Pánico en la SEPI por los registros de la UCO: «Puede caer cualquiera»

El pánico se ha instalado en el interior de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La detención de su expresidente Vicente Fernández y los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) esta semana en sus dependencias en Madrid, así como en al menos otras cinco empresas participadas, han hecho saltar todas las alarmas entre altos directivos y mandos intermedios de la compañía, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes conocedoras.

El principal temor es que la investigación escale y termine implicando a directivos de la SEPI y que alguno incluso pueda verse enfrentado a responsabilidades judiciales. «Puede caer cualquiera», es la frase que más se repite en estos momentos dentro de la sociedad pública, que agrupa las participaciones empresariales del Estado. El problema es que no hay todavía ninguna claridad respecto de las líneas de investigación, lo que indica que todos sus principales directivos están potencialmente en el punto de mira.

Lo único que ha trascendido de manera oficial es que se investiga la presunta comisión de cuatro delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Un cajón de sastre en el que podrían entrar un sinnúmero de escenarios, como la concesión irregular de contratos públicos, el cobro de comisiones e incluso la venta de patrimonio del Estado. Todo ello en el marco de una presunta organización criminal para cometer estos delitos de forma sistémica. Y lo que es peor, no solo se investiga a la SEPI, sino a sus empresas, incluyendo Correos, la más importante y de mayor facturación.

Cúpula de la SEPI

De momento, se han hecho registros en la mencionada Correos, pero además en Mercasa, Sepides, Enusa y Cofivacasa. En la sociedad pública están convencidos de que podrían estar salpicadas más empresas del holding de las 16 compañías con una participación superior al 51%, lo que las convierte en mayoritarias. No es menor que se registre estas compañías, porque en todas ellas la responsabilidad directa recae en la cúpula directiva de la SEPI, que a su vez depende directamente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

De hecho, todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en señalar el férreo control que el holding tiene sobre sus participadas. Es decir: nada se mueve en estas sociedades sin que lo sepa la cúpula de la SEPI, para bien o para mal. Hay una organización muy rígida con tres directores específicos (con sus respectivos equipos) para hacer el seguimiento de la gestión de sus compañías a través de los departamentos Participadas I, Participadas II y Minoritarias.

A medida que avance la investigación, hay muchas posibilidades de que salgan a la luz vinculaciones en numerosas empresas, tanto dentro de la SEPI como con sus participadas. Tanto como si hay verdaderas responsabilidades como si no, el miedo de muchos mandos medios o altos directivos es terminar salpicados, ya no por estar involucrados realmente, sino simplemente por compartir la gestión y las decisiones durante la época de Fernández.

Bartolomé Lora

Los primeros bajo el foco son quienes formaron parte del equipo de Fernández cuando fue presidente —entre junio de 2018 y octubre de 2019— y todas las miradas se dirigen al todavía vicepresidente Bartolomé Lora. El directivo lleva en el cargo desde septiembre de 2017, por lo que ha estado presente en las cuatro últimas administraciones de la SEPI. Primero, como número dos de Pilar Platero; luego, a las órdenes de Vicente Fernández; durante 18 meses como presidente interino y desde marzo de 2021 como primer escudero de Belén Gualda. Es la correa transmisora de prácticamente una década de la SEPI.

Si se produjo alguna irregularidad en la SEPI en este tiempo, Bartolomé Lora tendría al menos responsabilidad política y subsidiaria en el caso de que se demostrasen delitos económicos. Es más, entre noviembre de 2018 y marzo de 2021 ejerció como presidente interino, lo que eleva su responsabilidad al máximo nivel. Y además lo hizo para aprobar cuatro de los rescates más polémicos del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) durante la pandemia: Plus Ultra, Air Europa, Ávoris y Duro Felguera. La primera de ellas también investigada por el uso que hizo de fondos públicos.

Este diario informó de que Vicente Fernández siguió ejerciendo como presidente en las sombras al menos durante el tiempo que Lora estuvo al mando. Esto implica que las supuestas actividades delictivas que se le podrían imputar al primero incluirían potencialmente no solo su etapa oficial a cargo de la SEPI, sino 18 meses después. Esto podría afectar también a la cúpula del holding durante esta etapa.