El periodista Pere Rusiñol niega haber mediado en el presunto soborno al fiscal Grinda

El periodista Pere Rusiñol, investigado en el caso Leire Díez, ha negado ante el juez haber intermediado para hacer llegar al fiscal anticorrupción José Grinda un presunto soborno por parte de la exmilitante socialista, imputada por presuntas maniobras para obtener información sensible de jueces, miembros de la Fiscalía y guardias a cambio de favores.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Rusiñol ha reconocido que llevó un documento a la reunión que tuvo el pasado 27 de febrero con el fiscal, pero ha dicho que era para contrastar información como periodista.

Rusiñol ha comparecido finalmente este martes pese a que el juez había pospuesto su declaración, para el próximo 17 de noviembre, a la espera de que otro fiscal denunciante, Ignacio Stampa, aportara toda la documentación que se comprometió a entregar. El periodista se ha presentado en los juzgados de Plaza de Castilla y el juez Arturo Zamarriego ha decidido realizar el interrogatorio.

También ha comparecido, en su caso como testigo, Jacobo Teijelo, abogado que ejerce la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el caso Koldo y en cuyo despacho se celebró una de las reuniones de la exmilitante socialista.

El letrado se ha acogido al secreto profesional para no responder y, además, durante su turno se ha recordado que hay una querella en su contra presentada por Vox que se encuentra pendiente de admisión.

Por su parte, varios periodistas han ratificado como testigos sus informaciones sobre Díez, asegurando uno de ellos que la exmilitante socialista les ofreció un vídeo comprometido del fiscal Grinda. Y otro ha denunciado presiones de la presunta trama a través de terceras personas.

Las mismas fuentes han indicado que Hazte Oír, que ejerce como acusación popular en la causa, ha pedido al juez que impute al exdirigente socialista Santos Cerdán, por aparecer mencionado en las comunicaciones entre el empresario Luis del Rivero y el fiscal Stampa.

Asimismo, la asociación ha solicitado que declaren como testigos el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, Luis Del Rivero, el inspector policial Rubén Eladio López y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, así como de Daniel Mateo y Francisco Ortega, supuestos intermediarios de una reunión.

«Es el 1 quien decide»

Según la documentación aportada por Stampa, el fiscal trasladó a sus superiores que, si acudió a una reunión con Díez el pasado 7 de mayo, fue porque se le indicó que la había concertado Cerdán, «en nombre del Gobierno». «Es el 1 quien decide», le dijo Del Rivero al fiscal en una serie de mensajes de WhatsApp, también aportados a la causa, a los que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

El juez investiga a Díez como presunta cabecilla de una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con el empresario Javier Pérez Dolset –también investigado– y Rusiñol para «recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción» con el fin de «anular o malbaratar» sus investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios», lo que constituiría tráfico de influencias y cohecho.

Las pesquisas parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se diera a conocer un audio, grabado en el despacho de Teijelo, donde se la escucha ofrecer favores a Alejandro Hamlym –empresario investigado en la Audiencia Nacional por una presunta trama de fraude en el sector de los hidrocarburos– a cambio de información sensible.

En nombre de «altas instancias del Estado»

Además, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 acabó incorporando las denuncias presentadas por Stampa y Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados. Ambos testificaron el pasado 5 de noviembre ante Zamarriego para ratificar sus denuncias.

En el caso de Stampa, contó en su denuncia que en la reunión con Díez y Pérez Dolset le pidieron información sobre supuestas «las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción» a las que ellos achacaban el inicio de causas como la que se dirige contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

De hecho, indicó que le dieron a entender que el presidente del Gobierno «había dado la orden de limpiar, sin límite» al estallar el caso contra su esposa. A cambio, le habrían ofrecido ayuda en sus problemas con el Ministerio de Justicia por su salida de Anticorrupción.

En la misma línea, Grinda denunció que se reunió con Rusiñol el pasado 27 de febrero porque era un «amigo» que le había pedido verse pero que le transmitió una oferta de soborno de parte de Díez para que le contara supuestas irregularidades del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y de neutralizar una demanda en su contra.

El pasado miércoles también testificó el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba –investigado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo–, que declaró que Díez también se reunió con él y le comentó que habría una purga en la Benemérita pero que él sería recompensado si les daba información sobre el cuerpo.

El fiscal del caso Leire Díez, Juan Pablo Nieto, indicó en un recurso que es «fundamental» la «singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado».

A su entender, es «evidente» que la conexión entre los denunciados –Díez, Pérez Dolset y Rusiñol– trata presuntamente de «manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas», en referencia a la UCO y Anticorrupción.