, se encontraba ya en serias dificultades financieras cuando contactó en abril de 2024 con Luis Alvise Pérez, por aquel entonces candidato de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF) a las elecciones europeas. Cuando el empresario crypto le entregó esa cantidad de dinero en mano el 27 de mayo del año pasado, ya había síntomas de que la estafa piramidal se desmoronaba como un castillo de naipes.

MIC cerró de forma abrupta en septiembre de 2024, pero varios de los perjudicados indicaron a los investigadores que no percibieron las recompras de las obras en las que depositaron dinero mucho tiempo antes del cierre. Por ejemplo, una empresa que había invertido 124.900 euros se percató de ello el 16 de mayo del año pasado. A otro afectado —I.D.I— le ocurrió el 30 de mayo… de un año antes. Una situación parecida le pasó a D.G.R, quien había invertido 28.500 euros en seis operaciones entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 para luego comprobar que algunas de ellas no se ejecutaron desde octubre de 2023, «todo ello a pesar de que las fechas de recompra, en el caso de varias de ellas, era anterior al colapso».

El eje vertebrador del engaño era «la promesa de rentabilidades muy altas» con unos rendimientos mínimos del 20%, que en ocasiones llegaban al 30%, e incluso hasta el 90 y el 100%, «publicitando al efecto contar con un equipo de profesionales, un carácter de exclusividad, por cuanto para formar parte del club había que pagar una membresía anual», según indica el juez José Luis Calama. El engaño también se fraguó anunciando «una falsa garantía de la supuesta inversión o precio de compra, e incluso se aseguraba la cesión de la inversión a un tercero en caso de fallecimiento». Para ello, Romillo utilizó «una falsa imagen de profesionalidad» de las personas que ejecutaban los servicios ofrecidos.

Sin embargo, ni el dueño de MIC ni el resto de las principales personas vinculadas a este «chiringuito financiero», tal y como advirtió la CNMC en un comunicado en mayo de 2024, tenían formación ni experiencia laboral alguna en servicios de inversión. Por ejemplo, Romillo cotizó entre 2002 y 2014 por actividades de «arrendamiento de la propiedad intelectual y productos similares, excepto trabajos protegidos por los derechos de autor». Después de esa fecha, no figuró nuevamente de alta en la Seguridad Social «hasta que comienza su vinculación con una de las sociedades asociadas a la organización criminal».

En cuanto a sus socios en MIC —Alejandro Pérez y Borja Lara—, el primero cotizó en el régimen general en empresas cuyo objeto social era las actividades de impresión y de artes gráficas entre los años 2016 y el 2022. Y el segundo, entre los años 1999 y 2021, trabajó en sociedades «con objetos sociales variados, como el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, y las actividades de impresión y artes gráficas». Pero ninguno tenía experiencia previa en el mundo de las criptomonedas.

Pese a las millonarias cantidades canalizadas a través de MIC, el magistrado subraya en el auto que envió a Romillo a prisión provisional, comunicada, e incondicional este viernes que no había «contabilidad alguna que permita clasificar y presentar la información financiera para facilitar la toma de decisiones, asegurar el control del patrimonio, cumplir con obligaciones legales y fiscales, y con los requisitos jurídicos específicos de toda sociedad». Esta ausencia constituye, a juicio de Calama, un «sólido indicio» de que Madeira era «una mera ventana a través de la que se reciben, fuera de todo control mínimo, las cantidades que los perjudicados pretendían destinar a las inversiones o compras ofrecidas por Álvaro Romillo Castillo a través de esta entidad».

El dueño de Madeira, conocido en el mundillo de las criptomonedas con el alias de Luis Cryptospain, recaudó más de 185,5 millones de euros con las aportaciones de 3.062 personas, de los cuales 2.976 constan identificados con NIF, «siendo innumerables los perjudicados que abonaron cantidades que superan los 250.000 euros». De tales cantidades, únicamente han sido localizadas y «cautelarmente decomisadas una ínfima parte».

