La Audiencia deja en libertad a Leire Díez y al expresidente de la SEPI, pero con cautelares
El juez retira el pasaporte y obliga a comparecer cada 15 días a los detenidos, entre los que está el dueño de Servinabar
Leire Díez ha quedado este sábado en libertad, pero con medidas cautelares. Las mismas que ha adoptado el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, con los otros dos detenidos: el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la constructora navarra de la que presuntamente era socio el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El magistrado les retira el pasaporte, les prohibe salir del país y les obliga a comparecer cada 15 días en los juzgados, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al magistrado la puesta en libertad con medidas cautelares de Díez, Fernández y Alonso, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos. Las pesquisas, que se mantienen bajo secreto, se centran en delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Al no haber ninguna otra parte, Piña ha seguido el criterio del Ministerio Público.
Los detenidos han pasado a disposición judicial a las 10 horas de este sábado, por lo que hasta entonces han tenido que dormir en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). Los arrestos de Díez, Fernández y Alonso están relacionados con supuestas irregularidades en contrataciones públicas. Los investigadores sospechan que la trama utilizaba su ascendente en diversos organismos públicos, con epicentro en la SEPI, a cambio de comisiones o para conseguir favores y dádivas.
Díez contra la UCO
La denominada fontanera del PSOE ha abandonado la Audiencia Nacional pasadas las 13.30 horas. Lo ha hecho por su propio pie, cubriéndose el rostro con una capucha y evitando a la prensa. Díez se ha marchado de la zona en taxi sin realizar declaraciones. El encargado de la investigación es el magistrado Piña, aunque la Fiscalía Anticorrupción llevaba meses trabajando en esa línea. Al estar bajo secreto, los detalles que conocemos de la causa son limitados.
Durante la pasada semana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil realizó más de una veintena de registros. Los agentes han acudido a dependencias de la SEPI y varias empresas públicas participadas, como Enusa, Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). También han irrumpido en un piso en la madrileña calle de Diego de León, donde Díez mantenía reuniones; un despacho de abogados y un bar de Sevilla; las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid; y Servinabar.
El viernes, los agentes solicitaron información en Correos y varios organismos dependientes de los ministerios de Hacienda (la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) y Transición Ecológica (la Dirección General de Política Energética y Minas). También accedieron a la empresa pública Cofivacasa, que gestiona la liquidación de sociedades participadas por el Estado o aquellas de las que este se ha hecho cargo en relación con el Plan Nacional Antidrogas. Es decir, las incautadas al narcotráfico.
La exmilitante socialista trabajó para dos entes públicos entre 2018 y febrero del año pasado, Enusa y Correos, que dependen de la SEPI, que presidía Fernández cuando Díez entró en la primera. Tras su salida de empresa pública en octubre de 2019, Fernández fue contratado por Servinabar, una de las firmas de la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas que investiga el Tribunal Supremo.
El patrimonio de Fernández
Pedro Sánchez nombró a Fernández presidente de la SEPI en junio de 2018, nada más llegar a Moncloa, tras ser recomendado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un año después dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, causa de la que salió absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla la semana pasada. Los investigadores tienen en el punto de mira su patrimonio, que alcanzaría los 10 millones de euros.
Díez ya está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la UCO la Fiscalía Anticorrupción.
Las pesquisas parten de varias denuncias contra Díez después de que saliera a la luz unos audios donde ofrece favores al empresario Alejandro Hamlym, entonces investigado por la Audiencia Nacional y posteriormente condenado. El documento sonoro, que avanzó El Confidencial, desveló que le brindó un pacto a cambio de información sensible del teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, encargado de las investigaciones sobre la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, del ya ex fiscal general del Estado y del caso Koldo.