La Fiscalía acusa a una edil del PSOE de Las Palmas de contribuir a un «expolio» de 400.000 euros
El Ayuntamiento abonó a Guerra Patrimonial FGG «sobrecostes de más del 70% respecto a los consumos reales»
la edil de Servicios Públicos, Inmaculada Medina (PSOE). | Quique Curbelo (EFE)
La Fiscalía ha solicitado al juez que instruye la trama de presunta corrupción entre funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conocida como caso Valka, que impute un delito de malversación a la edil de Servicios Públicos, Inmaculada Medina (PSOE), porque aprecia indicios de que contribuyó a un «expolio de 400.000 euros».
En un escrito adelantado por Canarias 7 al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público hace esas afirmaciones tras examinar el recorrido del contrato por el cual el Ayuntamiento compraba agua a la empresa Guerra Patrimonial FGG para riegos de calles y otros usos en los barrios de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya entre 2015 y 2022.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esa empresa facturó sistemáticamente al Consistorio cantidades «infladas» de agua, sin que los servicios municipales comprobaran si se correspondían o no con la lectura de los contadores y que la edil Medina convalidó los pagos a sabiendas de las irregularidades que se estaban cometiendo. Por ese procedimiento, remarca, el Ayuntamiento llegó a pagar a Guerra Patrimonial FGG «sobrecostes de más del 70% respecto a los consumos reales»
La Fiscalía implica en esa mecánica a dos funcionarios del servicio municipal de Parques y Jardines, Miguel Ángel P.H. y Sergio G.C., que habrían contado con la colaboración de Inmaculada Medina. El Ministerio Público detalla que esa supuesta trama quedó al descubierto en diciembre de 2022, cuando una serie de funcionarios del Consistorio y la concejal de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño (Podemos), se negaron a tramitar una sola factura más de ese suministro si no venía acompañada de la lectura de los contadores que justificara el volumen de metros cúbicos de agua consumidos.
La Fiscalía subraya que Inmaculada Medina aprobó como concejal esas facturas y autorizó los pagos, «contribuyendo decisivamente a la distracción de fondos municipales en beneficio del contratista». En consecuencia, pide al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que declare a Inmaculada Medina y al funcionario Sergio G.C. formalmente investigados en un delito de malversación agravada, en concurso con otros tres cargos de falsedad en documento público, prevaricación y fraude a la administración.
Las otras dos personas que presuntamente participaron en esa mecánica, el funcionario Miguel Ángel P.H. y el empresario Felipe G.G., responsable de la sociedad que vendía el agua al Consistorio, ya estaban encausados en las diligencias del caso Valka por falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de fondos públicos.