Los fiscales del Supremo esperaban la condena de García Ortiz: «Actuó como los de ETA»
«Se ha comportado como un antisistema», afirman representantes del Ministerio Público
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la sexta jornada del juicio en el Tribunal Supremo. | .J.J. Guillén (EFE)
La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, ha confirmado lo que en una parte de la Fiscalía del Alto Tribunal se veía venir desde hacía meses. La resolución, dictada por mayoría y pendiente aún de redacción definitiva, ha sido interpretada por algunos fiscales y fuentes del Alto Tribunal consultadas por THE OBJECTIVE como el desenlace lógico de un juicio que, desde su inicio, se había convertido en un pulso institucional sin precedentes.
«Ha actuado como un antisistema», resumen estas fuentes, que consideran que la estrategia procesal desplegada por García Ortiz no solo fue temeraria, sino que buscó deliberadamente tensionar el proceso. «Ha sido un juicio de ruptura como los que hacía la gente de ETA. Le ha faltado decir que no reconocía al tribunal», aseguran. Fuentes del Ministerio Público explican que el fiscal general se situó en una posición de confrontación directa con el tribunal, una actitud que, según estas fuentes, resultó «inédita en una autoridad de su rango».
La sentencia, que le impone además una multa de 7.300 euros y una indemnización de 10.000 a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, marcará un antes y un después en la historia reciente del Ministerio Público. El Gobierno ha tenido que activar ya los mecanismos para designar a un nuevo fiscal general. El Ejecutivo insiste en que «respeta, pero no comparte» el fallo.
Un juicio marcado por la tensión
Las fuentes consultadas señalan que la vista, celebrada entre el 3 y el 13 de noviembre, se desarrolló bajo un clima de tensión constante. Para estas voces, la defensa de García Ortiz diseñó una estrategia «de combate», en la que el acusado evitó responder a buena parte de las imputaciones y optó por trasladar al tribunal la sospecha de que todo el procedimiento estaba contaminado por motivaciones políticas.
«A lo largo del juicio ha venido a decir que la acusación era lawfare», detallan estas fuentes. Según explican, esta estrategia se articuló bajo el argumento de que el caso formaba parte de una campaña de animadversión contra él. El paralelismo que establecen estas fuentes entre la estrategia del fiscal general y los llamados «juicios de ruptura» del entorno de ETA no es casual. «No contesto, no coopero, cuestiono al tribunal, ataco los informes… Es exactamente el mismo patrón. Solo ha faltado afirmar que no reconocía al tribunal que le juzgaba».
El papel de la UCO
Otro de los puntos que más ha molestado en sectores del Supremo ha sido, según estas voces, la actitud hacia los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La UCO tuvo un papel clave en la investigación, especialmente tras certificar que en el móvil de García Ortiz había «cero mensajes» el mismo día en que se le imputó por revelación de secretos y que posteriormente cambió de dispositivo alegando motivos de seguridad.
El abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ejerce la defensa de García Ortiz, dijo durante el juicio que, más allá de las afirmaciones del novio de Ayuso, «no se ha aportado prueba documental» de que el fiscal general fuese el filtrador de los datos confidenciales de González Amador. En su opinión, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tampoco han contribuido. Además, consideró que los agentes se extralimitaron en la encomienda del juez instructor durante el registro del despacho del acusado el 30 de octubre del año pasado, por lo que pidió que se anulara la diligencia.
Una tesis a la que se adhirió la Fiscalía. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, discrepó del informe de la UCO porque «no puede ser una prueba pericial» ni de él se desprende «ninguna prueba». Durante el juicio, los agentes atribuyeron a García Ortiz un «dominio a todos los niveles» de la filtración.
El juicio contó con 40 testigos, entre ellos el propio González Amador, que reprochó a García Ortiz haberlo «matado públicamente» y convertirlo en un «delincuente confeso». Pero la comparecencia que más impacto causó, según las fuentes judiciales, fue la de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Su testimonio fue categórico: aseguró que el propio García Ortiz reconoció indirectamente la filtración cuando ella le preguntó por teléfono si había difundido los correos. «Eso ahora no importa», habría respondido él. Ese momento, que Lastra describió como «grabado en el alma», supuso un giro en la percepción de varios magistrados y fiscales que presenciaron la vista.