Un fiscal sale al rescate de García Ortiz: tenía la «facultad de destruir» mensajes

Los fiscales siguen saliendo al rescate de Álvaro García Ortiz. Como ya hicieron varios subordinados en la primera sesión del juicio, el delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo de Morillo, ha afirmado este martes en el Tribunal Supremo que el fiscal general tenía la «facultad de destruir» sus mensajes si consideraba que la información sensible que contenían peligraba. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó el borrado y también que cambió de móvil días después de que el Alto tribunal le imputara por revelación de secretos por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La fiscal jefa de Inspección, Antonia Sanz Gaite, ha explicado que incoó un expediente sobre la revelación de secretos del empresario, pero que lo archivó porque se abrió una investigación penal.

El testigo ha destacado que García Ortiz no vulneró la normativa cuando usó su dispositivo particular. Ha avalado qque utilizara una cuenta particular de correo electrónico para que le remitiesen los correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto sobre un posible acuerdo de conformidad. «Al final es el responsable quien, atendiendo a las circunstancias y ponderando los intereses en juego, puede tomar una decisión u otra», ha explicado.

Hidalgo de Morillo, que actúa como fiscal en el Supremo, ha explicado durante la hora que ha durado su declaración los protocolos internos de la Fiscalía sobre protección de datos, en los que se excusó García Ortiz para justificar la eliminación de sus mensajes, incluidos los de su cuenta de correo personal. El testigo ha reconocido que la normativa no es de imposición directa y que nadie le informó del borrado de mensajes en esa cuenta ni de los que figuraban en su teléfono móvil porque no tenía competencias al respecto.

Síndrome de Diógenes

«Somos responsables de los datos que contienen» los dispositivos asignados, ha insistido Hidalgo de Morillo antes de aclarar que cada fiscal «tiene la facultad de destruir» los datos almacenados al cambiar de dispositivo si advierte un riesgo para los principios de minimización y confidencialidad o si existe desconfianza respecto a su correcta eliminación.

El delegado de protección de datos ha subrayado que desde que el fiscal general Julián Sánchez Melgar le nombró en 2018 su objetivo ha sido acabar con el «síndrome de Diógenes en la Administración de Justicia» porque los fiscales «están centrados en conservar sus informes y dictámenes» a pesar de que va en contra del Reglamento y de los límites de plazo de conservación.

El testigo tampoco ha justificado la inacción de su departamento en que no tuvo conocimiento, por parte del propio Ministerio Público, de los hechos concretos. En ese sentido ha reprochado al abogado de la acusación particular que González Amador tampoco se dirigió a él para quejarse de la filtración: «Si se hubieran dirigido a mí me hubiera remitido al Reglamento General de Protección de Datos».

«¿Quién investiga si la brecha de seguridad se produce en la Fiscalía General del Estado?», le ha insistido Gabriel Rodríguez Ramos, abogado del novio de Ayuso, ante el empeño de Hidalgo de Morillo de escudarse en la normativa. «Supervisar el cumplimiento de una brecha de seguridad requiere que el interesado se dirija a la Fiscalía, cosa que en este caso no se ha producido», ha afirmado el testigo. Ha insistido en que él solo actúa de oficio cuando detecta una vulnerabilidad y que en su opinión la nota difundida por la Fiscalía el 14 de marzo del año pasado «no supone una violación de seguridad».

Sin investigación interna

La UCO constató que García Ortiz borró las comunicaciones que mantuvo entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado, los días clave en los que habría tenido lugar la presunta filtración de datos del novio de Ayuso. Los agentes afirmaron que durante ese periodo se intercambió mensajes con otras personas, entre ellas la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, según evidenció el análisis de los terminales incautados. También se comunicó con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que aportó los mensajes al inicio de la investigación. Como avanzó este diario, el fiscal general también cambió de terminal una semana después de que el Supremo abriera una investigación contra él.

Este martes también ha declarado en el Supremo Sanz Gaite, que ha reconocido que la Fiscalía no llegó a investigar la filtración de forma interna porque el caso saltó a los tribunales de manera inminente. La jefe de Inspección ha relatado que su departamento recibió una denuncia de Manos Limpias el 15 de marzo y que el 19 se abrió un expediente gubernativo. Pocos días más tarde llegó otra denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que dio lugar a un segundo expediente que fueron unificados.

Durante su declaración, la más breve de la mañana, Sanz Gaite ha explicado que cerró la investigación tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se había declarado competente para investigar los hechos. Luego saltó al Supremo. Ante esa situación, dictó un decreto para declarar en suspenso el expediente, que finalmente archivó. «No hubo tiempo de hacer nada. Cuando empezábamos a instruir se abrió la investigación penal».

La fiscal jefe de Inspección también ha negado que cambiara de número tras el registro del despacho de García Ortiz, como avanzó este diario. Según su testimonio, solo cambió de teléfono asignado al WhatsApp durante un viaje al extranjero para estar localizable. Sanz Gaite ha relatado que lleva «más de 25 años con el mismo número» y que dispone de un segundo que «no está asociado» a la aplicación de mensajería instantánea y que lo activa cuando sale de España porque le garantiza disponer de datos. Y ha insistido: «Cuando hago esto, mis contactos reciben una notificación de que he cambiado de número, pero no he cambiado».