The Objective
Tribunales

El novio de Ayuso denuncia que García Ortiz le impuso una «sentencia popular» con la filtración

El abogado de González Amador reprocha a la Fiscalía que enviara el correo a la prensa para realizar un uso político

El novio de Ayuso denuncia que García Ortiz le impuso una «sentencia popular» con la filtración

García Ortiz llega al Supremo en la última jornada del juicio. | J. J. Guillén (EFE)

La acusación particular cerca a Álvaro García Ortiz. El abogado Gabriel Rodríguez Ramos ha denunciado este jueves, en la última jornada del juicio, que la filtración que sufrió Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, destrozó su presunción de inocencia al transmitir que «es un delincuente confeso». El uso de esa terminología en la nota de prensa, de cuya filtración también acusa al fiscal general, creó «un relato público de culpabilidad firmado por el Ministerio Fiscal».

Rodríguez Ramos ha señalado que a su cliente se le impuso «una sentencia popular» que le convirtió en «moneda política». García Ortiz declaró ayer que el comunicado incluyó datos del novio de Ayuso con «exquisitez» y que nunca tuvo intención de perjudicarle. Una versión que ha avalado en las conclusiones su número dos, la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. En opinión de esta, la Fiscalía no realizó «ninguna actuación impropia» contra el empresario.

El abogado de González Amador ha relatado durante casi hora y media su informe de conclusiones ante el tribunal que juzga a García Ortiz por revelación de secretos. El fiscal general está acusado de filtrar el email donde la defensa del empresario se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un pacto con la Fiscalía para eludir la cárcel. Rodríguez Ramos ha apuntado al jefe de Ministerio Público como responsable de dos filtraciones: una del correo para blanquearlo en la prensa y hacer un uso político posterior y otra de la nota de prensa, que apareció en medios antes de su difusión.

La descarga de García Ortiz

Rodríguez Ramos ha subrayado que, para que la Fiscalía General del Estado pudiera instaurar un «relato institucional de culpabilidad» contra el novio de Ayuso primero era necesario que la información que daba sustento al relato se publicara en los medios. El abogado ha cargado las tintas contra García Ortiz por la filtración del correo donde su cliente se abría a admitir la comisión de dos delitos la noche del 13 de marzo del año pasado y por la publicación, la mañana siguiente, de una nota de prensa que «dictó» a su jefa de prensa en la que se incluyen frases textuales del documento filtrado. En su opinión, la inclusión de quién había propuesto el acuerdo de conformidad «no era necesario» para «neutralizar ningún bulo».

En su descarga, García Ortiz afirmó el miércoles que la filtración y la nota de prensa siguieron «cursos causales» tan «diferentes» que son «incompatibles». Una versión que ya avanzó en una entrevista en TVE el día de su imputación, tal y como ha recordado el abogado del novio de Ayuso en la sexta y última jornada del juicio, el primero contra un fiscal general en ejercicio. El acusado manifestó en su declaración que no tenía sentido iniciar una filtración y elaborar una nota a continuación. Rodríguez Ramos ha negado la mayor al considerar que para él si la tenía porque «las revelaciones previas de periodistas le habilitaban para incluir el delito en la nota».

«No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena», ha subrayado el abogado de Ayuso. En su opinión, «que te marquen y te conviertan en moneda política de España, arrasa con su presunción de inocencia y tu derecho a la defensa». Rodríguez Ramos ha acusado a García Ortiz de hacer un «relato institucional» con la nota de prensa.

Un relato que, ha denunciado, se ha ido apuntalando «día a día por el Gobierno». El abogado del novio de Ayuso se ha quejado de que los representantes políticos estén «ejecutando esa sentencia popular diariamente». Ha puesto diferentes ejemplos de ello, como las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aludiendo a González Amador como «delincuente confeso». En su opinión, «se trata de una maquinaria de comunicación» que ha generado a su cliente «importantes daños, tanto económicos como personales».

Eliminación de la prueba

Rodríguez Ramos ha efectuado una exhaustiva cronología de los hechos que han llevado al fiscal general al banquillo. Durante su turno, ha destacado que ni García Ortiz ni el periodista de La Ser Miguel Ángel Campos (que según la acusación reveló la confesión del novio de Ayuso) ni la jefa de prensa de la Fiscalía General de Estado, Mar Hedo, han querido compartir las comunicaciones que mantuvieron la noche del 13 de marzo del año pasado, cuando habría tenido lugar la filtración.

«¿Habría habido algún problema en mostrarlas si las mismas no existieran?», se ha preguntado el abogado del novio de Ayuso. Luego ha incidido en que «no hay ningún compromiso con su fuente salvo que García Ortiz «sea la fuente». A continuación, el letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha explicado que el delito de revelación de secretos se cometió en dos escenas del mismo acto: la filtración del correo y la nota de prensa, que divulgaba lo que sabían nueve periodistas y una política (en alusión a Pilar Sánchez Acera, que entonces trabajaba en Moncloa).

Para el abogado de Foro, otra de las acusaciones populares, existe «una sincronía» entre el momento que García Ortiz dispone de la documentación sobre el novio de Ayuso y la filtración. También ha subrayado que el fiscal general no negó la filtración a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando esta le preguntó por ello. El letrado de Manos Limpias, Víctor Soriano, ha destacado que el acusado eliminó el rastro de toda prueba de descargo al borrar mensajes y su cuenta de correo electrónico personal «sin ninguna razón amparada por la razón y la justicia» amparándose en razones de seguridad, lo que no tiene «ningún sustento».

Una línea que ha seguido Juan Antonio Frago, abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), para quien la «eliminación intencionada puede y debe ser tomada como prueba de cargo a los efectos probatorios». A continuación ha recordado una extensa jurisprudencia al respecto. El letrado ha advertido el desliz que tuvo el periodista de La Ser, que dijo durante su declaración que «él me enseñó el correo (del novio de Ayuso)», lo que eliminaría la ecuación de la filtración a Lastra, Hedo y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.

Publicidad