La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y otros 20 para Koldo por cinco delitos
Anticorrupción reclama que se les imponga una multa de 3,7 millones de euros por la trama de las mascarillas
Imagen de archivo de José Luis Ábalos y Koldo García en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el ex ministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para su antiguo asesor Koldo García. Ambos se encuentran imputados en el Tribunal Supremo por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El escrito de acusación previo al juicio reclama que se les imponga una multa de 3,7 millones de euros por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La misma cantidad que solicita, además de siete años de cárcel, para el empresario Víctor de Aldama, al que se aplica el atenuante de confesión.
El documento que ha presentado este miércoles en el Supremo el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, pormenoriza los años que reclama para Ábalos por cada uno de los delitos que se le imputan, al que ha sumado el de uso de información privilegiada. El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE reclama siete años de prisión por pertenencia a organización criminal, seis por cohecho continuado, cuatro años diferentes variantes de tráfico de influencias, dos años y una multa de 3,7 millones de euros por uso de información privilegiada y otros cinco años de cárcel por malversación.
Luzón solicita una condena de 19 años y medio para Koldo García: seis años de cárcel por pertenencia a organización criminal, cinco por delito de cohecho continuado, un año y medio y una multa de 3,7 millones de euros por uso de información privilegiada, tres años por tráfico de influencias en sus distintas variantes (uno y medio por cada una) y cuatro años más de prisión por malversación.
Ábalos camino de juicio
El escrito del fiscal también reclama una indemnización conjunta de Ábalos y Koldo García de 34.477 euros para Ineco y otros 9.500 euros a favor de Tragsatec, las dos empresas públicas en las que habrían maniobrado para enchufar a Jésica Rodríguez, entonces pareja del exministro. Luzón también subraya la necesidad de «acordar el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298 euros».
Aldama no se libra del escrito de Luzón. El fiscal pide para él cuatro años de prisión por pertenencia a organización criminal y otros tres años por cohecho continuado. También solicita que se le multe con 3,7 millones por aprovecharse de información privilegiada. No obstante, le aplica el atenuante de confesión. El comisionista declaró en la Audiencia Nacional en noviembre del año pasado en el marco de otro caso, el de hidrocarburos.
Ese día confirmó los hechos que ya se investigaban en el caso Koldo y reveló otros, tanto en relación con la trama de mascarillas como de la trama de obra pública que, en ese momento, se desconocía. Tras ese testimonio, el empresario fue puesto en libertad tras permanecer mes y medio en la madrileña cárcel de Soto del Real por orden del juez Santiago Pedraz tras el cambio de parecer del fiscal Luis Pastor. Desde entonces, Aldama ha ido entregando diferente documentación tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo.
Anticorrupción registra estas peticiones después de que el juez del Supremo Leopoldo Puente acordara el pasado 3 de noviembre juzgar Ábalos, su asesor y a Aldama por la compra de material sanitario durante la pandemia. El magistrado, que dividió la pieza principal de otra separada por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, otorgó diez días a las partes para presentar su escrito de acusación.
El soplo de las mascarillas
Puente sostiene que los tres «se concertaron, muy poco después» de que Ábalos tomara posesión como ministro en junio de 2018 para, «aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».
El magistrado considera acreditado que Aldama tuvo «información previa y privilegiada» sobre la necesidad de la urgencia sanitaria, lo que le permitió «articular una oferta» para asegurarse el contrato. Gracias a su mediación, Soluciones de Gestión se hizo con los contratos de Puertos del Estado (ocho millones de mascarillas) y de ADIF (cinco millones) tras una orden que Ábalos firmó en marzo de 2020.
Los investigadores han constatado que el comisionista habló esos días con Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Fomento, del cual dependían los dos entes que adquirieron el material. En su escrito de acusación, Luzón explica que fue el «alter ego» de Ábalos y por eso «se sobreentedía» que era el «fiel transmisor de las decisiones y los deseos» del entonces ministro. Anticorrupción le señala como el «testaferro» de su superior en las actividades delictivas que acometieron «al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros» de Aldama.