La Justicia da la razón a Illa en la polémica sobre el megacontrato de las mascarillas
Considera legítimo que la administración comprara fuera del Acuerdo Marco y dejara a decenas de empresas ‘colgadas’
Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad. | EP
La Justicia ha dejado sin amparo a las empresas adheridas al Acuerdo Marco impulsado por Salvador Illa durante la pandemia. Una de estas compañías demandó al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) —organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que convocó y firmó el Acuerdo Marco— al considerar que las dejó desatendidas al ejecutar únicamente el 0,7 % de los 2.500 millones de euros previstos. Sin embargo, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid ha desestimado la demanda al entender que el acuerdo marco no constituye un contrato —pese a estar regulado expresamente por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP)— y que, en consecuencia, el Ingesa no estaba obligado a garantizar su ejecución.
«En lo que respecta a la alegación de incumplimiento del Acuerdo Marco, debe destacarse que dicho instrumento jurídico no constituye un contrato en sentido estricto, sino un procedimiento de selección de proveedores que cumplen las condiciones técnicas y económicas fijadas en el pliego. […] Su finalidad es establecer un marco de referencia para que las Administraciones adheridas puedan celebrar contratos basados, ajustados a sus necesidades concretas. Por ello, el Acuerdo Marco no genera por sí mismo obligaciones de suministro ni compromisos de adquisición en favor de los adjudicatarios, sino únicamente la expectativa de que, en igualdad de condiciones, las entidades contratantes podrán recurrir a ellos», se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECITVE.
En relación con las entregas provenientes de la reserva estratégica y las adquisiciones realizadas al margen del Acuerdo Marco, la jueza concluye que «ambas prácticas se encuentran amparadas por la normativa aplicable»: «Las Órdenes Ministeriales vigentes durante la ejecución del Acuerdo Marco permitían recurrir a suministros previos adquiridos por contratación de emergencia, así como a contrataciones alternativas cuando las características del material lo exigieran. De este modo, las Administraciones adheridas podían optar por productos distintos o proveedores diferentes si las condiciones del Acuerdo Marco no satisfacían sus necesidades específicas».
Sanidad solo ejecutó el 0,7% del Acuerdo Marco
Según una respuesta del pasado mes de mayo del propio Ingesa a la que tuvo acceso este medio, se formalizaron contratos por un valor de solo 18.703.957,64 euros. Esto es, apenas un 0,7% de los 2.500 millones de euros previstos y aprobados, pese a que el objetivo de este acuerdo marco —una tramitación de emergencia— era intentar poner orden y centralizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas y ministerios para garantizar el suministro a un precio razonable. Al acuerdo marco se adhirieron las regiones y los ministerios de Defensa y del Interior.
Sin embargo, THE OBJECTIVE ha publicado en exclusiva una serie de informaciones que demuestran cómo varias comunidades autónomas, pese a adherirse al acuerdo marco, nunca acudieron a él para la compra de mascarillas quirúrgicas ni batas, ya que fueron abastecidas directamente por el Ingesa con material que había sido adquirido mediante contratos de emergencia —sin publicidad ni licitación previa— antes de la entrada en vigor del megacontrato público. Otras, como Canarias, se lo saltaron directamente para comprar miles de batas y mascarillas a través de otros procesos de contratación a precios desorbitados.
Decenas de empresas colgadas con deudas millonarias
Como consecuencia, decenas de empresas adheridas al acuerdo quedaron colgadas con millones de productos comprados, ya que los adjudicatarios estaban obligados por contrato a estar siempre aprovisionados con suficiente inventario. Por ello, la empresa demandante reclamaba al Ingesa 2.385.987 euros por los perjuicios que le habría causado el incumplimiento del Acuerdo Marco que, alega, «incumplió de forma voluntaria», ya que considera que desde el principio sabía que dicho Acuerdo no se iba a utilizar nunca y que, a pesar de ello, permitió que las empresas seleccionadas se viesen obligadas, en cumplimiento de los Pliegos del contrato, a aprovisionarse de grandes cantidades de material e incurrieran en gastos ingentes.
«El incumplimiento absoluto del Acuerdo Marco no ha sido una casualidad ni la suma de una serie de, digamos, pequeños despropósitos o imprevistos, sino que era conocido y querido por el Ingesa desde, incluso, antes de que se adjudicara», sostiene el demandante. Pese a ello, la magistrada ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa demandante. No obstante, esta asegura a este medio que recurrirá el dictamen «las veces que haga falta». «No nos vamos a rendir».