El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por el 'caso mascarillas'

José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha abierto este jueves juicio oral contra ellos por supuesta trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia. Están acusados de integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada. El magistrado también ha acordado mantener en prisión al exministro y su antiguo asesor y obliga al comisionista a comparecer cada 15 días en los juzgados.

En el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE acuerda la apertura de juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Aldama. La decisión de Puente llega apenas 24 horas después de que la Sala de Apelación del Supremo confirmara los procesamientos y rechazara los recursos del exministro y su antiguo asesor. El magistrado otorga cinco días de plazo al exministro y a su antiguo asesor para que depositen una fianza de 60.000 euros con los que asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias. De no hacerlo, serán embargados.

El texto confirma que el juicio por la trama de las mascarillas se celebrará en el Supremo, como determina la jurisprudencia. Según esta, en las causas contra aforados se eestablece que, una vez abierto juicio, este se celebrará en el tribunal en el que se desarrolló la instrucción aunque el parlamentario dimita y pierda su acta. Fuentes jurídicas señalan a este diario que la vista se fijará en los próximos meses, previsiblemente febrero o marzo.

El diputado Ábalos

Horas después de que la Sala de Apelaciones del Supremo confirmara el procesamiento de Ábalos, el Congreso le suspendió como diputado en virtud ael artículo 21.2 del Reglamento, que establece que los parlamentarios quedarán suspendidos en sus derechos y deberes cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se encuentren en situación de prisión preventiva y mientras este dure. A partir de este momento, el actual diputado del Grupo Mixto no podrá ni votar ni percibirá su sueldo, de unos 6.000 euros al mes.

Puente decidió enviar a la cárcel al exministro y a su antiguo asesor el pasado 27 de noviembre al advertir riesgo «extremo» de fuga. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado prisión incondicional (sin fianza) para ambos al considerar que podían evadir a la justicia ante la cercanía del juicio. La vista solo afectará a la pieza principal de la investigación, la trama de las mascarillas, ya que el magistrado abrió en septiembre otra pieza separada por los presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas en la que tanto Ábalos como Koldo García están investigados.

Puente acordó el pasado 3 de noviembre juzgarles por la trama de las mascarillas. La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio Koldo García. Las acusaciones populares elevan la petición a 30 años para cada uno de ellos. En el caso de Aldama, tanto las acusaciones como el Ministerio Público reclaman siete años de prisión, ya que le aplican un atenuante por su colaboración con la investigación.

El juez considera que tras la toma de posesión de Ábalos, los tres procesados «se concertaron» para aprovechar esa circunstancia «y la natural influencia que este proyectaba, para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos (…) así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia». El magistrado sostiene que la entrada de Aldama en Transportes se produjo a través de su hermano Rubén, que era escolta de Ábalos. Este entabló una «frecuente relación» con Koldo García que llevó al comisionista hasta el entonces ministro.

Pagos al exministro

El instructor considera que Aldama estaba encargado de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí». De Koldo García señala que, aprovechando su condición de asesor y la confianza de Ábalos, «se encargaba de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables».

La empresa aragonesa, con la mediación de Aldama, consiguió la adjudicación de una docena de contratos durante la pandemia por 53 millones de euros, todos ellos de Administraciones gobernadas por los socialistas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Koldo García habría informado al comisionista de la necesidad de comprar material sanitario y este habría compartido la información con Juan Carlos Cueto para dotar de músculo a la sociedad. De hecho, suscribieron un acuerdo seis días antes de saber que obtendrían la adjudicación. Transportes llegó a declinar una oferta más barata para la compra de mascarillas.

Puente sostiene que «existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados Ábalos y Koldo García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos». El magistrado insiste en que existen indicios de que el exministro y su antiguo asesor «recibieron dichas retribuciones económicas en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía y como contraprestación a dichas conductas desleales».

Aldama aseguró hace ahora un año en la Audiencia Nacional que entregó un total de 650.000 euros a Ábalos. De esa cantidad, 250.000 euros habrían sido por comisiones de las mascarillas. El empresario también afirmó que había dado otros 300.000 euros a Koldo García, 100.000 por los cubrebocas. El instructor relata que el comisionista suscribió un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, para garantizar el pago de comisiones al exministro. No obstante, la operación nunca llegó a fructificar. También incluye el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), que compró una empresa vinculada al comisionista.

El magistrado también constata que Aldama efectuó pagos de 10.000 euros mensuales a Koldo García que se prolongaron desde octubre de 2019 hasta 2021, año en que Ábalos fue cesado. En al menos dos ocasiones, las entregas de dinero se produjeron en República Dominicana, país hasta donde se desplazó el hermano de su asesor para recogerlo. Joseba García aseguró en marzo en el Supremo que sus viajes a la isla caribeña eran de carácter privado. Sin embargo, el empresario Javier Serrano y la empleada de Pronalab Aránzazu Granell reconocieron semanas después que realizaron esos pagos.