El PSOE pide aclarar si los pagos en metálico reclamados son solo sobre los investigados

El PSOE ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo, que aclare si los pagos en metálico que este partido debe comunicarle son los vinculados a los investigados José Luis Ábalos y Koldo García o todos los efectuados entre 2017 y 2024, algo que tendría «graves derivaciones».

A través de una providencia dictada el pasado miércoles, Moreno pidió que el PSOE aportase en un plazo de diez días «la relación de pagos en metálico efectuados» entre 2017 y 2024 y los documentos que los soportan, en el marco de la investigación sobre los abonos en efectivo del partido al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

Ahora este partido, que está personado en la causa como acusación popular, ha enviado un escrito al juez en el que pide una aclaración ante la falta de concreción.

Consideran los letrados del PSOE que de providencia se puede deducir que el juez pide la «relación de pagos en metálico y documentos en que se soportan durante el periodo 2017-2024 vinculados, directa o indirectamente» a José Luis Ábalos y Koldo García, es decir «la integridad de los pagos que afectan a las personas investigadas y al equipo de la Secretaría de Organización del PSOE en el periodo referido.»

El PSOE advierte de las «graves derivaciones», jurídicas, procesales, personales y de protección de datos, que supondría aportar a la causa «todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el período cuestionado» y que incluirían «todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios».

«No hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír, nada menos», apunta el escrito en referencia al resto de las acusaciones populares, algunas de las cuales pidieron expulsar al PSOE como acusación.

El PSOE, que subraya que cumplirá con la Justicia y aportará en todo caso la documentación requerida, advierte de que una petición genérica vulneraría la contención de la causa, y podría «entenderse prospectiva y carente de justificación, al extender la investigación a hechos y personas sobre las cuales no recae sospecha alguna».

Entregar todos esos datos, «de forma acrítica y sin motivación material», podría vulnerar el deber de confidencialidad y de protección de datos porque en ese período de ocho años «han sido innumerables los cargos, los/las trabajadores/as, afiliados/as, simpatizantes o simplemente voluntarios que han colaborado adelantando al partido gastos que luego les fueron compensados».

Argumentan además que se infringiría el derecho de la libertad ideológica, que incluye el derecho a no declarar sobre la ideología, religión o creencias, y el derecho a no declarar la pertenencia a una asociación legalmente constituida.

En el caso de que se pida todos los pagos en metálico adelantados por todo tipo de personas vinculadas al PSOE, los letrados piden al juez que abra pieza separada secreta para tratar esta documentación, ante la «honda preocupación» de que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del PSOE y que partidos como PP y Vox, personados en la causa, puedan hacer uso partidista de ello. También piden expurgar los datos de personas ajenas a la investigación y a las personas investigadas.

«Entregar a partidos de la oposición los justificantes de gastos de viajes, traslados, alojamientos y actividades en general de los dirigentes y afiliados del partido durante ocho años no tiene justificación alguna; no ayudará al esclarecimiento de los hechos», señalan los letrados.

Y agregan, que, por el contrario convertiría el procedimiento en un «instrumento» en manos de PP y Vox «para obtener documentación interna del oponente, información reservada y, con ello, hacer una posible utilización política de tal información».