Salvar al 'soldado' García Ortiz

En las cantinas del lejano Oeste había un cartel que advertía: «Por favor, no disparen al pianista». Una frase que se puede aplicar en estos tiempos a los periodistas. El juicio contra el fiscal general por revelación de secretos ha puesto a estos profesionales en el punto de mira por la filtración de datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sus declaraciones resultan intrascendentes porque ninguno va a dejar a su fuente a los pies de los caballos. Lo tienen fácil: les ampara el derecho al secreto profesional. Otro colectivo en la diana es el de los fiscales, subordinados del acusado, por lo que les debe su puesto. Estos últimos parecen haber salido al rescate de Álvaro García Ortiz. Pasó la semana pasada y ha vuelto a suceder este martes, víspera del día clave.

En los pasillos del Tribunal Supremo se sospecha una operación para salvar a García Ortiz, pieza fundamental para el Gobierno. Un soldado de Pedro Sánchez. Ya saben la frase: «¿De quién depende la Fiscalía?», que perseguirá al presidente del Gobierno para siempre. Su primera ministra de Justicia se convirtió de la noche a la mañana en fiscal general del Estado. Cuando decidió dejar el cargo, ungida por el sanchismo, Dolores Delgado legó el testigo a su hombre de confianza.

Algunos fiscales parecen alineados con su superior. Este martes fue el turno del delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo de Morillo, y de la fiscal jefa de Inspección, Antonia Sanz Gaite, nombrados por sus antecesores pero revalidados por García Ortiz. Ambos han tirado balones fuera, lo que allana el camino a una sentencia absolutoria porque basta que el tribunal albergue una duda razonable sobre su papel en la filtración de datos de Alberto González Amador, novio de Ayuso, para absolverle.

El borrado de mensajes

Hidalgo de Morillo exoneró a García Ortiz por borrar los mensajes de su móvil. Avaló su decisión al afirmar que el fiscal general tenía la «facultad de destruirlos» si consideraba que la información sensible que contenían peligraba. El acusado recibió los polémicos correos en los que González Amador se abría a reconocer dos delitos fiscales para eludir penas de cárcel en su cuenta personal. Sin embargo, el delegado de protección de datos cree que no vulneró la normativa por usar su dispositivo particular. En su opinión, la nota difundida por la Fiscalía el 14 de marzo del año pasado tampoco supuso «una violación de seguridad».

Una línea que ha seguido la fiscal jefe de Inspección, que en dos meses, desde la filtración en prensa a la apertura de diligencias, declinó investigar, como se quejó en su día la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). «No hubo tiempo de hacer nada», lamentó este martes Sanz Gaite. A continuación, narró que su departamento recibió una denuncia de Manos Limpias el 15 de marzo y que el 19 se abrió un expediente. Pocos días más tarde, llegó otra denuncia que dio lugar a un segundo expediente, ambos unificados. Sin embargo, las pesquisas se cerraron tras conocer que se había abierto una investigación penal.

No han sido los únicos subordinados que han salido al rescate de García Ortiz. En la primera sesión ya lo hicieron la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, que estuvieron inicialmente imputados en la causa. Ese día quedó patente la profunda herida que ha generado el proceso en el Ministerio Público. Especialmente cuando la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, señaló al acusado como el filtrador. Afirmó que se lo reprochó en su momento, pero la respuesta fue un «eso ahora no importa».

La mayoría de los fiscales que han pasado por el juicio parecen seguir una operación perfectamente orquestada para salvar a García Ortiz. Un plan más propio de una película de Spielberg. El guionista de Salvar al soldado Ryan, Robert Rodat, descubrió en un pequeño pueblo de New Hampshire (Estados Unidos) un monumento dedicado a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. En el monolito observó varias veces el apellido Niland, perteneciente a tres hermanos que habían muerto en combate. El cuarto fue liberado en una peligrosa misión encomendada a un grupo de soldados americanos tras el desembargo de Normandía (Francia) en 1944.

García Ortiz es «inocente»

Las acusaciones consideran que en esa misión para salvar al soldado García Ortiz los fiscales no están solos, sino que participan algunos periodistas. Y todo, por el simple hecho de no revelar sus fuentes, como les ampara la ley. Que algunos de ellos le conocieran antes de que se convirtiera en fiscal general e incluso tuvieran relación con él no supone ninguna prueba en contra del acusado. En España afortunadamente rige el principio de presunción de inocencia. Amén de que los periodistas no pueden ser señalados por ejercer su labor, vital en una democracia.

Este martes han pasado por el juicio seis profesionales de la comunicación, dos de ellos muy relevantes para las pesquisas. José Manuel Romero, que entonces ejercía como subdirector de El País, ha tratado de extender la sombra de la sospecha sobre la Fiscalía de Madrid, donde una fuente «de toda solvencia» le confirmó ya el 12 de marzo las intenciones de pactar que tenía el novio de Ayuso.

El periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos explicó durante su declaración que vio el correo de González Amador horas antes de que García Ortiz accediera al documento. Es el segundo profesional que lo admite en una semana. Unos días antes fue José Precedo, adjunto al director en elDiario.es, quien reconoció que el 6 de marzo del año pasado ya había accedido al email que envió el abogado del novio de Ayuso. Por tanto, una semana antes que el acusado, al que calificó de «inocente».

Así entra el juicio en su recta final. Este miércoles será el turno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizaron los registros en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid y el informe que constató el borrado de mensajes. La traca final llegará con la declaración del fiscal general, la más esperada. Se espera que niegue cualquier relación con la filtración y se culpe de la nota que su jefa de prensa, Mar Hedo, reconoció haber escrito a su dictado, aunque ella declaró que sabía escribir «algunos párrafos».