División en la Fiscalía tras el juicio a García Ortiz: «Ni independencia ni imparcialidad»

«La Fiscalía vive sus peores momentos», afirma un miembro de la carrera con tres décadas de servicio. El proceso que abrió el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, pendiente de sentencia por revelación de secretos, ha dividido al Ministerio Público. «La herida es profunda», admite otro veterano del órgano encargado de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. La brecha comenzó a fraguarse con la imputación del fiscal general y ha ido escalando hasta el juicio, donde la mayoría de los fiscales consultados por THE OBJECTIVE consideran que se ha transmitido una imagen «pésima» de la institución por la actuación de la fiscal encargada del caso, María Ángeles Sánchez Conde.

Fiscales experimentados creen que es «imposible» que el fiscal general esté sentado en el banquillo y que el representante de la Fiscalía actúe «con independencia e imparcialidad», dos de los principios que rigen sus actuaciones. García Ortiz ha permanecido todo el juicio sentado en el estrado y ataviado con la toga mientras sus subordinados declaraban. «Deben pensar que si no actúan bien, le matan, lo que supone una coacción implícita», explica un veterano fiscal que recuerda el principio de jerarquía que guía la institución.

«La actuación de la Fiscalía ha estado orientada a proteger a García Ortiz desde el principio», dice un prestigioso fiscal. Otro colega subraya que se ha cambiado varias veces de fiscal durante el procedimiento y se ha calificado como «correcta» la forma de proceder del Ministerio Público en una presunta revelación de datos confidenciales. La propia Sánchez Conde subrayó el jueves, en la sexta y última jornada del juicio, que el Ministerio Público no había realizado ninguna actuación «impropia» con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al que se trató «como cualquier otro ciudadano».

La ‘número dos’ de García Ortiz

Los fiscales acusan a Sánchez Conde de estar más preocupada por hacer de abogada de la defensa que por ejercer su papel. «Es muy cercana a García Ortiz. Es su número dos en la institución y no se ha desvinculado de esa relación», subraya un experimentado miembro de la carrera. Otro compañero sostiene que «hay unanimidad en que la apariencia de parcialidad del Ministerio Público ha sido palmaria. No se puede repetir porque nos arrastra al descrédito».

La teniente fiscal del Supremo discrepó en el juicio del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, del que dijo que no podía servir como prueba pericial. En su opinión, de las pesquisas de los agentes «no se desprende ninguna prueba» contra el fiscal general. Además, considera que los investigadores se habrían extralimitado del encargo que le hizo el juez instructor. «Atacar a la UCO parece ciencia ficción», critican diversos fiscales.

Algunos de sus colegas presentes en el juicio llegaron a reírse cuando el teniente coronel Antonio Balas, uno de los testigos, afirmó que la UCO no hace investigaciones prospectivas. «Hasta han atacado a la víctima (en referencia al novio de Ayuso)», clama un veterano miembro de la carrera. A la mayoría les preocupa los reproches que lanzó Sánchez Conde a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. La misma que asegura haber preguntado a García Ortiz si había filtrado los correos de González Amador y que este le contestó: «Eso ahora no importa».

Sánchez Conde, como la defensa del fiscal general, que ejerce la Abogacía del Estado, consideran esas manifestaciones fruto de la animadversión que siente Lastra por García Ortiz. «Es inadmisible», sentencia un antiguo compañero de la fiscal superior de Madrid. En su opinión, ataques a compañeros como este revelan que «algo está pasando» en la Fiscalía.

«Una presión inadmisible»

Otros colegas le restan importancia: «Sufrimos porque esta situación provoca malestar, pero no lo llamaría división. Hay compañeros entregados al fiscal general y luego estamos el resto». Pero no todos son tan benévolos. Muchos critican que en el receso de la primera jornada del juicio, García Ortiz recibiera una ovación en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle de Fortuny. «Esos aplausos son una vergüenza. Primero porque es la casa de todos y segundo porque es una falta de respeto al tribunal que le juzga», recalca un prestigioso fiscal.

La división entre partidarios y detractores de García Ortiz comenzó el 16 de octubre del año pasado, cuando el Supremo abrió una investigación contra él por, presuntamente, revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de Ayuso. Dos de las tres asociaciones profesionales, la mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), pidieron que dimitiera para evitar daños en la institución, pero él se negó con el apoyo implícito del Gobierno.

La APIF se personó como acusación popular contra García Ortiz semanas más tarde, el 28 de octubre. Una decisión que fue muy criticada en la Fiscalía. La asociación explicó que tomó ese camino al constatar que el fiscal general no dimitiría y que la institución iba a ponerse de su parte. «Si hubiese dimitido, no nos hubiésemos personado», dicen desde la organización. Son los que más condena reclaman para el acusado, seis años de prisión. En su opinión, «han existido obstáculos procesales desde el principio».

Los fiscales consultados recuerdan que antes de que el caso saltara al Supremo, mientras se dirimía en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Sánchez Conde ordenó archivar la querella que presentó González Amador por una presunta revelación de secretos. La fiscal encargada, María de la O Silva, era partidaria de investigar quién ordenó recopilar y divulgar los datos sobre González Amador, pero se topó con la Fiscalía General del Estado.

García Ortiz se abstuvo de la decisión. La dejó en manos de Sánchez Conde, que dispuso cerrar la investigación. Como avanzó El Mundo, Silva fue convocada a tres reuniones para que se desentendiera del caso. A alguno de los encuentros, en la sede de la Fiscalía General del Estado, también acudieron la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez (entonces imputada), y el fiscal Julián Salto, encargado del caso del novio de Ayuso. E insisten: «Hubo una presión inadmisible sobre la fiscal encargada».

Silva reclamó una junta de fiscales en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que establece que cuando se recibe una instrucción considerada improcedente se traslade a este órgano superior, aunque la última palabra la tiene siempre el jefe del Ministerio Público. Los fiscales decidieron por estrecho margen no investigar, aunque su voto no era vinculante. Varios de sus miembros consideran ahora que García Ortiz les cercenó información porque no explicó que fue él quien dio la orden de elaborar una nota de prensa que contenía datos reservados del novio de Ayuso.