El PSOE estudia enviar a Miguel Ángel Gallardo al Senado para que le juzgue el Supremo
La Audiencia de Badajoz no podrá celebrar el juicio debido al aforamiento del líder de los socialistas extremeños

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez junto al candidato Miguel Ángel Gallardo. | EFE
El futuro judicial de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, podría dar en las próximas semanas un giro aún más inesperado del que ya anticipaban las fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE. Si este domingo adelantábamos que, tras las elecciones del 21 de diciembre, el juicio no podrá celebrarse en la Audiencia Provincial de Badajoz porque el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo adquirirá aforamiento como diputado autonómico, hoy se abre un nuevo escenario: el PSOE maneja la posibilidad de enviarlo al Senado, lo que desplazaría automáticamente la competencia de su causa al Tribunal Supremo.
Ese movimiento, según explican altos cargos judiciales y parlamentarios a este periódico, está ya sobre la mesa en el PSOE extremeño y los órganos federales. Dependerá, fundamentalmente, de dos elementos: el resultado electoral de Gallardo el día 21 de diciembre y la necesidad del partido de blindar judicialmente la causa de mayor sensibilidad política que afecta directamente al entorno familiar de Pedro Sánchez. Lo relevante es que, ocurra una cosa o la contraria, lo único seguro es que el juicio no podrá celebrarse en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde estaba fijado entre el 9 y el 14 de febrero.
Primera opción: el aforamiento autonómico
Como avanzó este periódico, si Gallardo obtiene un escaño en la Asamblea —algo que se da prácticamente por hecho— adquirirá aforamiento autonómico desde el mismo momento en que sea proclamado diputado, sin necesidad de haber tomado posesión. En cuanto eso suceda, la Audiencia Provincial deberá suspender de forma inmediata el juicio de David Sánchez. Así lo explican fuentes judiciales: «Desde el mismo momento en que es elegido ya está aforado. La Audiencia no va a poder celebrar el juicio y tendrá que suspenderlo. Tras el oficio a la Junta Electoral, la causa pasará al TSJ de Extremadura».
Esa vía se considera, a día de hoy, la más probable. Evitaría que el juicio, que ha estado marcado durante meses por intentos de paralización, se celebre en la sala donde más se ha instruido y más se ha investigado públicamente el caso. La condición de diputado de Gallardo, según reconocen llamativamente las fuentes, se obtiene «por vía legítima de unas elecciones», por lo que esta vez no habría fraude de ley, a diferencia de su anterior intento frustrado de aforarse, que la Justicia anuló por considerarlo un abuso procesal. Pero la jugada podría ir aún más lejos.
Gallardo, en el Senado
Existe otra posibilidad que ha comenzado a tomar cuerpo en las últimas horas y que supondría un auténtico blindaje para el proceso: nombrar a Gallardo senador autonómico. Fuentes del propio PSOE extremeño y de la Diputación Permanente admiten que, tras el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, el partido ha cubierto su plaza temporalmente con Jorge Amado, portavoz económico del grupo socialista. Pero ese nombramiento durará únicamente hasta que se constituya la nueva Asamblea surgida de las urnas. Cuando eso ocurra, el Senado enviará un oficio a la nueva Cámara regional para que nombre de nuevo a los dos senadores autonómicos: uno del PP y uno del PSOE. Y ahí entra en juego Gallardo.
Según las fuentes parlamentarias consultadas, si el resultado electoral del 21 es una debacle para el PSOE, Ferraz valorará seriamente «elevar a Gallardo al Senado para sacarlo de la política autonómica». Y esa decisión tendría efectos directos en la causa judicial: el aforamiento pasaría del TSJ de Extremadura al Tribunal Supremo. Tal como lo describe una de las fuentes: «Después del día 21 de diciembre existe otra posibilidad. Si Gallardo va al Senado como senador autonómico del PSOE, la competencia ya no sería del TSJ de Extremadura, sino del Tribunal Supremo».
Esta opción no es descabellada. En el PSOE reconocen que Gallardo no irá en las listas autonómicas de manera indefinida si el partido queda debilitado tras las elecciones. Y enviarle al Senado ofrecería dos ventajas políticas: quitarlo del foco autonómico, donde la causa tiene un peso mediático enorme, y trasladar el juicio al Supremo. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE argumentan que en el Tribunal Supremo no se ha instruido la causa, lo que, en términos procesales, coloca a los acusados en una posición de mayor defensa y menor desgaste público.
A ello se suma que la cobertura informativa del caso ha sido muy superior en Extremadura —en medios locales y autonómicos— que en la prensa nacional: «El caso se ha cubierto muchísimo en los informativos extremeños. En Madrid no tanto. Además, la causa no se ha instruido en el Supremo, por lo que desconocen los entresijos de la investigación». Ese matiz lleva a las fuentes a aventurar que la expectativa de absolución es «significativamente mayor» que en Badajoz o que en el TSJ de Extremadura.
Pese a todos estos movimientos, existe una única vía teórica para que la Audiencia Provincial conserve la causa: que Gallardo sufra una derrota electoral tan profunda que decida dimitir antes de adquirir el acta de diputado. En ese supuesto, no habría aforamiento autonómico ni posibilidad de enviarlo al Senado, y el juicio podría celebrarse en Badajoz como estaba previsto. Pero las fuentes consultadas son contundentes: la probabilidad es «prácticamente nula».
Gallardo ya intentó previamente aforarse para no ser juzgado en Badajoz y la justicia revocó aquel movimiento por considerarlo un fraude de ley. Las mismas fuentes coinciden en que, precisamente por su interés en no sentarse ante la Audiencia Provincial, «su renuncia solo ocurriría en un escenario extremo». Por lo que el juicio, previsto para febrero, se va a suspender. Todo lo anterior parte de un hecho firme, anticipado por THE OBJECTIVE: la Audiencia Provincial de Badajoz no podrá celebrar el juicio en febrero. Cuando el día 21 de diciembre Gallardo resulte elegido diputado, la Audiencia enviará de forma inminente un oficio a la Junta Electoral Provincial para confirmar el resultado. Esa sola certificación obliga a trasladar la causa por aforamiento.
«La Audiencia tendrá que suspenderlo inmediatamente. En cuanto llegue el oficio, la competencia pasa al TSJ de Extremadura», aseguran desde el órgano judicial. Esa es ya la consecuencia inevitable. El resto —más o menos probable— dependerá del nivel de devastación electoral del PSOE en los comicios. Por ahora, el escenario más viable es que Gallardo sea aforado como diputado autonómico y el juicio pase al TSJ de Extremadura. Pero si la derrota electoral es profunda y Ferraz decide sacarlo del tablero autonómico, irá al Senado, y entonces el caso llegará al Supremo. En ambos casos, David Sánchez no será juzgado en Badajoz. Y esa, en el PSOE, es la única certeza.
