El alcalde de Fines denuncia una «inquisición» judicial tras ser detenido por el caso mascarillas

La defensa de Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines (Almería), investigado clave en el caso de las mascarillas que afecta a la Diputación Provincial almeriense, ha presentado un recurso de reforma por el registro de sus dispositivos en el que acusa al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería de avalar «una inquisición general contra él».

El letrado Alfredo López Hidalgo acusa al Juzgado de haber autorizado una «investigación prospectiva» prohibida por la ley, otorgando a la Guardia Civil un «poder omnímodo» para rastrear la vida entera de Sánchez Simón sin límites.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado del regidor solicita la nulidad de las autorizaciones judiciales que permitieron el «clonado y análisis total» de sus teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento durante los registros del pasado 18 de noviembre.

Según la defensa, el auto del magistrado Eduardo Martínez Gamero no establece filtros, palabras clave ni fechas concretas para el análisis de los dispositivos, lo que en la práctica faculta a la Unidad Central Operativa (UCO) para realizar una «auditoría general» de la intimidad del alcalde, buscando cualquier indicio de delito, tenga o no relación con la causa de las mascarillas o los contratos de obras investigados.

Por este motivo, califica esta medida de «desproporcionada» y contraria al principio de especialidad que debe regir las injerencias en el secreto de las comunicaciones. Alfredo López Hidalgo ha argumentado que el juez ha avalado una «inquisición general» al permitir que se vuelquen conversaciones privadas, archivos familiares y datos profesionales ajenos a la investigación, sin que exista una discriminación previa.

Por ello, ha solicitado subsidiariamente que, si no se anula todo el auto, se dejen sin efecto las «autorizaciones específicas» relativas a la tecnología, invalidando así cualquier prueba que la UCO pueda extraer de los móviles del alcalde si no se ajusta estrictamente a los hechos denunciados.

Este recurso se suma al presentado simultáneamente por su hijo, quien ha pedido anular su detención por haberse practicado antes del registro sin mandato judicial expreso. En un escrito presentado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, su defensa denuncia una «grave irregularidad procesal» durante el operativo desplegado el pasado 18 de noviembre.

Según el letrado, los agentes de la UCO detuvieron a su representado «con carácter previo al inicio de la diligencia de entrada y registro» en su domicilio de Fines, una actuación que califican de ilegal.

La defensa sostiene que al producirse el arresto a priori, se vulneró el artículo 17 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la libertad.

Por ello, solicitan al magistrado que declare nula la detención y que libre oficio a la UCO para que la unidad policial emita un «informe detallado» justificando los motivos legales por los que decidieron privar de libertad a Sánchez López sin, presuntamente, tener cobertura judicial para ello en ese momento procesal.