La Fiscalía Anticorrupción pide prisión sin fianza para Ábalos y Koldo por riesgo de fuga

Malos augurios para José Luis Ábalos y Koldo García. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión incondicional (sin fianza) para ambos por riesgo de fuga en las vistillas de este jueves en el Tribunal Supremo. La misma reclamación que han realizado las acusaciones populares. El magistrado Leopoldo Puente acordó el pasado 3 de noviembre juzgarles por la trama de las mascarillas (mantiene una pieza separada por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública). El Ministerio Público solicita 24 años de cárcel para el diputado del Grupo Mixto y 19 años y medio para su antiguo asesor. Las acusaciones populares elevan la petición a 30 años de cárcel para cada uno de ellos, sobre los que pesan medidas cautelares desde febrero.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que se ha incrementado el riesgo de fuga ante la cercanía del juicio contra Ábalos y Koldo García. Una tesis que también defienden las acusaciones populares. Puente ya advirtió el pasado octubre en un auto que existía un riesgo «creciente» de fuga a medida que se acercaba la vista. En ese momento, la Fiscalía descartó pedir que se les enviara a prisión provisional, pero ahora la situación ha cambiado y eso puede ser determinante para la suerte de ambos.

Si Ábalos acaba ingresando en prisión provisional se convertiría en el primer diputado nacional en ejercicio en hacerlo. Su defensa ha alegado que su cliente cuenta con arraigo, que no piensa fugarse y que encarcelarle antes del juicio, sin que medie condena, supondría una vulneración del derecho a la representación política de sus votantes.

La mochila de Ábalos

Fuentes presentes en la vistilla explican a THE OBJECTIVE que el exministro, visiblemente afectado, ha tomado la palabra para explicarle al magistrado que no piensa fugarse, que no cuenta con dinero «ni dentro ni fuera» de España y que no tiene dónde ir. Esa misma tesis ha defendido Koldo García, que ha señalado que tiene a su madre en Benidorm y una hija pequeña a la que cuidar. El antiguo asesor ha reconocido que se ha equivocado y que todo el mundo tiene «derecho a aprender». Las mismas fuentes aseguran que se le ha visto «más entero» que a su antiguo jefe.

«Ningún poder del Estado tiene el privilegio de sustraer la acción penal, por eso la figura de la justicia tiene una venda en los ojos», ha declarado Luzón en la vista. En su escrito de acusación, el fiscal jefe de Anticorrupción ya resaltó que Koldo García era el «alter ego» de Ábalos y por eso «se sobreentedía» que era el «fiel transmisor de las decisiones y los deseos» del entonces ministro de Transportes. Anticorrupción le señala como el «testaferro» de su superior en las actividades delictivas que acometieron «al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros», de Víctor de Aldama.

En declaraciones a la Cadena Ser, Ábalos ha subrayado que se trata de una decisión «política» para «conseguir una declaración colaborativa». El exministro ha señalado que se trata de «una profecía autocumplida» ya que el auto de procesamiento y la petición del fiscal «incrementaron los delitos y las penas para incrementar el riesgo de fuga». En su opinión, es «incomprensible» que ahora vean ese riesgo que no observaban hace siete días. El aún diputado cambió su estrategia y ayer mismo cargó de manera pública contra el Gobierno de Pedro Sánchez, del que formó parte hasta julio de 2021.

Ábalos ha llegado al Supremo a las 9.12 horas, 50 minutos antes de su cita. Consciente del riesgo que corría, lo ha hecho portando una mochila de cuero con enseres personales. Koldo García ha acudido apenas unos minutos antes de las 12.30 horas acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz, y un bolso de grandes dimensiones. La vistilla del antiguo asesor se retrasó unas horas a petición de su defensa, que argumentó que a esa misma hora tenía que acudir a la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional.

Compensaciones de la trama

El magistrado propuso el pasado 3 de noviembre juzgar a Ábalos, Koldo García y a Aldama por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia. Anticorrupción reclama una condena de 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su antiguo asesor por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, reclama una multa de 3,7 millones de euros. Las acusaciones elevan la petición a 30 años. Para el comisionista solicitan siete años de cárcel tras aplicar el atenuante de confesión.

Tanto las acusaciones populares como la Fiscalía pidieron en su escrito de acusación revisar las medidas cautelares que pesaban sobre Ábalos y Koldo García desde febrero. El juez les impuso entonces comparecencias quincenales en el juzgado, retirada de pasaporte y les prohibió salir de España. Puente había rechazado hasta ahora las peticiones realizadas por las acusaciones populares para enviar a prisión preventiva al exministro y a su antiguo asesor. La última vez, a mediados de octubre, cuando les citó y ambos se acogieron a su derecho a no declarar.

A lo largo de las pesquisas, el magistrado ha revisado varias veces las medidas vigentes contra Ábalos y Koldo García. Hasta este momento, Fiscalía había evitado pedir prisión, mientras que las acusaciones populares lo hicieron por primera vez en la vistilla de hace apenas un mes. En las anteriores ocasiones, Puente ha seguido la línea marcada por Anticorrupción.

Puente sostiene que los tres «se concertaron, muy poco después» de que Ábalos tomara posesión como ministro en junio de 2018 para «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública».

Puente considera acreditado que Aldama tuvo «información previa y privilegiada» sobre la necesidad de la urgencia sanitaria, lo que le permitió «articular una oferta» para asegurarse el negocio. Gracias a su mediación, Soluciones de Gestión se hizo con los contratos de Puertos del Estado (ocho millones de mascarillas) y de ADIF (cinco millones), por las que la trama habría sido compensado al exministro.