El Supremo interrogará a un exdirectivo de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, interrogará este miércoles como investigados a un exdirectivo de Acciona y a un subordinado suyo, por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de mordidas.

Se trata de Justo Vicente Pelegrini, que era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó y resolvió todos los contratos con Servinabar tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ponía en el foco varias obras adjudicadas a la UTE.

El magistrado también tenía previsto interrogar este miércoles a Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, los directores de la zona norte y la zona sur de Acciona Construcción, respectivamente, que reportaban a Pelegrini y a los que la empresa suspendió en sus funciones el pasado 18 de noviembre, cuando trascendió otro informe de la UCO centrado en las relaciones entre ambas empresas y con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La declaración de García Alconchel se pospuso al 15 de diciembre. Su abogada no podía acudir el tres de diciembre por motivos de salud. Así lo confirman fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Según consta en las pesquisas, Cerdán poseía el 45% de Servinabar. Su socio y «amigo» Antxon Alonso compartía la propiedad. Un tercer socio, identificado como Jon Aritz Santamaría, tenía el 4%.

Los investigadores indican que la relación Servinabar-Acciona empezó en 2015. Esto fue a raíz del proyecto de Mina Muga, en Navarra. La UCO sitúa allí el origen de la UTE y de la presunta trama. El Instituto Armado precisa que Acciona y Servinabar firmaron un acuerdo marco ese año. Ocurrió a los pocos días de crearse Servinabar. El acuerdo era para «explorar futuras oportunidades de negocio». Servinabar obtendría un 2% por ello.

Pelegrini, por Acciona, y Alonso, por Servinabar, firmaron dicho acuerdo. La UCO señala que la relación se gestionó a través de ambos. También participaron Cerdán, Olarte y García Alconchel. Acciona Construcción niega haber pagado comisiones a los señalados. La empresa afirma que se reserva acciones legales. Lo hará si las investigaciones le causan perjuicio directo. Este daño sería por la actuación de los investigados o de cualquier otro.

Asidua comunicación también con Cerdán

De Pelegrini, la UCO refiere que «mantenía asidua comunicación con Antxon, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos», en unos encuentros que «habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas» mostradas en pantalla durante videoconferencias.

Los investigadores también aluden a otras obras desarrolladas por la UTE una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú, cuyas adjudicaciones sumaron más de 245 millones de euros. La UCO explica que tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de dichas adjudicaciones.

Obra en Marruecos

García Alconchel está relacionado con la obra del puerto de Kenitra (Marruecos). Acciona optaba a ese proyecto. Según la Guardia Civil, Cerdán se unió a un viaje oficial de último momento en 2019. Viajó con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Iban como parte de una delegación del Ministerio de Transportes. El objetivo era intervenir en el asunto de Kenitra.

La Guardia Civil reflejó la preocupación de la presunta trama por el estancamiento del proyecto. «Marruecos, se les está presionando desde aquí», dijo Alonso a García Alconchel en diciembre de 2019.

También está investigado otro exdirectivo de Acciona, Fernando Merino. La UCO le atribuye una estrecha relación con Koldo. Esta relación habría influido en las presuntas adjudicaciones irregulares a la UTE. Además, el instructor cree que la constructora OPR también se habría beneficiado. OPR pertenece a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez. Ellos son los cuñados de Merino y también están investigados.

Puente ordenó registros en los domicilios de Merino y sus cuñados. También se registraron las casas de Pelegrini y sedes de Acciona y OPR. Esto se hizo en dos operativos, el último en noviembre.

Más de seis millones de euros desde Acciona

Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden «al menos» a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros. Respecto a los ingresos ajenos a Acciona, que cuantifican en 2.196.608,51 euros el 24,67% restante, exponen que proceden principalmente de transferencias o recibos de otras sociedades, servicios de «confirming» de los que no ha sido posible identificar la sociedad o proyecto de origen y suscripción de préstamos.

En cuanto a la salida de fondos en estos diez años, la UCO estima que fueron 9.701.121,96 euros, especificando que la mayoría de los adeudos 4.058.588,05 euros y el 48,79% del total son transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos o recibos, operaciones bancarias y de tarjetas y otros gastos, cheques y comisiones, por encima del pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y transferencias a Acciona (1,80%).

La Benemérita identifica como claros beneficiarios de la presunta trama a Cerdán y su familia, mediante el cobro de nóminas, el pago de alquileres incluida la hasta hace poco vivienda familiar en Madrid, y una tarjeta de crédito de la que gastaron más de 33.000 euros. «La Paqui, le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés», llegó a decir Alonso a su mujer sobre la esposa del ex dirigente socialista.