Ábalos se alinea con García Ortiz para invalidar el análisis de sus dispositivos por la UCO

José Luis Ábalos se sube al carro de Álvaro García Ortiz. El exministro de Transportes se ha alineado con la defensa del fiscal general, que considera que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha extralimitado en cuanto al mandato judicial. Es una fórmula que le valdría para anular las diligencias en su vivienda el pasado junio. El dirigente socialista valenciano, investigado en el Tribunal Supremo por su papel en la compra de mascarillas durante la pandemia y el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, lleva meses poniendo en el disparadero a los agentes por el registro de su domicilio. Sostiene que estos «no se limitaron» a hacer el clonado de su correo electrónico personal y critica que no le devuelvan el control de su cuenta.

La UCO registró la casa de Ábalos en Valencia el pasado 10 de junio durante más de nueve horas en busca de documentación sobre contratos de obra pública relacionados con el denominado caso Koldo. Las pesquisas se enmarcaron en una causa secreta abierta después de que Víctor de Aldama aportara hace un año en el Supremo documentos sobre el supuesto amaño de obras públicas. Los agentes se incautaron de teléfonos móviles, memorias USB y un iPad. El exministro no estaba solo aquel día. Como avanzó este diario, le acompañaba una joven que trató de ocultar un disco duro.

Ábalos considera que la UCO se extralimitó durante el registro de su vivienda. El exministro ha aprovechado la posición de la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz en el procedimiento por revelación de secretos, para solidarizarse con él y publicar un mensaje en la red social X en el que denuncia «el bloqueo que pesa sobre mi cuenta de Hotmail». El ex secretario de Organización del PSOE reclama «la restitución inmediata de su control como legítimo titular» y medidas que garanticen que no tendrá perjuicios adicionales.

El tuit de Ábalos

La defensa del fiscal general reclama desde la fase de instrucción la nulidad de los registros del despacho de García Ortiz en octubre del año pasado. Una tesis que ha mantenido durante el juicio el abogado del Estado José Ignacio Ocio, que considera que la UCO se extralimitó en el clonado de los dispositivos del jefe del Ministerio Público. En su opinión, la entrada de los agentes fue «desproporcionada» porque el auto del juez instructor, Ángel Hurtado, «tenía una acotación temporal excesiva, siete meses y 22 días» que no se cumplió.

«Si como dice la Abogacía del Estado, defensa del fiscal general, la orden de entrada y registro de su despacho ‘no fue cumplida’, el registro fue ‘desproporcionado’ y que ‘se clonó y copió sin cobertura legal’ sus dispositivos, entonces que se podría decir del registro operado por la UCO en mi domicilio el pasado 10 de junio cuando, a pesar de haber facilitado las contraseñas de mi correo electrónico […] no se limitaron a realizar su volcado/clonado, sino que, rebasando el mandato judicial […] cambiaron los alias, redirigieron el correo a la Guardia Civil y en lugar de devolverme el control de mi cuenta, a día de hoy siguen manteniendo el bloqueo total y exclusivo a ella», ha escrito Ábalos.

El exministro ha explicado en su cuenta de X que su defensa presentó el pasado 24 de octubre un escrito en el Supremo que no ha resuelto el magistrado Leopoldo Puente. «Es el único de mis escritos que a día de hoy está aún sin responder […] a pesar de que esta acción de la UCO constituye una extralimitación flagrante e indiscutible en la ejecución del auto judicial y una ‘metamorfosis’ ilegal de la medida». En opinión de Ábalos, este hecho supone un fraude de ley procesal y «una medida cautelar anómala no prevista en la ley».

«Esta retención prolongada de mi correo electrónico por la Guardia Civil, vulnera el principio de proporcionalidad, ya que existen alternativas menos gravosas para mi vida cotidiana», ha insistido Ábalos. En su opinión, se están vulnerando derechos fundamentales recogidos en el artículo 18 de la Constitución, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, «que se refieren al derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y en la correspondencia».

«Excede toda previsión legal»

Ábalos ya solicitó a Puente el pasado 24 de octubre que ordenara «el cese inmediato» del «bloqueo» que, asegura, pesa sobre su cuenta de correo electrónico desde que la UCO registró su casa. El escrito, firmado por su nuevo abogado, Carlos Bautista, dice que los agentes se extralimitaron porque el magistrado solo autorizó «el acceso, visionado y volcado/clonado de las comunicaciones privadas halladas durante el registro». Sin embargo, estos se hicieron con el control de su cuenta de Hotmail hasta la fecha.

El exministro se quejó de que había sido privado del acceso y uso de «un canal de comunicación fundamental», lo que «excede toda previsión legal de temporalidad necesaria en una medida de investigación». Además, alegó que esa privación continuada estaba «causando perjuicios extraordinariamente graves» y afectaba a su esfera personal, profesional y social. El bloqueo de la cuenta, continuó, le imposibilitó incluso «renovar contratos de suministros, acceso a documentos, gestión de citas médicas o atender correspondencia ordinaria». Eso le habría provocado un daño que «excede manifiestamente la legitimidad de cualquier finalidad investigadora».