El líder de MIC ofertó al menos 44 obras a sus miembros, para las que se habrían recaudado, al menos 261.180.762 euros, y que se encuadraban en siete supuestas áreas principales de inversión: Relojes, Vehículos, Inmobiliario, Startups, Oro y Metales Preciosos, Alcoholes y Otros Coleccionables.

En concepto del pago de membresías, por ejemplo, ya amasó siete millones. Estas cuotas no estaban sujetas a devolución en ningún supuesto, aun cuando el inversor decidiera no participar posteriormente en ninguna obra. De esta manera, Madeira obtuvo «una fuente estructural de liquidez inmediata y permanente para abonar intereses o recompras ficticias a inversores anteriores». Con posterioridad, las inversiones para adquirir de los bienes, productos o servicios que supuestamente iban destinadas las cantidades que los compradores pagaban en un claro esquema Ponzi. «Sin embargo, solo una mínima parte iba dirigida a esta adquisición, que servía así para su lucimiento en redes sociales y así publicitar unos engaños resultados de rentabilidad», advierte el magistrado de la Audiencia Nacional.

Una mecánica parecida a la de Madoff

La mayor parte de las cantidades se recibían en la cuenta de una mercantil constituida en Portugal, desde la que posteriormente se transferían a otras cuantas bancarias abiertas en otros países extranjeros como Singapur —donde se le ha encontrado una cuenta bancaria con casi 30 millones de euros— y Hong Kong, que al mismo tiempo hacían de pasarela a otras cuentas abiertas en otros países como Tailandia. Y solo una parte del dinero obtenido de los inversores o compradores se destinaba a ser entregado a otros inversores que querían hacer uso de su derecho de recompra.

De esta manera, Romillo ideó un esquema de tipo piramidal: primero con una conducta empresarial de captación de capitales, a la que le seguía una «ausencia de actividad de inversión alguna» y un posterior pago de las deudas contraídas con los clientes «con el mismo dinero de otros inversores». Una mecánica parecida a la de Bernard Madoff en Estados Unidos. «Álvaro Romillo Castillo no destinaba el dinero recibido a través del MIC a la compra del bien al que supuestamente debía dirigirlo, sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo, es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude», sintetiza el juez. Por ello, el comportamiento del empresario fue «engañoso» y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue «desde el inicio meramente captatoria».

Para llevar a cabo esta presunta actividad ilícita contó con la colaboración de terceras personas, principalmente situadas en su ámbito familiar. Unos en la propia «actividad defraudatoria» de la empresa y otros, prestándose a que utilizasen sus cuentas bancarias y bienes «con ánimo de evitar la trazabilidad de las cantidades recibidas, y reintroducirlas en el circuito económico debidamente desligadas de su origen ilícito».

Junto a Álvaro Pérez y Borja Lara estaban en «la organización criminal diseñada y dirigida por Álvaro Romillo» tanto la pareja como una cuñada de Lara. El resto de los integrantes se encontraban dentro del círculo familiar de líder de Madeira: su padre, un tío, su pareja actual, dos hijos de ella, así como las parejas de estos últimos. También reclutó a primos. «La organización criminal publicitó en uno de sus eventos un organigrama bastante opaco del MIC en el que se mostraba únicamente el nombre de las 14 personas que componían el equipo del MIC, sin apellidos, fotografía o cargo, que permitiera a los asistentes identificarlos», hace hincapié sobre la opacidad que existía en esta empresa crypto.

Los investigadores le han encontrado a Romillo al menos 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes: Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia. De ahí que Calama haya decretado este viernes su envío a prisión por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

«La imputación que se cierne sobre Álvaro Romillo Castillo no es precipitada y responde a las fuentes de prueba que se han acopiado durante la instrucción de la causa, apuntando a una excepcional relevancia penal que tiene su correspondencia en una pena de incuestionable rigor, que incluso podría llegar hasta 18 años de prisión», concluyó el juez en su escrito.