García Ortiz premió a un fiscal afín con un puesto en la UE justo antes de dejar el cargo

La caída de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, precipitada por la sentencia del Tribunal Supremo que le condena por un delito de revelación de datos reservados, no impidió que el ya exfiscal general ejecutara uno de sus últimos movimientos de poder: colocar a uno de sus fiscales de máxima confianza en un puesto clave dentro del Ministerio Público europeo. Esa maniobra tiene nombre y apellido: Carlos García-Berro, fiscal de la Audiencia Nacional y figura controvertida dentro de la carrera por sus decisiones en causas sensibles y su estrecha vinculación ―según numerosos compañeros― con el propio García Ortiz.

Fuentes fiscales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que García-Berro ha sido «aupa­do» por el exfiscal general, y que su candidatura se presentó y tramitó poco antes de que García Ortiz se viera obligado a abandonar el cargo tras su condena. La confirmación llegó este lunes —en plena celebración del Día de la Constitución— cuando el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, publicó la Resolución de la Comisión de Selección para la designación de candidaturas al puesto de fiscal europeo delegado. En esa lista provisional aparece García-Berro entre los candidatos admitidos, pendiente únicamente de un requisito sorprendente por lo menor: aportar su currículum en español, ya que sólo había entregado la versión inglesa.

Según indican varios fiscales consultados, se trata de uno de los miembros del Ministerio Público que acudieron al Supremo para aplaudir a García Ortiz durante el juicio que acabó con su condena. Su presencia fue interpretada como un gesto inequívoco de alineamiento interno. Ahora, la publicación de su candidatura para la Fiscalía Europea, con una resolución emitida prácticamente en la recta final del mandato de su jefe y valedor, ha reforzado esa interpretación. «Es un premio. Un movimiento calculado. Y llega en el último minuto», señalan a este periódico fuentes judiciales.

Defensor de Bildu

La figura de García-Berro acumula controversias desde hace años. Su perfil ideológico es conocido dentro y fuera de la institución: militante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), muy activo en redes sociales con mensajes defensores del comunismo, de la URSS, crítico de la monarquía y feroz opositor de formaciones como el Partido Popular o Vox. En sus publicaciones ha elogiado a Lenin, ha ridiculizado a Isabel Díaz Ayuso y ha compartido contenidos favorables a EH Bildu, hasta el punto de difundir noticias ensalzando la gestión de Joseba Asiron tras su llegada a la alcaldía de Pamplona.

Las críticas más graves contra García-Berro no provienen de rivales internos, sino de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), presidida por Daniel Portero. La organización llegó a acusarlo de «salvar a los jefes de ETA para no molestar a Bildu», especialmente por su actuación en el juicio contra la exdirigente etarra Iratxe Sorzabal. Según DyJ, García-Berro no presentó en el juicio la prueba clave —una kantada, una carta manuscrita atribuida a Sorzabal— que habría sido determinante para su condena por el atentado fallido en el aeropuerto de Alicante en 1995. El resultado fue la absolución.

Para la asociación, su actuación responde a un patrón: «Priorizar la jerarquía y los intereses políticos por encima de la legalidad». DyJ señaló que García-Berro ha sido uno de los fiscales de confianza de García Ortiz para llevar causas sensibles relacionadas con el pacto entre PSOE y Bildu, desde homenajes a etarras (ongi etorri) hasta procedimientos que afectaban a históricos de la banda como Iñaki de Rentería o Mikel Antza en la causa del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Rechazo a investigar homenajes a etarras

Como fiscal encargado del procedimiento que investiga los ongi etorri, García-Berro ha tenido enfrentamientos constantes con Dignidad y Justicia y con el entonces juez instructor, Manuel García Castellón. Primero se negó a investigar a Julen Arzuaga, parlamentario de EH Bildu, y en su escrito arremetió duramente contra la asociación y contra el propio instructor. Después, DyJ destapó que desde el entorno de presos etarras se mantenían comunicaciones directas con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, lo que en su opinión requería ampliar la investigación. García-Berro se opuso. Para la asociación, sus decisiones responden a la misma lógica: «Evitar incomodar a los socios parlamentarios del Gobierno». Un argumento que ha cobrado relevancia ahora que su ascenso a la Fiscalía Europea coincide con el final abrupto de la etapa de García Ortiz.

La polémica por el caso Loterías del Estado

El fiscal también cargó sin matices contra los querellantes del presunto amaño en la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), una causa que afecta directamente al Ministerio de Hacienda y, por extensión, a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Los querellantes entregaron al juez un informe pericial en el que se demostraban todas las irregularidades en las adjudicaciones de estas delegaciones provinciales que, casualmente, tienden a pasar «de padres a hijos» o a otros miembros de la familia. Esto significa que, en muchas ocasiones, los agraciados con la concesión del contrato guardan algún tipo de relación de «consanguinidad» con el titular anterior que deja vacante la delegación.

Este patrón de adjudicación ha generado suspicacias, ya que parece sugerir que los concursos públicos, aunque teóricamente abiertos a todos, favorecen en la práctica a ciertos familiares de los delegados destacados. Fuentes internas consultadas por este periódico afirman que «no se trata de una mera casualidad», sino que en realidad «nunca ha existido una regulación estricta» en los concursos públicos para la concesión de delegaciones comerciales. Según estas fuentes, se ha permitido adulterar los procesos para que los beneficiarios sean siempre las mismas personas.

El fiscal arremetió con inusitada dureza contra los querellantes y aseguró en un escrito: «Resulta notorio que cinco contratos, por más que los querellantes se empeñen en ver conductas delictivas de todo tipo y por mucho que se afirme sin base alguna que son muchos millones, no son base bastante para afirmar la competencia de la Audiencia Nacional, ni para, como se solicita, ordenar una entrada y registro en la sede de Loterías y Apuestas del Estado».

Sin embargo, fue un juez de instrucción de los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid el que determinó que dicha causa era competencia de la Audiencia Nacional y derivó a los querellantes a este organismo. Estos acataron dicha orden y, por ese motivo interpusieron una nueva querella en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz abrió las diligencias previas 219/2024, en las que ya estaba personada la Abogacía del Estado.