Los emisarios del PSOE también pidieron a Stampa datos sobre el juez García-Castellón

El fiscal Ignacio Stampa ha puesto negro sobre blanco lo que hasta ahora se intuía como un rumor de pasillo: que el engranaje político que dirigía Leire Díez —la conocida fontanera del PSOE— no solo intentó obtener información sobre los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, sino que también puso el foco en uno de los jueces más incómodos para el Gobierno, Manuel García-Castellón. Así lo revela la denuncia que Stampa remitió a la Fiscalía Superior de Madrid, un documento que detalla con precisión cómo el círculo socialista intentó reclutarlo en una operación destinada a desacreditar a los investigadores que cercaban al entorno de Moncloa.

El relato de Stampa, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, arranca a finales de abril. Una persona de su confianza le transmitió que el Gobierno quería contactar con él «para disculparse» por el trato recibido tras su salida de la Fiscalía Anticorrupción en 2020. El intermediario, según esa comunicación, sería el empresario Javier Pérez Dolset, y el encuentro estaría auspiciado por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en nombre del propio Ejecutivo. Stampa, sorprendido por la propuesta, aceptó la cita para el 7 de mayo, con el único propósito —según su testimonio— de conocer las verdaderas intenciones de quienes lo buscaban.

En la reunión, sin embargo, Cerdán nunca apareció. En su lugar acudió Leire Díez, que se presentó como «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto». Durante más de tres horas, Díez y Pérez Dolset trataron de sonsacarle información sobre sumarios sensibles —entre ellos el caso Tándem, el caso Begoña y el caso Koldo— y sobre los fiscales y jueces que los instruyen. «Desde el inicio tuve la sensación de que al menos Pérez Dolset grababa el encuentro», relata el fiscal, que decidió documentar la reunión ante el cariz que tomó la conversación.

Díez excusó la ausencia de Cerdán alegando que le transmitiría personalmente todo lo que se hablara. Pronto dejó entrever que la cita no era para pedir perdón, sino para recabar información comprometida sobre funcionarios de la judicatura. «Ella me dijo que se trataba de las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción», explica Stampa. Durante la conversación, los interlocutores mostraron especial interés por tres nombres concretos: el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; su compañero José Grinda; y el magistrado Manuel García-Castellón.

Objetivo: el juez García-Castellón

La parte más grave del relato llega cuando Pérez Dolset aseguró ante Stampa que García-Castellón habría entregado al excomisario Villarejo los dispositivos intervenidos en el caso Tándem «para que los desencriptara». Según esa versión, el empresario habría conseguido acceder al contenido y lo habría devuelto en tres pendrives a la Policía. Uno de ellos, supuestamente, «se perdió» y contenía información que afectaba al Partido Popular y a la Operación Cataluña. «Sobre estos hechos, que me parecieron extraordinariamente graves, le pregunté en repetidas ocasiones», dice Stampa. Tras insistir, el empresario reconoció que no tenía prueba documental alguna que sustentara esas afirmaciones. Pero el fiscal comprobó que aquella acusación era una «grosera falsedad» destinada a ensuciar el nombre del magistrado y del propio Luzón.

A lo largo de la reunión, los emisarios trataron de convencer al fiscal de que existía una conspiración dentro de Anticorrupción para ocultar irregularidades y que él había sido una víctima del sistema. «Me dijeron que yo era otra víctima del sistema», relata Stampa con ironía. El discurso, asegura, giraba en torno a presentarle como parte de un grupo de damnificados por el supuesto encubrimiento de Luzón. En ese punto, Díez llegó a insinuar que Pedro Sánchez había dado la orden de «limpiar, sin límite» tras la imputación de Begoña Gómez.

Leire Díez le prometió que sus litigios pendientes con el Ministerio de Justicia «se resolverían muy pronto» y que se estaban tomando medidas para restituirlo en la instrucción del caso Tándem. El fiscal, desconcertado, preguntó si esa propuesta contaba con el conocimiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. «Va a saber lo que tiene que hacer», le respondió Díez. El ofrecimiento de volver al caso Tándem —causa que instruye la Audiencia Nacional sobre las actividades del excomisario Villarejo— era, para Stampa, una trampa. Rechazó de inmediato la propuesta y documentó la conversación. En su denuncia, afirma que aquella maniobra tenía como fin neutralizar a los fiscales y jueces incómodos para el PSOE y crear una narrativa paralela sobre supuestas irregularidades en los sumarios que afectan al partido. Los emisarios, insiste, intentaron que proporcionara comentarios o datos «que pudieran desprestigiar» a Luzón, Grinda o García-Castellón.

El episodio, además, se inscribe en un contexto más amplio. Leire Díez ya había sido señalada por su papel en la elaboración de un pendrive entregado por el PSOE a la Fiscalía, repleto de audios y carpetas dedicadas precisamente a los mismos funcionarios judiciales. Entre ese material, tal como adelantó este diario, figuraban referencias personales al fiscal Luzón y al propio juez García-Castellón. Una operación que ahora se revela como una ofensiva coordinada desde el corazón del partido para intimidar a quienes investigan sus causas más comprometedoras.