El decano del ICAM califica de «insólita» la nota de prensa sobre el novio de Ayuso

Su «inusitada gravedad» llevó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a denunciar a la Fiscalía tras la publicación de una nota de prensa con datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su decano, Eugenio Ribón, ha afirmado este martes en el Supremo, en la cuarta jornada del juicio contra el fiscal general, que el comunicado que desveló las negociaciones entre la defensa del empresario y el fiscal que le investigaba por fraude fiscal y con el que intentaba llegar a un acuerdo de conformidad generó una «honda» preocupación porque se trataba de algo «inaudito». Tras lo sucedido, ha señalado que pidió una reunión con Álvaro García Ortiz, con el que se vio al día siguiente.

Durante su declaración, que se ha prolongado durante algo más de 40 minutos, Ribón ha reconocido que «nunca había vivido una situación que fracturara el secreto de defensa» como en el caso del novio de Ayuso. Ha indicado que la difusión de la nota del 14 de marzo generó un «profundo malestar» en el ICAM (una de las acusaciones populares en el juicio contra García Ortiz por revelación de secretos). «Sin confidencialidad no es posible una defensa libre (…) Sin abogados libres no hay justicia», ha incidido el decano.

El testigo ha subrayado que la denuncia de la institución que lidera se limitó al comunicado, no a la publicación en prensa de los polémicos correos donde el abogado de González Amador busca un pacto de conformidad con la Fiscalía. Ribón ha incidido que la gravedad de los hechos residía en que «una institución» aireara unos datos que vulneran el derecho de defensa de un particular.

Reunión con García Ortiz

«No era preciso revelar el contenido literal de esos correos» para desmentir la versión de que ese pacto de conformidad lo había ofrecido la Fiscalía, ha subrayado Ribón. En su opinión, estas comunicaciones forman parte del ámbito «más confidencial» de las conversaciones entre un abogado y el Ministerio Público. Para el decano de la ICAM, la nota de la Fiscalía es «el detonante y el motivo que genera la alarma y el desconcierto de la abogacía».

Ribón ha asegurado que su divulgación generó una tremenda preocupación en el seno de la organización que lidera. Ha relatado que ese mismo día comenzó a recibir «multitud de mensajes de compañeros» porque esa actuación «resultaba difícil de creer». Una vez comprobada su autenticidad, escribió un mensaje a la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez. Esta le aseguró por teléfono que «se sentía como un sándwich, presionada por arriba y por abajo» para que se publicara una nota que rebatiera el bulo sobre que la Fiscalía había frenado un acuerdo de conformidad con el novio de Ayuso.

El decano del ICAM se reunión un día más tarde durante 15 minutos con García Ortiz y otros cuatro fiscales, entre ellos Rodríguez y el teniente fiscal de la Secretaría Técnico, Diego Villafañe, inicialmente imputados en la causa contra el fiscal general. No ha podido identificar a los otros dos.

Ribón ha explicado que trasladó al jefe del Ministerio Público «la alarma que había generado la nota y la hondísima preocupación en el seno de la abogacía» y la necesidad de iniciar una investigación penal para depurar responsabilidades. Ha señalado que el fiscal general trató de calmarle poniendo «paños calientes» y que le ofreció redactar una nota conjunta para trasladar a los abogados madrileños, opción que declinó. El ICAM fue el primer organismo que se querelló contra la Fiscalía por la revelación de datos de un particular.

«Uso político»

El testigo ha señalado que el ICAM «no actúa en defensa de un abogado concreto sino en defensa de un principio universal, en defensa de la Abogacía». Durante su comparecencia, el testigo ha indicado que «uno de los puntos clave» que alertó a los abogados madrileños fue «la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles», ha abundado.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha denunciado «la falta de neutralidad» del ICAM en el juicio contra García Ortiz, que se enfrenta a una condena de hasta seis años de cárcel por la presunta filtración. Los letrados han lamentado la poca «imparcialidad» que, en su opinión ha regido la Junta presidida por Ribón, que ha realizado «un torticero uso político» de la institución colegial, «destinando su actuación a la defensa de los intereses» de González Amador y «de las personas de la Presidencia de la Comunidad de Madrid relacionadas con el mismo».