El Supremo sentencia que García Ortiz o alguien «con su conocimiento» filtró el correo

Dura sentencia contra Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la condena a dos años de inhabilitación del fiscal general por revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador. Los magistrados consideran que el acusado «o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento» filtró el correo en el que el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se prestaba a admitir dos delitos fiscales. El fallo señala que el acusado «no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito», en alusión a la nota de prensa que se difundió, y que quebró su deber de reserva «sin justificación». La resolución incluye dos votos particulares, los de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, para quien los indicios «no son suficientes».

El Supremo avanzó el pasado 20 de noviembre la condena de dos años de inhabilitación a García Ortiz, que dimitió el pasado 24 de noviembre, por revelación de datos reservados del novio de Ayuso. «No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena (…) tan solo constatamos que penalmente esa extensión limitada a ese cargo nos parece proporcionada revelándose como excesiva su proyección a otros», subraya la histórica sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

«También constatamos que sobre este mismo asunto se han producido otras dos filtraciones, la del expediente tributario, con datos de la propia Fiscalía que había empezado su actuación, y la de la nota de prensa, tres horas antes de su difusión. Filtraciones que no son objeto de este procedimiento, pero revelan una forma de actuar, un tanto anómala, sobre este objeto procesal», insiste el fallo. García Ortiz también deberá abonar una multa de 7.300 euros y las costas procesales. Como responsabilidad civil deberá indemnizar con 10.000 euros por daños morales al novio de Ayuso.

Inhabilitación de García Ortiz

La sentencia arremete contra el condenado por la elaboración de una nota de prensa que recogía la propuesta de conformidad de González Amador. «Informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos que asisten a quien comunica al fiscal su voluntad de llegar a una conformidad», sostiene la resolución. Durante el juicio, su responsable de Comunicación, Mar Hedo, admitió que García Ortiz tenía interés en dejar claro que la actuación de los fiscales que llevaban el caso había sido la correcta y que su jefe le «dictó» el contenido de los correos de González Amador para incluirlos.

«El deber de confidencialidad del fiscal general del Estado no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público. El que otros medios de comunicación, como se arguye, (…) ya dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, ya fuera en su formato original, ya en información sobre su contenido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Sobre el Sr. García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación», subraya la sentencia.

Las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo se han desmarcado de sus compañeros del tribunal al considerar que los indicios «no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables. García Ortiz basará los futuros recursos en sus votos particulares. Polo, de hecho, era la encargada de redactar la sentencia, pero dada su discrepancia, la tarea recayó en el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. El cambio de ponente y la obligación de comunicarlo a las partes fue lo que propició que se avanzara el fallo, según fuentes jurídicas.

García Ortiz se sentó en el banquillo a principios de noviembre acusado de filtrar los correos electrónicos que intercambiaron la Fiscalía y el abogado del novio de Ayuso para llegar a un pacto de conformidad. En el email, González Amador se abría a reconocer que había defraudado 350.000 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas para evitar penas de cárcel. De hecho, el pasado 22 de septiembre la juez del caso abrió juicio contra el empresario, acusado de dos delitos de fraude fiscal, falsificación en documento mercantil, delito contable y pertenencia a organización criminal.

«Estratégica destrucción»

La difusión de ese correo electrónico, fechado el 2 de febrero del año pasado, tuvo lugar el 13 de marzo de 2024, apenas unas horas después de que El Mundo publicase una información que recogía la versión de que había sido el Ministerio Público quien había ofrecido el pacto a González Amador. Una versión que estaba extendiendo el entorno de Ayuso y que García Ortiz creyó necesario desmontar con una nota de prensa al día siguiente «para ganar el relato».

Uno de los testimonios más importantes durante el juicio fue la de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que apuntó a García Ortiz como origen de la filtración. Los magistrados apuntan a que compartió inicialmente la opinión de que había que reaccionar, aunque discrepó en la forma. «No parece reticente, ni resentida, por su situación o trato dentro de la cúpula fiscal. Por el contrario, lo que denota es que, fiel a su superior, alertó a este de lo que estaba ocurriendo y convino con él en cómo se debía proceder», resalta la sentencia.

Su testimonio ha sido vital para la condena. Lastra relató al tribunal que la mañana del 14 de marzo del año pasado, cuando ya se había publicado el contenido de los correos del novio de Ayuso, el fiscal general le llamó por teléfono cuando ella iba en el coche. «No le di ni los buenos días. Le pregunté, ¿Has filtrado los correos? Entonces me dijo que eso ahora no importa, pero a mí eso sí que me importaba. Eso se me quedó grabado en el alma».

El abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ejerce la defensa de García Ortiz, relató durante el juicio que, más allá de las afirmaciones del novio de Ayuso, «no se ha aportado prueba documental» de que el fiscal general fuese el filtrador. En su opinión, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tampoco han contribuido. Sin embargo, obvió que su cliente borró mensajes de WhatsApp y que eliminó su cuenta personal de correo electrónico, donde recibió los emails de González Amador. El Supremo concluye que se trata de «una estratégica destrucción de toda información» que pudiera compromerle.

El email de Lobato

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, también discrepó del informe de la UCO porque este «no puede ser una prueba pericial» ni de él se desprende «ninguna prueba». Durante el juicio, los agentes atribuyeron a García Ortiz un «dominio a todos los niveles» de la filtración. Durante la investigación, y tras analizar los dispositivos del fiscal general, constataron que existían «cero mensajes» y que habían sido borrados el mismo día en el que el Supremo le imputó por un delito de revelación de secretos. Una semana más tarde, cambió de móvil alegando motivos de seguridad.

La vista también contó con las declaraciones del ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera y el antiguo líder del PSOE en Madrid Juan Lobato, que el 14 de marzo del año pasado recibió un mensaje de la anterior proponiéndole que usara el email donde el novio de Ayuso reconocía dos delitos fiscales. El actual senador dudó del «origen lícito» de ese documento y puso reparos en mostrarlo en la Asamblea de Madrid, así que Sánchez Acera le respondió que sería publicado. La actual número dos de los socialistas madrileños rechazó haber recibido «el pantallazo» de la Fiscalía, pero no recuerda la identidad del periodista que se lo facilitó.