La Audiencia de Sevilla absuelve a un protegido de Montero por la explotación de Aznalcóllar

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 acusados juzgados entre marzo y julio de este año por varios delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar por unos hechos denunciados hace una década, al considerar que «no existen indicios» y que se ha tratado de una acusación «infundada». Entre los absueltos está Vicente Fernández Guerrero, que ocupó varios cargos importantes en la Junta de Andalucía con los socialistas y que luego fue aupado a la presidencia de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En la sentencia notificada este viernes a las partes, la Audiencia de Sevilla absuelve a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación medioambiental que les atribuyeron las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España, SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota de prensa.

Fernández Guerrero se enfrentaba a una petición de cárcel de 19 años, junto a una inhabilitación de 60 años y una multa de dos millones de euros por su papel en esta explotación minera adjudicada en 2013 a la agrupación empresarial México-Minorbis cuando era secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo. Junto a él, se sentaron en el banquillo de los acusados otros 15 políticos, empresarios y funcionarios de la Junta. Entre todos, sumaban un total de 348 años de prisión.

Entre los procesados estaban la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez, Julio Ramos y José Marcos Acosta como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho y el jefe del Servicio de Minas de la Junta, Iván Maldonado, así como los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel, quienes habrían actuado como «intermediarios» o conseguidores para la sociedad mexicana. A ambos se les reclamó una pena de 17 años de prisión. En la Audiencia de Sevilla también se sentaron funcionarios que ocupaban, en el momento de los hechos que se juzgan, cargos políticos dentro de la Consejería de Hacienda que dirigía Montero por aquel entonces.

Montero siempre ha defendido a Fernández Guerrero durante la larguísima instrucción de este caso en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla. Cuando le nombró presidente de la SEPI, destacó de él su «honradez» y consideró que su «suma de competencias permiten afirmar por mi parte que es la persona adecuada para dirigir la SEPI en un momento en el que tenemos que dar respuesta a los cambios en el modelo productivo». Tras su dimisión a finales de 2019, el PP llegó a preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez si el acusado seguía ejerciendo alguna función en la sombra en dicho organismo público o en otro tras retornar a su puesto funcionarial de letrado de la Junta andaluza. Luego fichó por la constructora navarra Servinabar, de la que Santos Cerdán tenía el 45% de las acciones, pero no ha aparecido ningún indicio en su contra por el momento.

El llamado caso Aznalcóllar no empezó con la conocida rotura de la presa de 1998, en la que se produjo una de las mayores catástrofes ambientales en España, sino en 2013 cuando se inició el expediente administrativo para la reapertura de la mina. Pese al atractivo económico que ofreció la Junta, ninguna de las principales multinacionales de entonces del sector de la minería se presentó debido a las dudas que presentaba la información técnica y los pasivos ambientales que debían ser asumidos por el adjudicatario.

El actual Gobierno andaluz, gobernado por el PP, autorizó en mitad del juicio el nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis. Este anuncio de la Junta de Andalucía del 30 de mayo supuso «el último trámite de la Administración autonómica para dar vía libre al inicio de los trabajos de construcción de una nueva mina» y se produjo en medio del macrojuicio contra 16 funcionarios, políticos y empresarios que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla. 

500 millones de inversión

El proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación, cuenta con una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias del proyecto minero, subrayó entonces el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

La futura explotación minera cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año. Según un documento publicado por la propia Junta de Andalucía en julio de 2013, el valor en mercado del depósito de la mina de Aznalcóllar superaba en aquel momento los 14.000 millones de dólares -la divisa en la que cotizan los minerales en los mercados internacionales-. Una cifra que en la actualidad podría estar por encima de los 18.000 millones de dólares -unos 15.580 millones de euros-.

El anuncio de la Junta andaluza cayó como una bomba en el juicio que se sigue contra los responsables de la primera autorización de 2013 en plena fase de testificales. El anuncio de Paradela provocó «cierto estupor» entre las acusaciones, ya que parecía «significarse» en este proceso judicial en defensa de los procesados.

Tras la sentencia de hoy, que puede ser recurrida, el abogado de Magtel, Juan Carlos Alférez, consideró que la misma analiza quirúrgicamente todos los extremos de la acusación y los declara infundados: «Hemos sufrido diez años de proceso, con la mancha que ha supuesto para tantísimas personas, y se podría haber evitado», ha subrayado en declaraciones a Radio Sevilla.

Por su parte, Emerita Resources ha publicado un comunicado en el que respeta la decisión judicial que ratifica la adjudicación de
la mina de Aznalcóllar a los actuales concesionarios. «Si bien lamentamos que no se hayan apreciado las carencias de transparencia que, a nuestro juicio, marcaron el concurso, asumimos la resolución desde el máximo respeto institucional», ha indicado la compañía cuya matriz es canadiense.

«Al margen de este procedimiento, Emerita continúa trabajando con total normalidad, como viene haciendo en los últimos meses, en el desarrollo de su proyecto industrial minero IBW en la provincia de Huelva, uno de los proyectos estratégicos más relevantes actualmente en el ámbito de la minería metálica en España», ha subrayado tras la sentencia.