La UCO señala a Moncloa por la filtración del correo del novio de Ayuso: «Tenía dominio»

Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalan a Moncloa por la filtración del correo electrónico del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Los técnicos que han declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que ellos observan dos filtraciones. Han señalado a la antigua directora del director del Gabinete de Presidencia, Pilar Sánchez Acera, porque «parece tener dominio de la acción, parece saber cuándo se va a publicar» el email de Alberto González Amador. Han destacado que le comentaron al exlíder del PSOE en Madrid Juan Lobato que «antes de que tú hables va a estar en los medios, lo vas a tener». Los testigos también han confirmado que Álvaro García Ortiz borró los mensajes de su teléfono móviles el 16 de octubre del año pasado, el mismo día que fue imputado.

Los agentes de la UCO han apuntado hacía García Ortiz en la quinta jornada del juicio por tener «un dominio a todos los niveles durante todo el proceso». Uno de los peritos ha subrayado que durante la investigación advirtió de «dos filtraciones». La primera, el entrecomillado del correo del 2 de febrero con la confesión del novio de Ayuso que apareció en la Cadena Ser a las 23.51 horas del 13 de marzo del año pasado. Como segunda filtración se ha referido a «otro circuito» y «propósito» que es «todo el correo en sí», apuntando a la conversación entre Lobato y Sánchez Acera, antigua empleada en Moncloa y ahora número dos del PSOE madrileño.

El juez instructor, Ángel Hurtado, ya eximió el pasado marzo a la actual número dos del PSOE de Madrid de la filtración de la pareja de Ayuso. No obstante, el magistrado no otorgó credibilidad a su declaración al observar «fisuras» en su testimonio. La semana pasada Sánchez Acera descartó en el Supremo que la Fiscalía le filtrara documentos.

Durante su declaración como testigo señaló que el correo en el que González Amador se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales lo consiguió a través de una periodista, aunque no recuerda su identidad ni el medio al que pertenecía. Tampoco pudo comprobarlo porque cambió de móvil poco después: «Era un pantallazo». Y precisó: «En ningún momento recibo ni tengo en mi poder el correo de 2 de febrero (…) sino uno que «no tiene ni quién envía ni destinatario ni fecha. Tiene pie de firma del despacho de abogados».

«Es el correo tal cual, pero blanqueado», ha señalado uno de los peritos. El testigo ha destacado que a pesar de los intentos de Sánchez Acera para convencer a Lobato que ya se había publicado la confesión del novio de Ayuso, «realmente en los medios no está hasta que lo publica El Plural». «A las 8:29 horas (cuando se produce la conversación) no está aún publicado en ningún medio de comunicación». La imagen aparece finalmente a las 9.06 horas del 14 de marzo de lo que el agente infiere que la entonces asesora de Moncloa tenía «el dominio de la acción». Y ha añadido: «Entendemos que sale de ahí».

Los peritos han subrayado la actuación de Lobato, que advirtió que la documentación que le envió Sánchez Acera no se encontraba en los medios de comunicación y que parecía venir de Fiscalía, por lo que se negó a usarlo. «El jefe de prensa le desaconseja que lo haga por lo que sea. Lo llamativo es que se da cuenta de que publicar un correo con esos datos personales puede incurrir en una irregularidad, no ya algo delictivo. Lo percibe así».

«Sin ser abogado ni fiscal se da cuenta de que publicar ese correo puede incurrir en una irregularidad», han insistido los peritos. Lobato se curó en salud y acudió al notario para acreditar que el 14 de marzo del año pasado le enviaron desde Moncloa un correo electrónico con datos reservados de González Amador una hora antes de que se publicara en los medios. Una acción que le costó la secretaría general del PSOE de Madrid hace ahora un año.

El actual senador socialista reconoció en la tercera jornada del juicio a García Ortiz que no usó el email que envió el abogado del empresario a la Fiscalía porque desconocía su origen e intuía que este podía no ser «legítimo». Eso ha motivado que los agentes de la UCO hayan reprochado a los fiscales que no cayesen en la cuenta que filtrar el correo del novio de Ayuso o que publicar una nota de prensa con frases textuales fuese irregular.

La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, ha recriminado a los agentes de la UCO que atribuye la filtración a García Ortiz cuando más de 500 personas tenían acceso a ese correo. «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas», ha replicado uno de los peritos mientras se escuchaban algunas risas en la sala. El agente ha detallado que la investigación del fiscal general se centró «en aquellas personas sobre las que hay indicios o sospechas» y que estas se fueron concretando «en una persona concreta».

Los peritos han confirmado que el borrado de mensajes y correos que realizó García Ortiz era «irrecuperable». La eliminación se realizó el 16 de octubre del año pasado, el mismo día que le imputó el Supremo. Una semana más tarde cambió de terminal. Los testigos han especificado que a mediodía introdujo la tarjeta en ese nuevo móvil con la intención de hacer el formateo, pero que tuvo que enviar un email al Ministerio para la Transformación Digital (que dirige Óscar López, jefe de Sánchez Acera cuando se produjo la filtración) la mañana siguiente para que le ayudaran.

«Desde el 30 de junio solo se tiene constancia de un solo formateo, el realizado el 23 de octubre de 2024», han especificado. La última declaración de la mañana ha tenido como protagonistas a dos peritos de parte propuestos por la defensa. Estos han afirmado que es imposible determinar cuándo y cuántos mensajes se borraron y que García Ortiz puedo haberlos eliminado antes del día señalado, cuando le imputó el Supremo. La acusación ha tirado con bala contra uno de ellos al revelar que trabaja para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una empresa pública.