La defensa de García Ortiz intenta invalidar el registro de la UCO y el volcado de dispositivos

Férreo interrogatorio de la defensa de Álvaro García Ortiz a los agentes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en el registro de su despacho y el volcado de sus dispositivos. La Abogacía del Estado, que representa al fiscal general, ya solicitó durante la instrucción la nulidad de los registros por ser desproporcionados. En la quinta jornada del juicio, José Ignacio Ocio se ha afanado en que los testigos se contradigan en el Tribunal Supremo para desarrollar esa tesis. Sus preguntas también ha seguido la línea de un posible incumplimiento del marco temporal de la copia de móviles y ordenadores. Los testigos han avalado su actuación tras explicar que es imposible hacer un volcado selectivo porque las herramientas técnicas no lo permiten.

En la mañana de este miércoles han declarado ocho agentes que participaron el 30 de octubre del año pasado en la entrada y registro de los despachos de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos. Ocio ha centrado su intervención en anular la causa, tal y como ya intentó hacer la Abogacía del Estado en la fase de instrucción. Los agentes de la Guardia Civil permanecieron más de diez horas en las dependencias de la calle Fortuny, sede de la Fiscalía General del Estado, donde clonaron móviles, ordenadores y la nube del fiscal general y de su subordinada.

El abogado del Estado que representa a García Ortiz ha sido especialmente incisivo con los agentes al preguntarle por las condiciones en que se debe desarrollar la extracción de la información de los dispositivos. Los agentes han explicado que es necesario «hacer un volcado total» porque «técnicamente no se puede hacer» ni una selección ni un filtrado. «Es imposible» realizar una copia «de forma selectiva» por cuestiones técnicas u operativas, ha subrayado uno de los testigos.

El aval de la UCO

Los agentes de la UCO han relatado que realizaron un volcado «integral» de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, salvo en el caso del ordenador de mesa, donde hubo una «selección específica». Esta, según uno de los testigos, se ciñó a la información que podía ser del 8 de marzo en adelante, como ordenó el juez. Otro compañero ha indicado que se incautaron los «archivos de interés» indicados por el jefe del dispositivo.

La Abogacía del Estado ha hecho hincapié en si los agentes respetaron el «marco temporal» impuesto por el juez instructor, Ángel Hurtado, que precisó que se incautara información del 8 de marzo al mismo 30 de octubre. «En la medida de lo posible, había que hacer eso, pero si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos; es lo que habitualmente nos toca hacer», ha justificado un agente.

La defensa de García Ortiz y la propia Fiscalía pidieron su nulidad durante la instrucción al considerar el volcado desproporcionado. Los agentes han avalado este miércoles que la copia comprendieran el contenido íntegro. Estos también han reconocido que el fiscal general colaboró con ellos durante el registro y que incluso les ofreció el código pin de su teléfono móvil para facilitarles el trabajo. Además, les comentó que había cambiado de terminal recientemente.

En diciembre del año pasado la UCO remitió un informe al Supremo advirtiendo que había encontrado «cero mensajes» en el teléfono de García Ortiz en los días claves de la filtración. Eso, a pesar de que el acusado cruzó mensajes con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, según evidenció el análisis de los terminales incautados por la Guardia Civil. También se comunicó con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que aportó las comunicaciones al inicio de la investigación. Los agentes concluyeron que el fiscal general había borrado el contenido de sus dispositivos.

«Eliminación deliberada»

En un informe posterior, la UCO que García Ortiz borró sus mensajes de WhatsApp el 16 de octubre del año pasado, el mismo día en que el Supremo abrió la causa contra él por un delito de revelación de secretos. Una semana más tarde, incluso cambió de terminal. Los agentes plasmaron en un nuevo informe en febrero que tampoco habían podido recuperar las copias de seguridad de Google Drive debido a «la eliminación deliberada de la cuenta asociada a este servicio». Una copia que tampoco pudieron rescatar Whatsapp y Google, a las que se les llegó a solicitar la información a través de sendas comisiones rogatorias.

Un fiscal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares, denunció haber visto a García Ortiz «revisando» su teléfono junto a su número dos, la representante de la Fiscalía en el juicio, cuando los agentes registraban la sede del Ministerio Público. La Guardia Civil se personó en la sede de la Fiscalía General del Estado el 30 de noviembre para «evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación». Una inspección que avaló la Sala Segunda del Supremo.