La trama de la SEPI cobró comisiones de rescates y contratos que suman 133 millones

La trama de Leire Díez influenció para amañar al menos cinco contratos públicos que los investigadores cifran en 132,9 millones de euros. La fontanera del PSOE, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el dueño de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, presuntamente habrían cobrado elevadas comisiones por mediar con diferentes empresas. El dinero obtenido lo canalizaban al grupo Hirouk a través de la sociedad Mediaciones Martínez para «efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca (…)». Así consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con el que el magistrado Antonio Piña dejó el pasado sábado en libertad a los tres detenidos, aunque con medidas cautelares.

Díez, Fernández y Alonso están acusados de «haber orientado expedientes seguidos en la Administración pública en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública». Así consta en el auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los investigadores sostienen que la trama funcionaba como una especie de «SEPI paralela».

La causa, declarada secreta, investiga una presunta red de corrupción que habría operado entre 2021 y 2023. La trama por la que la semana pasada fueron detenidos Díez, Fernández y el supuesto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tenía proyección en distintos puntos de España y alcanzó distintos niveles de la Administración Pública. «En el contexto de su actividad, se ha podido acreditar que los investigados habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones», señala el auto.

«Una SEPI paralela»

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional les atribuye delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. El auto desvela que Díez y sus aliados habrían «desplegado sus capacidades obteniendo decisiones favorables a sus intereses» en al menos cinco operaciones. Todas ellas, «provenientes de diferentes Administraciones públicas y entidades dependientes de la SEPI». Una entidad que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre del año siguiente, cuando dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Luego trabajó para Servinabar.

La principal operación que realizó la trama fue la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones. «Los indicios recopilados ponen de manifiesto que, por parte del grupo Hiroruk, se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por la sociedad Mediaciones Martínez», revela el auto.

«Las acciones desarrolladas por Hiroruk habrían consistido, según las propias palabras de los investigados, en su intermediación, la cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda», insiste Piña en su escrito. El eje de la investigación sitúa a Fernández como pieza clave de un grupo criminal autodenominado Hirurok (término que en euskera que se traduce como «los tres»). El nombre proviene de un grupo de WhatsApp que integraban los tres investigados.

El modus operandi descrito por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla cómo el grupo habría actuado de forma coordinada para orientar diversos expedientes en la Administración pública en beneficio propio o de terceros. Para ello, se habrían valido de la posición, relaciones y capacidad de influencia de Fernández sobre personas vinculadas a la función pública, muchas de ellas en entidades dependientes de la SEPI que él mismo presidió. De ahí los registros en la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), Correos (Díez trabajó para ambas) y otras empresas controladas por el Estado.

El grupo Hirurok

Una segunda operación, adelantada por este diario, implica ayudas públicas de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), participada por la SEPI, por valor de 17,3 millones a favor de Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia. Los investigadores destacan que «por este otorgamiento se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros». La ayuda se otorgó a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), creado a finales de diciembre de 2020 para combatir los efectos de la pandemia mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Otra de las operaciones destacadas tuvo lugar en Asturias y está relacionada con el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). La trama habría influido en el presidente de la mesa de contratación para adjudicar un contrato de 2,8 millones de euros a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente. Como contraprestación, el grupo Hirurok habría recibió 400.000 euros mediante «operativas complejas diseñadas para encubrir el origen de los fondos y desconectarlos de sus destinatarios finales».

La trama también consiguió la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a Servinabar por importe de 18.120 euros. «Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esa justificación y, por otro, propiciaba un beneficio económico al grupo. Fruto de esta operación, la empresa de Alonso elaboró «un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede».

La Audiencia Nacional también investiga sobrecostes en Enusa. En el marco de una operación con Acciona, la trama habría orquestado la contratación del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes por parte de la empresa que gestiona el Uranio en España. Los investigadores sospechan que se introdujeron sobrecostes del 50% en el contrato. Un dinero que se canalizó hacia la trama, registrándose pagos del despacho de abogados a Mediaciones Martínez por 17.545 euros.

El rastro del dinero: Marbella y Jaca

La mayor parte de los fondos canalizados a través de Mediaciones Martínez se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), activos que se presumen comunes a los tres investigados. El auto detalla beneficios directos para Fernández. La investigación ha acreditado la asignación personal de al menos 49.350 euros a través de transferencias e ingresos en efectivo. Además, se destaca un dato revelador que cierra el círculo de influencias: entre el 1 de junio de 2021 y el 12 de abril de 2023, el expresidente de la SEPI estuvo contratado en Servinabar, la misma empresa utilizada en el fraude de Mercasa, percibiendo un total de 128.092 euros.

Durante la pasada semana, la UCO realizó más de una veintena de registros. Los agentes acudieron a dependencias de la SEPI y varias empresas públicas participadas, como Enusa, Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). También irrumpieron en organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica; en un piso en la madrileña calle de Diego de León, donde Díez mantenía reuniones; un despacho de abogados y un bar de Sevilla; las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid; y Servinabar.