La defensa de García Ortiz advierte de un «juicio paralelo» y señala a la Fiscalía de Madrid

El fiscal general ha sido víctima de «un juicio paralelo basado en conjeturas». La defensa de Álvaro García Ortiz, que ejerce la Abogacía del Estado, ha denunciado este jueves que el procedimiento contra su cliente por revelación de secretos ha estado marcado por «un contexto mediático excepcional» que ha afectado a su derecho a la defensa. El abogado José Ignacio Ocio ha apuntado a la Fiscalía Superior de Madrid como posible origen de la filtración de los correos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y ha vuelto a pedir la nulidad de los registros del despacho del jefe del Ministerio Público, especialmente después de los testimonios de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

«Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario», ha insistido Ocio al inicio de su informe de conclusiones en el que ha sustentado su petición de absolución para García Ortiz, acusado de filtrar un correo con la admisión de dos delitos por parte de Alberto González Amador, novio de Ayuso. El abogado del Estado ha expresado su confianza en que «esa contaminación externa» no afecte a la «serenidad, independencia y objetividad» con la que los magistrados del Tribunal Supremo deben dictar sentencia. El fiscal general se enfrenta a una petición de hasta seis años de prisión y 12 de inhabilitación.

La exposición de Ocio se ha prolongado durante hora y media. El abogado del Estado ha subrayado que se han aportado pruebas que apuntan a que el origen de la filtración procedería de «una fuente solvente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid», liderada por Almudena Lastra, la fiscal que narró al tribunal que había reprochado a García Ortiz haber enviado los correos del novio de Ayuso a los periodistas. Según su versión, el acusado le contestó que «ahora eso no importa». Para la defensa, se trata de «conjeturas» que se explican por «una mala relación con la cúpula de la Fiscalía General del Estado».

Lastra versus García Ortiz

Como ya hizo durante la fase de instrucción y al inicio de este juicio, la defensa de García Ortiz ha reclamado la nulidad de los registros que realizó la UCO en el despacho del fiscal general el 30 de octubre del año pasado. Ocio considera que fue «desproporcionado» y que el auto del juez instructor, Ángel Hurtado, tenía «una acotación temporal excesiva, siente meses y 22 días». En su opinión, el acta de la entrada es «ambiguo» y «críptico», algo que intuía y que ha confirmado «con certeza» tras las declaraciones de los agentes en la jornada de ayer.

«El mandato del instructor no fue cumplido», ha recalcado el abogado del Estado. Ocio solicita la nulidad de la diligencia de entrada y registro al despacho de García Ortiz «porque no se ejecutó en los términos contemplados, ni se hizo cribado por palabras, ni se ha producido expurgo documentación intervenida». En su opinión, esto supone una vulneración de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Ocio ha insistido en que, tras escuchar a los agentes de la UCO, ha quedado claro que los investigadores infringieron la orden del juez instructor porque «se clonó y se copió sin cobertura legal». La defensa de García Ortiz ha precisado que se hizo copia total de los dispositivos electrónicos y no parcial acotada al marco temporal que dictó Hurtado, del 8 de marzo al 30 de octubre del año pasado.

La Abogacía del Estado sostiene que González Amador «era perfectamente conocedor de las consecuencias reputacionales» que su caso podía ocasionar a su pareja. Por eso, ha subrayado que, junto al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Angel Rodríguez, «idearon una estrategia comunicativa tendente a minimizar» las consecuencias que pudieran ocasionarle esos problemas tributarios.

La posición de la Fiscalía

Otro de los argumentos de la defensa de García Ortiz es que las acusaciones «manipulan» porque se han encontrado «cero indicios» para culparle. Ocio ha esgrimido que «más allá de las afirmaciones de González Amador… no se ha aportado prueba documental de que haya sufrido daño económico» por las actuaciones de la Fiscalía. Y ha insistido: «Le está pidiendo 400.000 euros a García Ortiz». El abogado del Estado ha señalado que a pesar de lo que se ha dicho, las negociaciones de conformidad del novio de Ayuso han continuado adelante.

«El fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está haciendo aquí», ha recalcado Ocio. En esa misma línea se manifestó esta mañana la Fiscalía en su informe de las conclusiones. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha cargado contra los informes de la UCO donde «no hay pruebas que le incriminen» y recalcado que «cuando una noticia se le ha hecho llegar a un periodista, ya no hay revelación de secretos». Una fórmula que también ha destacado la defensa de García Ortiz.