El Gobierno abre la sucesión de García Ortiz: uno de sus lugartenientes o giro de guion
El Ejecutivo inicia el proceso de relevo pese a que el fiscal podría aún jugar una última baza ante el TC
Sánchez Conde amadrina a García Ortiz en su toma de posesión como fiscal general en enero del año pasado. | CGPJ
A rey muerto, rey puesto. La sentencia contra Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, obliga al Gobierno a elegir un nuevo fiscal general. Pese a desconocer aún la sentencia completa, ha avanzado que en los próximos días pondrá en marcha el proceso para buscar un sustituto. De momento no ha trascendido ningún nombre, aunque el Ejecutivo señala que «que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho», que es el requisito que marca la ley. En la carrera fiscal ya hacen quinielas. Apuestan por que el sucesor sea uno de sus lugartenientes o alguien «de su cuerda» sin demasiada exposición mediática. La otra opción es que nombre a una persona de orientación progresista totalmente ajena al equipo actual.
El Tribunal Supremo condenó este jueves a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. El fiscal general también tendrá que pagar una multa de 7.300 euros y las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia no ha sido unánime e incluirá dos votos particulares.
García Ortiz todavía puede jugar la baza del incidente de nulidad ante el Supremo, que en última instancia le permitiría acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, la reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. El Ejecutivo ha anunciado que, en los próximos días, pondrá en marcha el proceso para nombrar a un sustituto. «Si ya han sondeado a una persona, es que ya pensaban que iba a ser condenado», recalca un prestigioso fiscal.
De la cuerda de García Ortiz
En la carrera fiscal presienten que será una mujer. «Supongo que buscarán a alguien de la cuerda», subraya uno de sus miembros con décadas de servicio. El nombre con más papeletas es el de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal en el Supremo y número dos de García Ortiz en la institución. Su mano derecha, igual que fue el ahora condenado respecto a Dolores Delgado. En su contra está que se trata de la persona que ha representado al Ministerio Público en el juicio contra el ahora condenado y que su posición ha generado críticas en buena parte de sus compañeros.
Otro nombre que destacan es el de Diego Villafañe, teniente fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Como avanzó este diario, fue el encargado de organizar los aplausos «espontáneos» a García Ortiz durante el juicio. Se trata de una de las personas de más confianza del fiscal general ahora inhabilitado, pero buena parte de la carrera fiscal duda de que sea el elegido por su destacado papel en el proceso que ha terminado por costarle el puesto a su jefe, en el que él también llegó a estar imputado.
García Ortiz le pidió tanto a él como a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que le remitieran la denuncia, el expediente administrativo y demás documentación relativa al novio de Ayuso. El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía afirmó en sede judicial que era el encargado de canalizar ese tipo de peticiones y que estaba obligado a una dación de cuentas, como recogen los artículos 25 y 26 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Un nombre que suena con fuerza es el de su superior, Ana Isabel García León, fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, cargo que ostentaba García Ortiz con Delgado en julio de 2022, cuando fue ascendido a fiscal general con el plácet de su predecesora. A favor de esta aspirante juega su bajo perfil mediático y que el pasado septiembre fue promovida a la máxima categoría de la carrera fiscal.
«Puede ser cualquiera»
Otros miembros de la carrera fiscal creen que el Gobierno va a apostar por una persona totalmente ajena a García Ortiz para intentar que la institución «recupere la credibilidad que ha perdido». Hay quien pone sobre la mesa, con cierta sorna, el nombre del exjuez Baltasar Garzón, marido de Delgado. Sus posibilidades son prácticamente nulas, aunque, a pesar de no ser fiscal, podría convertirse en el nuevo jefe del Ministerio Público. Eso abre mucho el abanico y, aquí, los miembros del Ministerio Público descartan hacer cábalas: «Puede ser cualquiera».
Para convertirse en fiscal general la ley establece como requisitos ser español, mayor de edad, licenciado en Derecho, no tener ninguna causa de incapacidad y ser una persona del máximo prestigio profesional. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la misma que se personó como acusación popular en el caso del novio de Ayuso, recurrió en febrero del año pasado ante el Supremo el nombramiento de García Ortiz al considerar que había dejado de ser un jurista de reconocido prestigio y que la elección de su segundo mandato, en noviembre de 2023, no estuvo suficientemente motivada.
Entre los motivos que alegaron se encontraba su decisión de «privar» al Consejo Fiscal, órgano meramente consultivo, de la posibilidad de pronunciarse sobre el informe que le había pedido el Senado sobre la ley de amnistía. Sin embargo, el recurso de la APIF se centró en la sentencia de Delgado, que le antecedió en el cargo y a la que se empeñó en ascender a la máxima categoría fiscal. El Supremo anuló el nombramiento y determinó que García Ortiz había incurrido en una «desviación de poder». El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin carácter vinculante, también censuró la designación para su segundo mandato. Era la primera vez en su historia que tomaba una determinación así.