El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para decidir si les envía a prisión

Bola de partido para José Luis Ábalos y Koldo García. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado al exministro de Transportes y a su antiguo asesor el próximo 27 de noviembre para resolver si les envía a prisión. Las acusaciones populares reclaman penas de 30 años de cárcel para cada uno de ellos por, presuntamente, cobrar mordidas a cambio de contratos para la compra de mascarillas en la pandemia. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para el actual diputado del Grupo Mixto y 19 años y medio para quien fuese su mano derecha.

Tanto las acusaciones populares como la Fiscalía piden en su escrito de acusación revisar las medidas cautelares que pesan sobre Ábalos y Koldo García desde febrero. Entonces, el juez les impuso comparecencias quincenales en el juzgado, retirada de pasaporte y les prohibió salir de España. Puente ha rechazado hasta el momento las peticiones realizadas por las acusaciones populares para enviar a prisión preventiva al exministro y a su antiguo asesor. La última vez, a mediados de octubre, cuando les citó a declarar y ambos se acogieron a su derecho a no declarar.

El magistrado advirtió entonces de que existía un riesgo «creciente» de fuga a medida que se acercaba la fecha de juicio. En ese momento, la Fiscalía descartó pedir que se les enviara a prisión provisional, pero ahora la situación ha cambiado. Puente acordó el pasado 3 de noviembre juzgar a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas (mantiene una pieza separada por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública) y otorgó diez días a las partes para presentar su escrito de acusación.

Las cautelares de Ábalos y Koldo

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, lo presentó el pasado miércoles para pedir 24 años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros para el exministro por cinco delitos. Para el asesor reclama 19 años y medio y la misma multa. En el caso de Aldama aplica el atenuante de confesión y solicita siete de años de prisión, aunque mantiene la multa de 3,7 millones de euros por aprovecharse de información privilegiada.

Luzón también demandó en su escrito celebrar una vista para decidir si se modifican las medidas cautelares impuestas a Ábalos y Koldo García. El fiscal jefe de Anticorrupción aludió al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que establece que, durante esta audiencia, «el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza».

Las acusaciones populares también solicitaron este jueves al Supremo que se celebrara una vistilla para decidir si Ábalos y Koldo García debían entrar a la cárcel de forma provisional, como llevan demandando desde febrero. Estas piden 30 años de prisión para el exministro y su antiguo asesor. En el caso de Aldama, coinciden con la Fiscalía al solicitar una pena de siete años de cárcel.

En su escrito de acusación, Luzón explica que Koldo García fue el «alter ego» de Ábalos y por eso «se sobreentedía» que era el «fiel transmisor de las decisiones y los deseos» del entonces ministro. Anticorrupción le señala como el «testaferro» de su superior en las actividades delictivas que acometieron «al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros», de Aldama.

Camino de juicio

En sus autos, el magistrado sostiene que los tres «se concertaron, muy poco después» de que Ábalos tomara posesión como ministro en junio de 2018 para «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública». Puente considera acreditado que Aldama tuvo «información previa y privilegiada» sobre la necesidad de la urgencia sanitaria, lo que le permitió «articular una oferta» para asegurarse el negocio. Gracias a su mediación, Soluciones de Gestión se hizo con los contratos de Puertos del Estado (ocho millones de mascarillas) y de ADIF (cinco millones).

La trama habría compensado a Ábalos a través de varias vías: un piso propiedad de Aldama en el Paseo de la Castellana cuya compra no llegó a ejercitarse; la cesión de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) durante el verano de 2021 para que el exministro fuese con su familia de vacaciones y otro en Marbella o el alquiler de un inmueble para su pareja Jésica Rodríguez durante casi tres años (acumulando un total de 82.298 euros). Los investigadores también han acreditado que el comisionista entregó unos 10.000 euros en efectivo entre octubre de 2019 y julio de 2022 a Koldo García.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el escrito este miércoles, donde además de solicitar la vistilla para revisar la situación actual de Ábalos y su antiguo asesor reclama altas penas de prisión para ambos. Luzón solicita 24 años y una multa de 3,7 millones de euros para el exministro por cinco delitos (los cuatro por los que se le imputa y el de uso de información privilegiada). Para Koldo García pide 19 años y medio por los mismos hechos delictivos y rebaja la demanda para Aldama a siete años de prisión una multa de 3,7 millones por aprovecharse de información privilegiada al aplicarle el atenuante de confesión.