Leire Díez fichó por una empresa de la SEPI tras llegar Vicente Fernández al ente público
La ‘fontanera’ del PSOE y el hombre fuerte de Montero han sido detenidos por presuntos amaños de contratos públicos
Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. | Ilustración de Alejandra Svriz
Leire Díez fichó por una empresa pública participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) apenas unos meses después de que comenzara a dirigirla Vicente Fernández. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE afirman que ese hecho fue trascendental para la contratación de la denominada fontanera del PSOE en la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en octubre de 2018. Fernández era también arrendatario de uno de los pisos en los que se reunía Díez con imputados, empresarios y jueces para facilitar información sensible al partido. Ambos han sido detenidos este miércoles por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró a Fernández presidente de la SEPI en junio de 2018, nada más llegar a Moncloa. La recomendación partió de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Le conocía por su trabajo como letrado en diversos departamentos de la Junta de Andalucía. Dimitió en octubre de 2019 tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, causa de la que salió absuelto la semana pasada y en la que, como avanza este diario, Díez habría presionado a la fiscal Ascensión Ocaña para que le exculpara.
Enusa depende de la SEPI, ente adscrito al Ministerio de Hacienda que actúa como un holding de empresas públicas. Posee el 60% de las participaciones de la compañía. El 40% restante pertenece al Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). La firma es responsable del ciclo del combustible nuclear, gestionar el abastecimiento de uranio para las centrales y de las actividades relacionadas.
El fichaje de Díez por Enusa
La fontanera del PSOE trabajó para Enusa como responsable de Comunicación entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, mientras Fernández dirigía la SEPI. Durante esos 39 meses, Díez obtuvo 106.204 euros de salario. También percibió otros 1.626 euros «en dietas percibidas por viajes realizados». La empresa pública de uranio informó a este diario que la exmilitante socialista fue contratada «tras el pertinente proceso de selección» hasta junio de 2019 cobrando lo correspondiente al grado 7, esto es, 30.564 euros al año.
A partir de ese momento, y hasta diciembre de 2021, Díez pasó a disfrutar de un contrato indefinido. Su retribución se adecuó al grado 8, por lo que comenzó a percibir 34.195 euros anuales. Tras su paso por Enusa, fue contratada por Correos, otra empresa participada por la SEPI. La relación laboral comenzó en noviembre de 2021 tras superar un proceso de elección para un puesto que, inicialmente, estaba dirigido al personal del ente público. En ese momento, Fernández ya había abandonado la entidad vinculada a Hacienda.
Como avanzó este diario, el expresidente de la SEPI encontró acomodo en Servinabar, una de las empresas de la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas que investiga el Tribunal Supremo.
Los investigadores consideran que la firma de Joseba Antxon Alonso estaba vinculada el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que suscribió un acuerdo para hacerse con el 40% de las acciones, aunque nunca se hizo efectivo. Fernández trabajó como director comercial de la constructora navarra entre mayo de 2021 y febrero de 2023 tras obtener el permiso de la Oficina de Conflictos de Intereses del Gobierno.
Detenidos por la Guardia Civil
Díez y Fernández fueron detenidos este miércoles por la Guardia Civil por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI. La operación bajo secreto fue ordenada por el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pasarán a disposición judicial el viernes. La fontanera del PSOE, ya estaba siendo investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
El magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre, presuntamente por ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas parten de varias denuncias contra Díez después de que salieran a la luz unos audios en los que ofrece favores al empresario Alejandro Hamlym. El documento desveló que le brindó un pacto a cambio de información sensible del teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la Unidad Central Operativa (UCO).
La exmilitante socialista también se reunió con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. Como adelantó El Mundo, los encuentros habrían servido para pedirle información sensible de los «elementos subversivos» del cuerpo a cambio de dispensarle protección judicial y gestionar su rehabilitación. Zamarriego incorporó a la causa las denuncias por intento de soborno presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda.
Díez utilizaba para algunos de sus encuentros con imputados, empresarios o personas relacionadas con la judicatura que le pudieran facilitar información de interés para el PSOE dos pisos situados en Madrid. Como informó OKDiario, el ubicado en la calle de Diego de León, en una de las zonas más exclusivas de la capital, fue alquilado por Fernández. En ese inmueble se vieron con un representante del Banco Sabadell, al que aseguró que disponía de grabaciones y archivos inéditos sobre BBVA que permitiría a la entidad catalana desactivar la opa.