Cerdán montó un grupo con Leire Díez y el exjefe de la SEPI para pedir comisiones al Ibex

Santos Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE en octubre de 2021, tras el 40º Congreso Federal del PSOE, pese a que ya ejercía sus funciones desde que, en julio de ese año, Pedro Sánchez destituyera a José Luis Ábalos como ministro de Transportes y le instara a dimitir como secretario de Organización. En las mismas fechas, noviembre de 2021, la militante socialista Leire Díez abandonó la empresa pública Enusa y se incorporó a Correos, donde tres meses después promocionó como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia gracias a Santos Cerdán, que era quien supervisaba los nombramientos en la SEPI junto al nuevo jefe de gabinete del presidente, Óscar López, y el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. En mayo de ese mismo 2021, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fichó por la empresa Servinabar 2000, de la cual Santos Cerdán era socio al 45% junto a Joseba Antxon Alonso.

Según la información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la coincidencia en las fechas de los cambios profesionales de los protagonistas responde a la creación de un grupo que el entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán, organizó con la intención de montar reuniones con empresarios del Ibex 35, a quienes se les solicitaban comisiones con el pretexto de «desactivar una supuesta amenaza para la seguridad nacional». Fuentes presenciales en esos encuentros confirman que las reuniones se celebraban en un despacho en la calle Diego de León, 36 de Madrid, que Fernández había alquilado para la actividad de su despacho de abogados, que compatibilizaba con su actividad en Servinabar, con quien mantuvo una relación laboral como director comercial hasta 2023.

En conversación con este periódico, el propio Fernández confirmó que el citado despacho sirvió para acoger algunos encuentros con Santos Cerdán y diversos empresarios en los que, según su versión, él no participó, sino que se limitó a entregarle las llaves de las oficinas del sexto derecha a la llamada fontanera del PSOE, a quien había conocido durante su etapa como presidente de la SEPI, siendo ella una trabajadora de una de las empresas públicas participadas. Fernández tuvo alquilado ese inmueble durante un año, momento en que trasladaron la oficina, que compartía con otra letrada, a otra ubicación de la capital.

Sin embargo, fuentes conocedoras del entramado aseguran que «Vicente y Santos Cerdán eran íntimos», motivo por el cual puso a su disposición el piso de Diego de León, 36, donde otras informaciones ubican la celebración de encuentros con el colectivo de víctimas de las cloacas del Estado del excomisario José Manuel Villarejo, entre los que estaría el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. Sin embargo, el empresario Javier Pérez Dolset desmiente rotundamente a este diario que este colectivo se citara en dicha localización, donde sólo se produjeron encuentros con empresarios a los que Cerdán reclamó fondos, supuestamente, para el PSOE y para desactivar la supuesta amenaza de «seguridad nacional».

Balas coordinó la detención de Leire Díez

Estas pesquisas las está investigando el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fuentes judiciales aseguran a THE OBJECTIVE que, hace una semana, el teniente coronel Antonio Balas se reunió en la Audiencia Nacional con el magistrado Antonio Piña en el marco de estas diligencias secretas para coordinar las detenciones practicadas este miércoles por delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

En la operación, la UCO ha detenido a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Ambos se encuentran en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el municipio de Tres Cantos. Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018 y dimitió del cargo en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina.

Una imputación que mantuvo casi 600 días con la presidencia de la SEPI vacante, por decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien confiaba en nombrar nuevamente a Guerrero tras el archivo de su imputación. La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió la semana pasada a los 16 acusados, entre ellos el propio Fernández, al considerar que «no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada».

Mina Muga, el origen navarro

Los directivos del Ibex 35 convocados al encuentro se negaron a pagar la cuantía reclamada —que consideraron excesiva—, alegando que el Gobierno ya disponía de instrumentos para desactivar presuntas amenazas de seguridad nacional. A partir de 2022, el citado despacho no solo acogió la celebración de estas reuniones con las altas esferas empresariales, sino que también permitió estrechar los lazos de algunos de estos protagonistas en un entramado relacionado con el «negocio de las minas y el petróleo». Según las fuentes consultadas por este diario, entre esos actores se incluían el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Vicente Fernández.

No es casual que el último informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán señale que el origen de la trama corrupta tiene su epicentro en Navarra y escala gracias a Ábalos con la llegada a Moncloa. Tres años antes, el 10 de septiembre de 2015, se había producido el primer contacto detectado entre el directivo de Acciona Fernando Merino, Koldo García y Antxon Alonso, apenas unos días después de la constitución de Servinabar como sociedad, el día 4 de ese mismo mes. Ese primer contacto fue a través de un correo electrónico en el que el directivo de Acciona se interesaba en el proyecto de la Mina Muga, de Geoalcali, cuyo proyecto se adjudicó en UTE a Acciona junto a Servinabar.

Los investigadores sitúan al socio de Cerdán como el «escalón intermedio» entre Acciona y la Administración, y ponen el acento en este informe, en que el primer acuerdo marco de colaboración, suscrito el 16 de septiembre de 2015, señalaba a Servinabar como una sociedad que «goza de una buena implantación en la Comunidad Foral de Navarra», cuando apenas había sido constituida 12 días antes de la rúbrica del acuerdo. Sin embargo, la declaración de impacto ambiental favorable no se obtuvo hasta 2019, estando Ábalos en el Gobierno. Un hecho que, según la UCO, «cobra especial relevancia» en el entramado de la organización criminal que operó en la trama de las mascarillas, los amaños de obra pública y el sector de los hidrocarburos.