Comienza el juicio contra los Pujol: sus hijos alegan «indefensión» y la prescripción de delitos

El juicio al expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol y a su familia por su presunto enriquecimiento ilícito ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional (AN) con las cuestiones previas de las defensas de algunos de sus hijos y de la exmujer del primogénito, en las que han planteado la incompetencia de este tribunal, la prescripción de algunos de los delitos o la «indefensión brutal» que supuestamente sufren.

La defensa del mayor de los hermanos de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, ejercida por el letrado Cristóbal Martell, ha sido el que ha planteado una declaración de incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar al ‘clan’.

Por ello ha solicitado que se redacte un nuevo auto de apertura de juicio para que sea la Audiencia Provincial de Barcelona la que se encargue del proceso, pues los supuestos delitos de los que se les acusa han ocurrido en España. El abogado ha insistido en que el tribunal tiene competencia cuando los delitos han ocurrido íntegramente en el extranjero, algo que, según él, no ocurre en este caso.

En este sentido, ha señalado que en el caso del juicio al exministro de Economía Rodrigo Rato, condenado en 2024 por unos delitos fiscales que «no han sido cometidos en el extranjero, o al menos no lo han sido exclusivamente». «Y como al menos no lo ha sido exclusivamente, el asunto Rato fue a la Audiencia Provincial de Madrid y no se quedó en la Audiencia Nacional», ha mantenido.

Además, ha denunciado que el tribunal haya rechazado la testifical de «la llamada o mal llamada policía patriótica» que habían solicitado en su escrito de defensa.

Del mismo modo, ha invocado la prescripción de los delitos fiscales del hijo mayor de la familia en los cursos 2007 y 2008 porque, «si tiene una pena de cinco años, los delitos habrían prescrito «el 30 de junio del 2013 y el 30 de julio del 2014», respectivamente.

La Fiscalía pide una pena de 29 años de prisión para el primogénito de los Pujol y otras de entre 8 y 17 años para el resto de sus hermanos y su exmujer por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

‘Striptease’ bancario

Jaime Campaner, que representa a Josep Pujol, ha señalado que la portada del diario El Mundo de 7 de julio 2014, en la que había un pantallazo con datos fiscales, entre ellos, de su representado, fue lo que llevó al ‘expresident’ a emitir un comunicado en el que admitía que tenía dinero en el extranjero, según ha indicado el letrado. El Ministerio Público pide una pena de 14 años de cárcel para él, la más alta entre los hermanos después de Jordi.

En el planteamiento de sus cuestiones previas, Campaner ha apuntado que el comunicado «no es libre y voluntario» si se considera que es algo que «será rendido ante la evidencia física del hallazgo» que había en dicha portada, lo que ha llamado «’striptease’ bancario».

El abogado ha relacionado esto con los informes del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre el caso Pujol. «En estos informes, y muy particularmente sobre las cuentas bancarias andorranas, el propio José Manuel Villarejo vincula sin ambages a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios publicados por El Mundo el 7 de julio de 2014», ha sostenido.

También ha señalado la «vulneración del derecho de defensa» de su cliente porque, cuando se le imputa en noviembre de 2015, fue por blanqueo de capitales y, hasta entonces, «nunca se le atribuyó un delito fiscal». Por ello, su interrogatorio «se circunscribió a un eventual blanqueo de capitales».

En 2019, se produce la notificación del delito fiscal, según cuenta el abogado, y aduce que no se le volvió a tomar declaración «como sí se le tomó declaración a punto a otros investigados de la causa, que se les fue llamando sucesivamente e imputándoles sucesivos segmentos de la acción».

Un «encargo» de M. Rajoy

Francesc Sánchez, letrado que representa a Oriol Pujol, otro de los hijos, ha pedido que se declare la nulidad de la testifical de María Victoria Álvarez, exnovia de Pujol Ferrusola, por su presunta conexión con Villarejo.

Además, ha afirmado que «parte del aparato del Estado» estaba intentando «influir en todo un procedimiento que se estaba produciendo en Catalunya», refiriéndose al ‘procés’. Por ello, ha pedido que se acepten como pruebas distintos informes sobre la llamada ‘Operación Catalunya’.

En concreto, ha leído uno de los escritos de Villarejo en el que sostiene que «un elemento que podía ser interesante era el dinero obtenido ilegalmente por parte del sector independentista, fundamentalmente de la familia Pujol», un encargo del «que en ese momento era presidente del gobierno, el señor M. Rajoy».

Indefensión «brutal» de la exmujer de Pujol Ferrusola

El letrado de la exmujer del primogénito, Mercé Gironés Riera, se ha quejado de que en el escrito de la Fiscalía, «es como si Gironés Riera fuesen los terceros y cuartos apellidos del señor Jordi Pujol Ferrusola», porque «lo que se hace es mencionarlo junto con su exmarido, pero sin que se aporte ningún dato concreto». El Ministerio Público le atribuye los mismos delitos que a su exmarido y una condena de 18 años de prisión

Esta situación genera, según su defensa «una indefensión brutal» a Gironés, pues «no sabemos exactamente de qué nos vamos a defender», y se ha preguntado si «es delito ser la expareja de». Además, ha pedido la testifical de Jordi Pujol Gironés, hijo de los dos acusados.

El ‘patriarca’ seguirá encausado

La sesión ha comenzado a puerta cerrada con la declaración de Jordi Pujol padre sobre su estado de salud. Tras su deliberación, el tribunal ha decidido que el expresidente de la Generalitat y cabeza del ‘clan’, Jordi Pujol, sea juzgado y le ha permitido seguir las sesiones desde casa.

«El tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia» y que pueda «conectarse» desde «su domicilio», ha indicado el magistrado presidente José Ricardo de Prada a Pujol en el arranque de la vista oral.

De Prada ha señalado que si se produce «cualquier modificación de su estado de salud» y cuando vaya a tener una «intervención activa» en el juicio, el tribunal decidirá si «está en condiciones de hacerlo, de estar o no estar».