La Fiscalía niega que actuara «de forma impropia» contra el novio de Ayuso
Sánchez Conde asegura que se trató como «cualquier ciudadano» y pone en tela de juicio la actuación de la Guardia Civil
García Ortiz este jueves en el Supremo, durante la sexta jornada del juicio. | Matías Chiofalo (Europa Press)
No hubo uso político del caso de Alberto González Amador. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha señalado en la sexta jornada del juicio contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos que la Fiscalía no realizó ninguna actuación «impropia» con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su opinión, el Ministerio Público le trató «como cualquier otro ciudadano» al que se le investiga por delitos de fraude fiscal. En su informe final ha solicitado la libre absolución de su jefe al no apreciar delito alguno y puesto en tela de juicio la actuación de la Guardia Civil.
Sánchez Conde, número dos de García Ortiz en la Fiscalía, ha recalcado esa cuestión antes de presentar su informe de conclusiones en el juicio, que «está fuera de toda duda» la actuación que llevó a cabo el Ministerio Fiscal desde que abrió las diligencias preprocesales relativas al novio de Ayuso hasta que presentó su denuncia ante los juzgados madrileños. Ha recalcado que el propio acusado reconoció durante su declaración que nunca pretendió dañar a González Amador, aunque este alega que esa «sentencia popular» le ha afectado en diversos aspectos de su vida, tanto personales como profesionales.
«El señor González Amador ha recibido el mismo trato en estas actuaciones que el que recibe cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales, puesto que la denuncia contra él fue presentada con antelación al conocimiento de su identidad o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid» por parte de la Fiscalía, ha recalcado Sánchez Conde durante la media hora que ha durado su intervención. La defensa del novio de Ayuso reclama cuatro años de prisión para García Ortiz por revelación de secretos.
La representante del Ministerio Público ha realizado alusiones constantes a los argumentos que esgrimió el juez instructor, Ángel Hurtado, para sentar en el banquillo a un fiscal general por primera vez en la democracia. Sánchez Conde ha recordado que el magistrado dejó fuera del procedimiento la nota de prensa publicada por la Fiscalía al considerar que era lícita y centró la causa en la presunta filtración del correo donde el novio de Ayuso se prestaba a reconocer dos delitos fiscales. Una filtración que, según las acusaciones, se facilitó al periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos.
Sánchez Conde también ha sacado a relucir durante sus conclusiones a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, la misma que narró al tribunal que había reprochado por teléfono al fiscal general la filtración. Según su versión, este le contestó que «eso ahora no importa» y le habló de la necesidad de publicar una nota de prensa para «ganar el relato». La teniente fiscal del Supremo ha señalado que las manifestaciones de Lastra no forman parte del objeto de la causa. Además, ha sostenido que su reconocimiento de que no leyó ni participó en la nota de prensa de la Fiscalía «desvirtúa el valor prevalente» que da el instructor a su testimonio.
El testimonio de los periodistas
La teniente fiscal del Supremo también ha discrepado del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que «no puede ser una prueba pericial». Para ello ha tirado de jurisprudencia. En su opinión se trata de una «prueba del nueve» para concluir que García Ortiz fue quien filtró el correo con la confesión del novio de Ayuso. Considera que la investigación «no desprende ninguna prueba» contra el fiscal general y que los agentes podrían haberse extralimitado del encargo que le hizo el juez Hurtado.
«El borrado aparte no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa», ha defendido Sánchez Conde. La representante del Ministerio Público ha señalado que «viendo aún en la hipótesis tremenda nunca contrastada de que el fiscal general hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo del 2 de febrero, una vez que lo tuvo en su poder, es de todo punto conocido que era impune, puesto que la noticia era conocida por los medios de comunicación y está acreditado documentalmente en la causa». La teniente fiscal ha incidido en la importancia de los testimonios de los periodistas, que eximen a su jefe de la filtración, y que han desdeñado las acusaciones.