El fallo contra García Ortiz 'condena' a la ley que deja la instrucción en manos de los fiscales

La sentencia contra Álvaro García Ortiz hiere de muerte la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El Gobierno pretende dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales, un proyecto que critica la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, que consideran que el fallo contra el fiscal general, condenado a dos años de inhabilitación, «refrenda» la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de los fiscales antes de dejar en sus manos la investigación de los delitos que ahora asumen los jueces. La resolución del Tribunal Supremo no incide en la tramitación parlamentaria de la denominada ley Bolaños, pero las asociaciones piden frenarla y confían en que aumenten los grupos en contra.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de octubre el anteproyecto de ley para reformar la LECrim: una auténtica revolución en la Justicia, ya que supone un cambio radical del proceso penal. Si las Cortes la aprueban, la instrucción de las causas penales pasará de jueces a fiscales. A pesar de que se trata de una reivindicación histórica de las asociaciones profesionales, estas se han posicionado en contra porque ven necesaria una reforma previa del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para reforzar la autonomía e independencia de los fiscales, ahora miembros de un cuerpo jerarquizado.

«La condena a García Ortiz ha demostrado que la Fiscalía está al servicio del Gobierno. No es independiente ni autónoma», lamenta un fiscal con varias décadas de servicio. El Supremo ha condenado al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar más de 20.000 euros, la mitad de ellos como indemnización por daños y morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz y la autonomía

Dos de las tres asociaciones fiscales ya reclamaron la dimisión de García Ortiz cuando fue imputado, en octubre del año pasado. Son las mismas que más oposición han mostrado a la ley Bolaños. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ya criticó que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no atendiera «las indicaciones técnico-jurídicas de los órganos consultivos». Ahora pide frenarla porque lo primero es trabajar para superar «el descrédito» en el que ha sumido la institución la condena al fiscal general. En su opinión, si se ha esperado 40 años para dar este paso se pueden esperar otros cinco.

«La instrucción, tal y como está, no se sostiene, pero antes de que se delegue en los fiscales es necesario modificar el EOMF. El proyecto lo que hace es maquillarlo, no mejorarlo», señala Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares en el caso de González Amador. Y recalca: «No se han hecho los deberes y eso va más allá de la sentencia contra el fiscal general».

En ese mismo sentido se pronuncia Roberto García Ceniceros, nuevo presidente de Foro Judicial Independiente (FJI): «Nuestra postura contraria no ha de verse alterada por esta sentencia. El problema es la falta de autonomía e independencia del Ministerio Fiscal respecto del poder Ejecutivo, y eso es independiente de que García Ortiz sea culpable o inocente de los delitos por los que se le ha juzgado». La mayor parte de los miembros de la carrera fiscal consultados por THE OBJECTIVE sostienen que la sentencia debería ser un agravante que haga que los grupos políticos, especialmente los socios del Gobierno, rechacen la reforma de la LECrim en los términos que se plantea.

El Gobierno lleva semanas esforzándose en mostrar a sus socios los parabienes de la ley Bolaños para cosechar una mayoría con la que ahora no cuenta. Junts ya ha anunciado su intención de desmarcarse. Más dudas plantea en Sumar y Podemos. Los de Yolanda Díaz se han mostrado partidarios de la reforma de la LECrim, aunque con reservas, ya que ponen objeciones a limitar la acusación popular. Los socialistas defienden que es clave para evitar que se abran procesos judiciales a partir de noticias en prensa, como sucedió en el caso de Begoña Gómez.

Apoyos políticos

Podemos se lo piensa. Asegura que su principal preocupación es que la Fiscalía sea realmente independiente y que haya mecanismos de control democrático, por lo que la sentencia contra García Ortiz podría poner su apoyo en entredicho. Los fiscales consultados también apelan a la responsabilidad del PNV, que ha mostrado sus reticencias con la denominada ley Bolaños. Como la mayoría de las asociaciones judiciales, a las que afecta de lleno por el cambio en el sistema de acceso a la carrera.

«Nosotros siempre hemos defendido la instrucción por el juez, que garantiza la independencia», recalca María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En su opinión, el problema es que la normativa establece una jerarquía en la Fiscalía que termina en el fiscal general, que depende del Gobierno, por lo que «no se garantiza su independencia».

En esa misma dirección se manifiesta Marien Ortega, nueva portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria: «La sentencia (contra García Ortiz) refrenda eso. No nos oponemos a que los fiscales se encarguen de la instrucción, pero creemos que hay que modificar el estatuto y reforzar su autonomía real. Ahora hay una dependencia jerárquica». Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), desvincula ambos hitos y resalta que la ley Bolaños «seguirá su tramitación con completa normalidad».

El texto que el Gobierno remitió al Congreso implica que las investigaciones penales dependan de la Fiscalía. Los socialistas estiman que la medida puede entrar en vigor en enero de 2028. Este modelo funciona en la mayoría de los países de la UE y en España ya lo hace para las cuestiones que atañen a la Fiscalía Europea y los delitos cometidos por menores de edad. Las asociaciones siempre han reclamado el cambio, pero no en los términos que prevé la ley Bolaños, a quien reprochan sus declaraciones tras conocerse la sentencia de García Ortiz.

El ministro de Justicia afirmó este jueves que el Gobierno tiene «el deber moral» de expresar que «no comparte» la condena a García Ortiz. «Las declaraciones están fuera de lugar. Las sentencias se acatan y cumplen, sin ese pero que invalida todo», lamenta Barco. Ortega, de la AJFV, no percibe esas palabras como un ataque directo, aunque advierte: «Los jueces no resuelven por ideología, sino conforme a Derecho». García Ceniceros, de FJI, hace «un llamamiento a la calma y al respeto institucional», especialmente cuando aún se desconocen los fundamentos de la sentencia.