El PSOE entra en «convulsión máxima» con un Sánchez en 'shock': «Nadie se lo esperaba»

«Convulsión máxima». Son las dos palabras que resumen el estado de ánimo de un Gobierno que esperaba una absolución del fiscal general del Estado y que interpreta la condena a Álvaro García Ortiz como un «golpe de Estado judicial». Así se expresan diferentes fuentes gubernamentales y socialistas en varios niveles del Ejecutivo y del partido en conversación con THE OBJECTIVE. «Estamos en estado de shock, esto es un palo enorme, un mazazo que no se esperaba nadie», explican en privado al calor de la sentencia del Tribunal Supremo.

Públicamente, no quisieron ir tan lejos, pero dejaron clara la línea estratégica por la que transitará el Ejecutivo. El primero en comparecer públicamente fue el ministro de Justicia, Félix Bolaños, de luto riguroso en el Palacio de La Moncloa: «Tenemos el deber legal de respetar el fallo pero el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos», solemnizó pasadas las 16 horas. Desde Moncloa se remitían a sus palabras y a las que iba a pronunciar poco después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Pocos minutos después, el jefe del Ejecutivo aprovechó su discurso de presentación de la serie Anatomía de un instante, basada en la novela del escritor Javier Cercas, para mandar un mensaje velado en defensa de la democracia y sus amenazas que «van cambiando de forma».

«Hoy son campañas de desinformación, pero también abusos de poder», dijo, en una evidente referencia a la sentencia del Alto Tribunal, y manifestó su «firme deseo de neutralizar esa amenaza y defender la soberanía popular frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o amoldarla. Esta serie nos recuerda que hubo un instante en que España eligió avanzar y, por tanto, no retroceder jamás». Según fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, estas últimas palabras pronunciadas por el presidente Sánchez fueron introducidas tras la condena contra el fiscal general para sugerir un rechazo que el jefe del Ejecutivo no puede manifestar con claridad.  

Sánchez: «Un abuso de poder»

Las palabras de Sánchez prendieron la mecha de la indignación interna. En privado, el Gobierno tradujo el «abuso de poder» como un «golpe de Estado judicial», y en el partido comenzaron a escalar las críticas contra el Supremo, hasta el punto de que en los chats internos de militantes se empezaron a promover manifestaciones contra el Alto Tribunal con mensajes como éste: «Una concentración frente al CGPJ. Hay que salir, si seguimos callados nos seguirá pasando ¿Qué será lo siguiente?». De momento, ningún dirigente cualificado del partido secundó la convocatoria, pero el efecto reverberación interno anula las voces discrepantes. La inmensa mayoría considera que la condena al fiscal general es «una barbaridad» que vulnera los principios del Estado de derecho.

Pero, al tiempo, también considera que tendrá efectos en la estabilidad del Gobierno. «Hoy ha cambiado todo, estamos en una debilidad absoluta que conlleva un desgaste muy importante» de la institución porque «se mojó todo el Gobierno» en la defensa del Álvaro García Ortiz. Es aquí donde surge una crítica soterrada y marginal respecto a la estrategia gubernamental de ligar el futuro del fiscal general al del propio Gobierno: «¿Cómo es posible que hagamos depender nuestro futuro a la decisión de unos jueces a los que no controlas?». A toro pasado, muchos también acusan un exceso de confianza del Ejecutivo en que no habría una sentencia condenatoria: «Todos nuestros juristas decían que esto era imposible, que no había base probatoria para una condena».

«No nos van a echar»

Entre la aceptación y la digestión, el PSOE se pregunta cuáles serán las consecuencias de esta decisión judicial. Mientras se dispara el pesimismo, en paralelo a los rumores de elecciones y a la percepción de que «así no se puede seguir», en Moncloa niegan la mayor sobre un posible adelanto electoral utilizando el leit motiv de la democracia amenazada: «No nos van a echar». El ciclo electoral comenzará en pocas semanas en Extremadura y el efecto dominó se extenderá hasta el verano. Y en Moncloa están dispuestos a aprovechar la «ventana de oportunidad electoral» que puede conllevar esta nueva ofensiva, disparando las intenciones de voto del Vox y, en consecuencia, mermando las del PP e igualándolo con el PSOE. Los más pesimistas —que son los menos— alertan de que «hay mucha tensión interna» y que la sentencia está caldeando los ánimos y disparando la crispación entre la militancia más enfervorecida. «Lo veo todo muy mal», confiesa un dirigente territorial ante el ‘atrincheramiento’ de Sánchez y su política de «tierra quemada».

Tal parece que ante el pésimo horizonte no hay más alternativa que la huida hacia adelante. «La semana ha sido letal. Primero, el informe de la UCO sobre Cerdán, la petición de la Fiscalía de 24 años para Ábalos y ahora la condena al fiscal general», confiesan sottovoce los menos dados al argumentario oficialista, que consideran la ofensiva contra el poder judicial «suicida». «Volvemos al momento antes del verano», explican otros, en referencia al fatídico mes de junio en que les estalló el demoledor informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el ex secretario de Organización ingresó en prisión y se registró la sede del PSOE.

De espaldas a estos temores, la cúpula de Moncloa y Ferraz también vuelve al pasado, pero no al de hace unos meses sino al de hace un año y medio cuando, en mayo de 2024, Pedro Sánchez inició una ofensiva contra el Poder Judicial y los medios de comunicación tras los cinco días de reflexión del presidente, motivados por la imputación de su esposa, Begoña Gómez. La referencia a las campañas de desinformación y los abusos de poder anticipa una nueva ofensiva de Sánchez contra el Poder Judicial y los medios de comunicación que incendia e inquieta a los suyos, a partes iguales.