Una maniobra del PSOE provocará que el juicio de David Sánchez no se celebre en Badajoz

Las elecciones en Extremadura tendrán un efecto determinante en el futuro judicial del hermano del presidente del Gobierno. El juicio contra David Sánchez, acusado de presuntos delitos de prevaricación y malversación por su gestión al frente del Conservatorio de Música de Badajoz, no se celebrará en la Audiencia Provincial, como estaba previsto. La razón, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes judiciales conocedoras del caso, es que una maniobra política del PSOE permitirá alterar la competencia del tribunal justo antes de que comience la vista oral, señalada entre el 9 y el 14 de febrero. Lo que se juega en las elecciones autonómicas del 21-D será, por tanto, algo más que la presidencia de la Junta. El resultado tendrá un impacto directo sobre el proceso en el que se sienta en el banquillo el hermano de Pedro Sánchez. Y los socialistas han sabido aprovechar esta oportunidad.

Estas elecciones extraordinarias han colocado a la región en el epicentro político y judicial. Para Ferraz y para el propio PSOE extremeño, la cita electoral llega en un momento decisivo: no solo se juegan el control institucional de la comunidad, sino también el marco en el que se desarrollará un juicio especialmente sensible para el Gobierno. Las fuentes consultadas explican que, una vez celebrados los comicios, el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo —alcalde de Villanueva de la Serena y uno de los dirigentes más próximos a Pedro Sánchez— obtendrá un escaño en la Asamblea de Extremadura. Y ese detalle es clave.

El movimiento que lo cambia todo

Gallardo aspira a presidir la Junta de Extremadura, pero incluso si no lograra conformar gobierno, su entrada en el Parlamento regional está prácticamente garantizada. En el PSOE se da por hecho que será diputado autonómico desde el mismo momento en el que la Junta Electoral proclame los resultados oficiales. Ese es el punto determinante: la condición de diputado autonómico, aunque todavía no haya tomado posesión, confiere automáticamente aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Tsjex), según fuentes judiciales.

Y este aforamiento afecta directamente al juicio contra David Sánchez, porque Gallardo aparece en el procedimiento. Cuando Gallardo resulte elegido —algo que ocurrirá el mismo día 21 de diciembre, tras el escrutinio—, la normativa obliga a la Audiencia Provincial de Badajoz a comprobar si alguno de los acusados o personas afectadas por la causa ha adquirido un aforamiento. Esa consulta es obligatoria, automática e inmediata.

Así lo explica una de las fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE: «El problema es que la Audiencia Provincial de Badajoz no va a poder celebrar el juicio, porque el día 21 de diciembre Gallardo va a salir diputado autonómico y la audiencia va a librar de forma inminente un oficio a la Junta Electoral Provincial para preguntar si este señor ha salido diputado. No hay que esperar al juramento o a la toma de posesión, que sería incluso después del juicio. Da igual si la Asamblea se constituye en marzo: desde el mismo momento en el que es elegido ya está aforado. Entonces, inmediatamente, la audiencia no va a poder celebrar el juicio de este señor y lo va a tener que suspender». La consecuencia es inevitable: la competencia ya no será de la Audiencia de Badajoz, sino que pasará en bloque al TSJ de Extremadura, el único órgano habilitado para juzgar a un diputado autonómico. Y esta vez, subrayan las fuentes, no podrá hablarse de fraude de ley.

Por qué esta vez no hay fraude de ley

El caso ha estado marcado desde el principio por las maniobras procesales de los acusados para paralizar el juicio. Antes incluso de la convocatoria electoral, varios abogados pidieron suspender la vista alegando diferentes motivos. Además, se intentó conservar un aforamiento que ya había sido invalidado por los juzgados, que advirtieron de un posible fraude procesal al pretender forzar esa condición sin haber sido elegido democráticamente. Pero ahora la situación es radicalmente distinta. Gallardo obtendrá el escaño por la vía legítima de las urnas.

Como precisa otra fuente judicial: «Ahora ya no hay fraude de ley. Ha habido unas elecciones y él se ha presentado. Cuando llegue el oficio de la Junta Electoral, la Audiencia tendrá que remitirlo al TSJ de Extremadura». Es decir: la maniobra funciona porque se ampara en un proceso electoral válido.

Los intentos previos para frenar el juicio

Este movimiento se suma a una larga serie de intentos de los acusados para retrasar la apertura del juicio oral. Durante los últimos meses, varios abogados han solicitado la suspensión, ampliación de plazos o nulidad de actuaciones, con argumentos que los jueces han ido rechazando sistemáticamente.

La defensa también presentó una recusación contra el tribunal, lo que obligó a aplicar el artículo 77 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y remitir la cuestión a la Sala Primera del TSJ de Extremadura. Sin embargo, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, el tribunal superior no tiene intención de dilatar su decisión. Fuentes del Tsjex afirman que la Sala resolverá de forma rápida y que no admitirá la recusación, respaldándose en una amplia jurisprudencia que desmonta los argumentos de la defensa. De este modo, la recusación regresará a la Audiencia Provincial sin provocar ningún tipo de suspensión. Pero todo eso quedará en nada si Gallardo es elegido diputado.

El desenlace inevitable

Una vez confirmados los resultados electorales, la Audiencia Provincial enviará de manera inminente —antes de la fecha del juicio— un oficio a la Junta Electoral Provincial para certificar si Gallardo ha sido elegido diputado. Esa simple confirmación basta para que el proceso quede paralizado. Lo resumen las fuentes consultadas del modo más claro: «Desde el mismo momento en que es elegido ya está aforado. La Audiencia no va a poder celebrar el juicio y tendrá que suspenderlo. Cuando llegue la respuesta de la Junta Electoral, la competencia pasa al TSJ de Extremadura». Todo ello con un efecto inmediato: el juicio de David Sánchez, previsto entre el 9 y el 14 de febrero, no se celebrará en la Audiencia de Badajoz. Y lo que ocurra a partir de ahí quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia.