La Audiencia deja en libertad a Leire Díez y al expresidente de la SEPI, pero con cautelares

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado libertad provisional para la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al magistrado la puesta en libertad con medidas cautelares de los tres investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos. Al no haber ninguna otra parte, el juez no ha acordado prisión para ninguno de ellos, aunque les ha impuesto comparecencias en los juzgados y la retirada del pasaporte.

Los detenidos han pasado a disposición judicial a las 10 horas de este sábado, por lo que hasta entonces han dormido en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). Los arrestos de Díez, Fernández y Alonso están relacionados con una operación bajo secreto que ordenó el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Díez ya está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Díez contra la UCO

La exmilitante socialista trabajó para dos entes públicos entre 2018 y febrero del año pasado, la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y Correos, que dependen de la SEPI, que presidió Fernández cuando Díez entró en la primera. Tras su salida de empresa pública en octubre de 2019, Fernández fue contratado por Servinabar, una de las firmas de la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas que investiga el Tribunal Supremo. Una compañía a la que, según los investigadores, podía estar vinculado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Pedro Sánchez nombró a Fernández presidente de la SEPI en junio de 2018, nada más llegar a Moncloa, tras ser recomendado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un año después dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, causa de la que salió absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla la semana pasada.

En el caso de Díez, Zamarriego la considera la líder de un grupo que buscaba información sensible sobre mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado sostiene que la exmilitante socialista lideraba una «actuación delictiva, continuada y coordinada» junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Las pesquisas parten de varias denuncias contra Díez después de que saliera a la luz unos audios donde ofrece favores al empresario Alejandro Hamlym, entonces investigado por la Audiencia Nacional y posteriormente condenado. El documento sonoro, que avanzó El Confidencial, desveló que le brindó un pacto a cambio de información sensible del teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, encargado de las investigaciones sobre la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, del ya ex fiscal general del Estado y del caso Koldo.

El patrimonio de Fernández

Los investigadores sospechan que la trama se dedicaba a trapichear con su influencia en altos niveles del PSOE. Consideran que sus miembros se ofrecían a mediar con diferentes empresas a cambio del cobro de comisiones. La constructora navarra Servinabar servía para canalizar los pagos. El expresidente de la SEPI estuvo contratado en ella tras abandonar en octubre de 2019 el puesto, salpicado por la investigación de la mina de Aznalcóllar, de la que recientemente ha quedado absuelto.

La Guardia Civil pone el foco en el patrimonio de Fernández. El expresidente de la SEPI tiene registrados a su nombre un lujoso chalé en la urbanización de Puerta de Hierro en Madrid, dos chalés en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella, garajes y trasteros. Como avanzó El Debate, la UCO cree que disparó su patrimonio hasta los cinco millones tras su paso por el organismo adscrito al Ministerio de Hacienda.

Los registros de la UCO

La Guardia Civil mantiene activa la operación para desmantelar una supuesta trama de corrupción que confluye en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Solo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) advirtiese de que la trama de los hidrocarburos se había instalado cómodamente en Hacienda y Transición Ecológica, los ministerios dirigidos por María Jesús Montero y Sara Aagesen (antes Teresa Ribera) vuelven a ser señalados. Los agentes acudieron este viernes por la mañana a varios organismos dependientes de estos departamentos, pero también a la sede de Correos y Cofivacasa, otra empresa pública.

La UCO irrumpió este viernes en Correos y varios organismos dependientes de Hacienda (la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) y Transición Ecológica (la Dirección General de Política Energética y Minas). Los agentes requirieron documentación referente al presunto caso de corrupción que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Entre el resto de organismos que visitaron los agentes se encuentran varias direcciones generales dependientes de Transición Ecológica, el departamento que dirigía Ribera, actual comisaria europea. Se trata de las secciones de las que dependen las emisiones de permisos y declaraciones de impacto medioambiental en proyectos de energías renovables como los que están bajo el foco de la UCO. Durante esta semana se han producido otros 19 registros a empresas, entre ellas Forestalia. Se trata de un gigante industrial de las renovables con decenas de proyectos activos y cientos de sociedades vinculadas de las que liquidó 14 solo unas horas antes de que los agentes registraran sus sedes de Zaragoza y Madrid.

Los nuevos requerimientos de información se suman a otros realizados en los últimos días. Esta semana, la UCO acudió a dependencias de la SEPI y varias empresas participadas, como Enusa, Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Los agentes también se personaron en un piso en la madrileña calle Diego de León, donde Díez mantenía reuniones, un despacho de abogados y un bar de Sevilla, y la sede de Servinabar, que ya fue registrada el pasado junio por orden del Tribunal Supremo, que investiga amaños de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas.