Los fiscales de izquierdas se rebelan y llaman a manifestarse en favor de García Ortiz

La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desencadenado un movimiento sin precedentes dentro de la propia carrera fiscal: un sector de fiscales alineados ideológicamente con posiciones de izquierdas está promoviendo concentraciones públicas contra la sentencia del Alto Tribunal. Una reacción que fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE califican de «inaudita» y «profundamente peligrosa para el Estado de derecho». Pese al empeño de tratar de movilizar a la carrera fiscal, la convocatoria no está teniendo una acogida significativa.

Según ha podido confirmar este periódico, varios miembros del Ministerio Público han comenzado a difundir convocatorias para manifestarse este domingo 23 de noviembre a las 11.30 horas frente a la sede del Tribunal Supremo. «Concentración solidaria por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz», reza el cartel distribuido por redes internas y grupos de WhatsApp. No se trata de un gesto aislado. También se están organizando actos similares en otras ciudades, como Santiago de Compostela, donde los promotores tildan la resolución de «antidemocrática» y de auténtico «golpe de Estado».

La reacción ha causado estupor en el ámbito judicial. La sentencia del Supremo —que inhabilita a García Ortiz durante dos años por un delito de revelación de secretos, le impone una multa de 7.300 euros y le obliga a indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros— todavía no ha sido redactada en su integridad. Lo único que se conoce por ahora es el fallo. Aun así, un grupo activo de fiscales ha decidido promover una movilización pública contra la resolución, cuestionando de facto la autoridad del tribunal que juzgó y condenó a su superior jerárquico.

«Un acto de rebelión interna»

Fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE no ocultan su alarma. «Es inaudito. Nunca habíamos visto a miembros de la carrera fiscal llamar a la rebelión contra el Tribunal Supremo», señalan. «Estamos hablando de profesionales que pertenecen al Poder Judicial y cuya función constitucional es defender la legalidad y acatar las resoluciones judiciales, no agitarlas». Los jueces consultados por este periódico subrayan que no existe precedente reciente de un movimiento interno de este tipo dentro del Ministerio Público. Hasta ahora, recuerdan, las presiones, ataques y críticas más duras contra sentencias judiciales procedían del Poder Ejecutivo o del Legislativo, especialmente en momentos de tensión política. Pero nunca antes desde dentro del propio sistema judicial.

«Cuando la crítica al Poder Judicial proviene del Gobierno o de sus socios, la democracia se resiente. Pero cuando la insurrección simbólica nace dentro del propio Poder Judicial, el riesgo institucional es aún mayor», explica un magistrado del Alto Tribunal. «Una sociedad democrática puede resistir críticas políticas; lo que no puede resistir es que los operadores jurídicos empiecen a desobedecer moralmente a los tribunales».

Un juicio que tensó la institución

La sentencia, aprobada por mayoría, incluye dos votos particulares —los de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo— que difieren del criterio mayoritario. Fuentes del Supremo explican a este periódico que no se trata de un conflicto interno inhabitual, pero sí subrayan que el comportamiento de García Ortiz durante la vista fue descrito por distintos fiscales del Alto Tribunal como «propio de un antisistema».

Estas voces recordaron que el ahora condenado llegó a insinuar que su acusación formaba parte de una operación de lawfare, y que su defensa trató de desprestigiar los informes de la UCO, pese a que los agentes certificaron que el fiscal general había borrado todos los mensajes de su dispositivo el mismo día que fue imputado. También destacaron el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que aseguró que García Ortiz dejó entrever que sí filtró los correos del novio de Ayuso, algo que se le quedó «grabado en el alma».

«Los fiscales que convocan estas movilizaciones están enviando un mensaje gravísimo: que solo aceptan las sentencias que les gustan», advierte una fuente judicial. «Esa lógica no es propia de un Estado democrático. Es propia de movimientos que cuestionan el Estado de derecho desde dentro». La convocatoria del domingo, señalan, no es un gesto inofensivo ni simbólico. «Es una demostración pública de rechazo a la separación de poderes. Y eso, viniendo de fiscales, es inaceptable porque tenemos una responsabilidad y un sentido del deber mayor que el resto de los ciudadanos».