La Audiencia procesa a 'Luis Cryptospain' por estafar 185 millones a tres mil inversores
Calama impone al dueño de Madeira Invest y otros nueve investigados una fianza solidaria de 247 millones
El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'. | Foto: EFE
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al dueño de Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo, y otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a un total de 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. El magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda el procesamiento por delitos masa de estafa y organización criminal, al tiempo que abre una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. La resolución señala que Romillo, conocido con el alias de ‘Luis Cryptospain’, movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo.
Dicha organización estaba integrada por el propio empresario junto a Borja Lara, Alejandro Pérez, Pedro Estanislao Bris, Domingo Romillo, Juan Carlos Romillo, Mihaela Munteanu, David Alcázar, Rosa María de Olivera, Yolanda Nieto, y Juan José Moreno. Todos ellos desempeñaron funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos.
El objeto de la organización criminal, según apunta el auto, consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. A través de dicha web se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u «obras», como las llamaban, se encontraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos.
Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 por ciento, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.
El dueño de Madeira ejercía un control directo sobre las operaciones, coordinando la captación de fondos, la manipulación de la información ofrecida en la plataforma y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización. Como consecuencia de estas actuaciones, 3.062 inversores de MIC resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.
Para conseguir su objetivo, Romillo disponía de diferentes canales de comunicación como TikTok o Yotube a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. Dentro de su estrategia de marketing también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos como el eurodiputado Alvise Pérez, a quien entregó 100.000 euros en mano semanas antes de las elecciones europeas del pasado año.
El juez atribuye a los investigados el delito masa de estafa por cuanto montaron un negocio de tipo piramidal en el que el dinero recaudado a través de la plataforma no se destinaba a la compra del bien al que supuestamente debía dirigirlo, «sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo, es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude». De esta forma, «el comportamiento de Álvaro Romillo Castillo fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria».
El otro delito que el juez atribuye a los investigados, el de organización criminal, se constata en la existencia de un entramado constituido en torno a la figura de Romillo, que lidera la organización y de la que el resto forman parte ejecutando distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento de la escenificación que han puesto en marcha con el fin de acaparar ingentes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener una gran rentabilidad.
En su auto, Calama impone a los diez procesados el pago de una fianza solidaria de 247.349.230 euros con el fin de hacer frente a las posibles responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados. Dicha cantidad resulta de sumar un tercio a la cantidad supuestamente defraudada, tal y como establece la ley. De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento se encuentra en un estado incipiente dadas su mayor complejidad y la necesidad de recurrir a la emisión de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación.
La resolución da cuenta del entramado societario diseñado y dirigido por Romillo con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones. En su auto de procesamiento, el magistrado acuerda mantener en prisión provisional a Romillo por los riesgos de fuga y de reiteración delictiva.