Pujol comparecerá el lunes por videollamada ante la Audiencia para examinar su salud
El expresidente catalán fue ingresado en un hospital este domingo, a pocos días del juicio por su fortuna oculta

El expresidente catalán Jordi Pujol. | Kike Rincón (Europa Press)
El tribunal que va a juzgar a partir de la próxima semana a los miembros de la familia Pujol por su fortuna oculta ha acordado que Jordi Pujol comparezca el próximo lunes, antes del inicio de la vista, por videoconferencia. Ese día también lo harán los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud y las partes personadas en este procedimiento. La intención de los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal es examinar en qué condiciones se encuentra el expresidente catalán después que este domingo fuese ingresado en un hospital aquejado de una neumonía.
Pujol permanecerá ingresado unos cuatro o cinco días, según fuentes de la familia del expresidente catalán. Este es el plazo orientativo que les han dado los médicos para recuperarse. Sus familiares han recordado que tiene 95 años y que, a esa edad, una neumonía mal resuelta supone un factor de riesgo. El expresidente catalán está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre. La pasada semana, un médico forenses le examinó para enviar un informe a la Audiencia Nacional, que deberá valorar su estado de salud para decidir si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio en Madrid.
Fue el mismo equipo legal de Pujol quien solicitó a la Audiencia Nacional que valorara su capacidad para ser juzgado y de afrontar el rol dialéctico de la defensa, o si puede no asistir de forma presencial al juicio y seguirlo e intervenir de manera telemática. De hecho, Oriol Pujol, uno de los hijos del expresidente catalán, ha asegurado recientemente en una entrevista a Catalunya Ràdio que su padre «tiene ganas» de ir a juicio, aunque su cuerpo «no aguanta».
Pujol con neumonía
Según Oriol Pujol, a su padre a veces «le cuesta recordar los nombres de los hijos» y, de hecho, presenta «marcadores de alzhéimer». «Cognitivamente, es una persona de 95 años, con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien», precisó. «No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar». El hijo del expresidente catalán afirmó que su progenitor «arrastra dolor» y que, a pesar de que su cuerpo está «castigado, débil, frágil», no quiere eludir el juicio: «En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio».
La Audiencia Nacional fijó para el 24 de noviembre el inicio del juicio a Pujol y a sus siete hijos por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas. Lo hace diez años después de que se abriera la causa y cinco desde que se cerrara la investigación pertinente. Está previsto que el juicio dure más de 50 sesiones, hasta abril de 2026.
El 25 de julio de 2014, Pujol confesó haber mantenido durante 34 años «dinero ubicado en el extranjero» que no había regularizado en tres décadas. Tampoco durante los 23 años que estuvo al frente del Gobierno catalán, a pesar de que mantuvo un férreo discurso sobre su honorabilidad, como cuando declaró desde el balcón del Palau de la Generalitat que «a partir de ahora, de ética y moral hablaremos nosotros». Fue en 1984, después de que la Fiscalía le acusara de dejar un agujero de 20.000 millones de pesetas en Banca Catalana, entidad de la que era el principal accionista. No obstante, el caso se archivó dos años después.
La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los ocho y los 29 años de cárcel que reclaman a su primogénito, así como multas millonarias. La Abogacía del Estado no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros. Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.
