La UCO también detiene a Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la operación contra Leire Díez
La Guardia Civil ha realizado 19 registros en varias provincias, algunos de ellos en empresas públicas
Joseba Antxon Alonso el pasado julio en el Senado. | Jesús Hellín (EP)
El empresario Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar, ha sido detenido este jueves. Lo hace solo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestara a Leire Díez y al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la detención del dueño de la sociedad presuntamente participada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha producido en Vizcaya. Los agentes han realizado un total de 19 registros en varias provincias, algunos de ellos en empresas públicas.
Díez y Fernández pasarán a disposición judicial el sábado a las 10 horas, por lo que hasta entonces dormirán en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). Ambos arrestos están relacionados con una operación bajo secreto que ha ordenado el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
A estas detenciones se ha sumado este jueves la de Alonso, el empresario que habría cedido a Cerdán el 45% de las acciones de Servinabar en un contrato privado de compraventa firmado en 2016 a cambio de 6.000 euros. La escritura estipula de forma explícita que «el vendedor declara recibido» el pago. Sin embargo, el ex secretario de Organización del PSOE defiende que el documento carece de validez y que nunca llegó a poseer participaciones en la constructora navarra, una de las que intervinieron en las obras del polémico túnel de Belate.
Registros de la UCO
Fuentes de la investigación señalan que se han practicado 19 registros en varias provincias. La UCO ha accedido a algunos entes públicos, como la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), Mercasa o la SEPI. Los agentes también han irrumpido en las sedes de compañías privadas, algunas de ellas vinculadas a Servinabar, entre las que se encuentra Forestalia. Como desveló este diario, esta compañía y una de las firmas de Alonso compartieron domicilio fiscal en un vivero de empresas de Madrid dedicado a obtener contratos y subvenciones públicas en energías renovables.
Los registros se están practicando en Madrid, Zaragoza y Sevilla, donde los agentes han accedido al bar La Bola, en la isla de La Cartuja. El establecimiento pertenece desde 2023 a una sociedad supuestamente controlada por el expresidente de la SEPI. Las fuentes consultadas señalan que pasó de obtener cuantiosas pérdidas a facturar importantes sumas, por lo que podría haberse usado para blanquear dinero obtenido presuntamente de manera irregular.
Las entradas en la capital han tenido como protagonista un piso en la calle Diego de León que, supuestamente, utilizaba Díez para sus encuentros con imputados, empresarios y jueces para facilitar información sensible al PSOE sobre causas judiciales. El inmueble, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, estaba arrendado por Fernández.
Las pesquisas se centran en diferentes empresas, entre las que se encontraría la tecnológica Cistec, donde Díez fue consejera entre 2021 y 2023. En ese momento, la denominada fontanera del PSOE trabajaba para Correos tras dejar su puesto como responsable de Comunicación en Enusa, ente público por el que fichó apenas unos meses después de que Fernández se convirtiera en presidente de la SEPI, que posee el 60% de la compañía. El propio Fernández estuvo en nómina de Servinabar entre 2021 y 2023 como director comercial.
Fernández en Servinabar
La Guardia Civil pone el foco en el patrimonio de Fernández. El detenido tiene registrados a su nombre un lujoso chalé en la urbanización de Puerta de Hierro en Madrid, dos chalés en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella, garajes y trasteros. Como avanzó El Debate, la UCO cree que disparó su patrimonio hasta los cinco millones tras su paso por la SEPI.
Pedro Sánchez nombró a Fernández presidente de la SEPI en junio de 2018, nada más llegar a Moncloa, tras ser recomendado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un año después dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, causa de la que salió absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla la semana pasada.
La Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), entidad pública adscrita a la SEPI que entonces presidía Fernández, se hizo en 2018 con el 25% de Cistec. Las fuentes consultadas subrayan que, tras la entrada de capital público, la compañía recibió numerosas subvenciones y contratos públicos.
Como avanzó este diario, en los meses previos a la llegada de Díez como consejera, la firma recibió una inyección de un millón de euros del Gobierno. Cistec es ahora una sociedad privada. Sus responsables niegan cualquier irregularidad y precisan que no recibieron ningún pago mientras la exmilitante socialista ejercía como consejera.